Pedro Demby, uruguayo de 22 años, fue asesinado el 2 de noviembre de 1924 de un disparo en Ciudad Vieja en un enfrentamiento de hinchadas tras el empate entre las selecciones de Uruguay y Argentina por la final del torneo Sudamericano. Casi un siglo después, su muerte sigue impune. Casi un siglo después, desde esta tarde, volverá a rodar la pelota del Campeonato Uruguayo de fútbol, que fuera suspendido por la agresión a un juez de línea tras el partido entre Racing y Peñarol del 16 de marzo.

La violencia ha mutado en el último siglo, pero sigue amenazando a hinchas y trabajadores. En ese marco y días antes del primer clásico oficial del año entre Peñarol y Nacional, que se jugará el viernes 29, políticos proponen nuevas penas a los violentos para sacarlos cuanto antes de los estadios.

El senador nacionalista Sergio Botana plantea una serie de medidas para abordar el problema: que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) genere un registro de los antecedentes violentos dentro de los estadios para sancionar con mayor dureza a quienes reinciden; incorporar nueva tecnología para mejorar el sistema de reconocimiento facial que funciona en el ingreso de algunos escenarios deportivos, puesto que “las tecnologías disponibles a veces permiten que algunos se escapen”; y otras “medidas que compliquen al violento”.

En ese último menú incluye, por ejemplo, el retiro de la licencia de conducir por determinado período; la eliminación de toda transferencia del Estado si existiera, ya sea del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o la pensión del Banco de Previsión Social (BPS); “multas económicas más o menos caras, de acuerdo al ingreso” del sancionado; y el registro del antecedente como falta.

Botana presentará este paquete de medidas en la comisión de Deporte y Juventud del Senado, la que, ante su pedido, citó para el próximo 18 de abril para hablar de estos temas al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y al director nacional de Deportes, Sebastián Bauzá. Además, el senador pretende que también asistan los integrantes de la Comisión Técnica para la Graduación de Inhabilitados de AUF, encargada de elaborar la llamada “lista negra” de quienes tienen impedido el ingreso a los estadios deportivos, y representantes del Ministerio del Interior, de los futbolistas y los árbitros.

“Yo tengo una evaluación positiva de lo hecho hasta ahora. No soy tan crítico. Veo que lo de ‘las listas negras’ ha funcionado, la prohibición de entrada ha funcionado”, dijo Botana, y aclaró que antes de que termine este gobierno, el 1° de marzo de 2025, se pueden instrumentar mejoras en los sistemas de seguridad.

“Yo no quiero resolver ni imponer nada. Quiero crear el ámbito para que resuelva lo que tiene que resolver la gente del deporte, para que el Poder Ejecutivo resuelva lo que le corresponde y ponernos a las órdenes los legisladores para legislar en lo que se deba legislar, como por ejemplo el retiro de la licencia de conducir”, agregó. El senador considera que no es necesario el aval del Congreso de Intendentes para instalar esta pena.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Tras la suspensión del Campeonato Uruguayo por los últimos incidentes mencionados, Interior, AUF y la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) llegaron a un preacuerdo sobre el reforzamiento de medidas de seguridad que permitió que los jueces dejaran sin efecto las medidas gremiales adoptadas y retornaran a las canchas, paso imprescindible para que continúe el torneo. Más allá de estas medidas y de las propuestas por Botana, hay otras en carpeta.

El fiscal de Flagrancia de 9° Turno de Montevideo, Fernando Romano, quien se encarga de las investigaciones sobre situaciones de violencia en el deporte, estima necesaria la creación de una fiscalía especializada en la problemática. El presidente de la AUF le comunicó a Botana que los neutrales comparten esta idea. “Se maneja a nivel de AUF la posibilidad de crear una fiscalía con especialidad en el deporte. Seguramente ellos lo pongan arriba de la mesa cuando concurran a la comisión”, adelantó el senador.

A su vez, el dirigente colorado Julio Luis Sanguinetti, exdiputado, exvicepresidente de UTE y expresidente de la Comisión de Seguridad de Peñarol, entregó en los últimos días al precandidato colorado Andrés Ojeda una propuesta integral para erradicar la violencia de los estadios, la que había presentado durante la pandemia al entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y a Bauzá. Sin embargo, su iniciativa no ha prosperado.

Sanguinetti propone “implementar un modelo integral de concurrencia y acceso” a los estadios que se sustenta en “un sistema de filtros que vayan logrando un efecto disuasivo al ejercicio de la violencia”, como revela el escrito al que accedió El País. Para el abogado y dirigente, “es notoria la subutilización de las inversiones hechas en cámaras y sistemas de identificación, ya que solo se usan para evitar el ingreso de personas que estén en ‘las listas negras’ del deporte”.

“El centro del modelo pasará por la creación de una aplicación informática que creará un Registro de Aficionados en la cual deberá registrarse cualquier persona que quiera concurrir al fútbol. El registro incluirá identificación facial para que se pueda generar un banco de imágenes que pueda ser usado por el sistema operativo instalado en los escenarios. El sistema le emitirá un certificado de registro que puede ser en formato QR (...) y sin el cual no se podrá comprar la entrada”, propone Sanguinetti, entre otras medidas, como penas para quienes presentan “umbrales altos de descontrol” vinculados al consumo de drogas y alcohol.

Foto: Leonardo Mainé