SOSTIENE QUE NO SABÍA

El Ministerio del Interior ordenó ayer una investigación administrativa de urgencia, luego de que desde Presidencia advirtieran queLuis Lacalle Pou no fue notificado de que el exjefe de su seguridad, Alejandro Astesiano, había sido procesado en 2002 y 2013 por estafa. Según señalaron fuentes de Torre Ejecutiva a El País, el mandatario recibió en marzo de 2020 y en setiembre de 2021 planillas en las que no figuraban estos delitos.

“Se trató de un engaño, se modificó la información”, sostuvo la fuente cercana al presidente de la República.

En uno de esos documentos, el del año 2021, al que accedió El País, sí se advierte sobre una requisitoria en 2011 de la Jefatura de Policía de Montevideo, otras dos del Ministerio del Interioren 2012, otro caso de 2013 en el que Astesiano fue indagado por estafa y otra situación por la que fue indagado en 2014 (de la que no figuran detalles). En tanto, en 2015 declaró como testigo por un hurto, en 2017 fue indagado en un caso de “averiguación de paradero” y lo mismo pasó en 2018. En 2021, ya durante la gestión del actual gobierno, declaró dos veces como testigo, en la documentación se aclara que fue por un accidente de tránsito.

En otro documento, que le fue enviado al mandatario el lunes pasado y lleva la fecha de ese día, y al que también accedió El País, sí aparece el antecedente por estafa de Astesiano. Desde Presidencia añadieron que “obviamente se ocultó información”.

E insistieron: “Esto fue así, porque obviamente también se le preguntó (a Astesiano) cuando surgieron todas estas anotaciones, y él aseguró que no tenía ningún antecedente. Es evidente que hay una maniobra con el manejo de los datos”.

Astesiano estuvo preso en la cárcel Las Rosas (Maldonado) por un delito continuado de estafa en 2013, como informó La Diaria y confirmó El País con fuentes cercanas al caso ayer. El excustodio presidencial fue procesado con prisión y un año más tarde se produjo la condena definitiva.

En tanto, como informó El País días atrás con base en su legajo, en abril de 2002 Astesiano también había sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión.

Cancillería y el Ministerio del Interior no llevarán a cabo por ahora investigaciones administrativas por el caso puntual del custodio, en lo que respecta a la adulteración de documentos y a la participación de funcionarios en las maniobras. Tampoco lo hará Presidencia.

Desde ambas carteras se señaló a El País que “por ahora” no habrá investigaciones a nivel interno, sino que se esperará por el accionar de la fiscal Gabriela Fossati que, durante la indagatoria al exjefe de la seguridad del primer mandatario, dijo que estaba “en proceso de profundizar en la investigación de las irregularidades”.

El canciller Francisco Bustillo se enteró de lo que sucedía en Uruguay cuando estaba participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, desde que la situación de Astesiano se hizo pública el lunes pasado, el ministro del Exterior ha estado en contacto permanentemente con sus más fieles colaboradores. Cancillería, dijeron las fuentes a El País, está dispuesta a entregar a Fiscalía toda la información que le sea requerida. Lo mismo el Ministerio del Interior, aunque hasta ayer a la noche no recibió ningún requerimiento.

En la indagatoria la fiscal leyó mensajes de Astesiano con el escribano Álvaro Fernández, que validaba los documentos apócrifos, en los que reconocía tener “contactos” en un “organismo especialmente estratégico”. En un momento, incluso, se nombra a la Cancillería.

En otro pasaje, Fossati dice que el custodio tenía “contactos en oficinas, posiblemente públicas”, y con funcionarios que “trabajarían desde su domicilio”. Y en otro, leyó un mensaje de Astesiano que señalaba: “Fuimos a la casa del otro, donde tienen la computadora con la que trabajaban cuando estaban en pandemia”.

El escribano, en tanto, dijo que se realizaban “operaciones similares”, según se señala en la indagatoria, en el consulado de Uruguay en Rusia, por eso Fossati avisó que se “está en proceso de profundizar en la investigación” sobre estas irregularidades.

Desde Presidencia señalaron ayer a El País que “se dejará actuar a la Justicia”, en referencia a que no se ordenará una investigación a nivel interno. El custodio coordinaba encuentros en su despacho del piso 4 de la Torre Ejecutiva; incluso, en una oportunidad “se reunió allí con otros dos miembros de la banda”, ahora imputados, según se señalaba en el pedido de formalización.

Cancillería e Interior sí abrieron investigaciones administrativas por el caso del narcotraficante Sebastián Marset, y también se puso en la mira a la Dirección de Identificación Civil por apurar el trámite del pasaporte para el delincuente.