ANÁLISIS
Preocupa el proyecto para que mayores de 65 tengan prisión domiciliaria. Para el comité de la ONU, el necesario que el Estado uruguayo "adopte determinadas medidas de investigación proactiva".
Este martes el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (OACNUDH) presentó los resultados de su revisión sobre la legislación, investigación y búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Uruguay. La principal recomendación, como "hoja de ruta" fue la de reforzar "la investigación y sanción de los responsables de desapariciones forzadas entre 1968 y 1985 y que se garantice derecho de reparación íntegra a las víctimas", explicó Juan José López Ortega, integrante del comité.
López Ortega habló con preocupación del proyecto que evalúa laprisión domiciliaria para mayores de 65 años. Según el análisis del comité, "buena parte o todos los responsables (de las desapariciones entre los años citados) quedarían en situación de casi total impunidad".
Para el comité de la ONU, el necesario que el Estado uruguayo "adopte determinadas medidas de investigación proactiva para acceder a información de archivos de aquella época".
Entre las medidas recomendadas está "reforzar la búsqueda e investigación de personas desaparecidas; que se agilicen causas judiciales en curso y que responsables de desapariciones sean juzgados y sancionados con penas adecuadas a la gravedad de sus acciones".
Con el fin de que estas medidas proactivas puedan llevarse a cabo, el comité de la ONU recomienda "que se sustancien y redoblen esfuerzos y garantías para que autoridades encargadas de investigación y búsqueda cuenten con los recursos económicos y personal suficiente" para hacerlo.
Además, López Ortega señaló la necesidad de que se establezca una política educativa de la memoria, principalmente al período comprendido entre 1968 y 1985.
Enterado de lareciente vandalización del Memorial de detenidos desaparecidos en Montevideo, el comité solicitó "que se investiguen estos actos y se sancionen enérgicamente".
El presentado este martes fue un seguimiento de recomendaciones que se dieron en 2013. Según detalló Carmen Rosa Villa Quintana, representante de la Oficina Regional para América Latina de OACNUDH, la esperanza de este informe es que Uruguay "pueda avanzar en implementación de las recomendaciones", con el "compromiso de luchar contra la impunidad por este grave crimen".