Por Joaquín Silva
Habían pasado poco más de 24 horas de la detención del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente de la República estaba a punto de dar una nueva rueda de prensa en la que sabía que ese sería el tema casi exclusivo de las preguntas.

Luis Lacalle Pou estaba visitando Fray Bentos (Río Negro), ya había inaugurado una policlínica de ASSE y las ampliaciones de la sede de la UTEC que está en el departamento, y se dirigía a la terminal portuaria en donde daría las segundas declaraciones -de varias y durante largos meses- sobre este polémico caso, cuando fue interceptado por un grupo de vecinos.

El asunto, lejos de ser el tema que ocupaba titulares, era un reclamo que ya conocía y al que igualmente le dedicó varios minutos. Era el 27 de setiembre del año pasado, y quien le hablaba era Rosemarie Rosas. La mujer le recordó que, tras la última reunión que habían tenido con él en abril, no había novedades acerca de la problemática del grupo que representaba: las 23.000 familias que arrastran desde hace décadas deudas con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y que en varios casos ya no pueden afrontar.

El presidente les contestó que se estaba trabajando en una solución -que no sería perfecta porque no se podía incluir a todos los deudores- y meses después, en el discurso de rendición de cuentas que dio en el Parlamento (ver aparte), afirmó que esa solución estaba próxima a llegar.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo -que junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabajaba en la búsqueda de un diseño financieramente viable- se encontró ahora con un escollo que hará demorar, al menos, “dos meses” más en dar respuesta a este conflicto.

¿Cuál es el problema? No se trata de algo nuevo para los entendidos, sino de una situación arrastrada desde la reestructura que sufrió la entidad en 2008: la documentación con “la evolución” de la “historia crediticia” de los deudores no está sistematizada en el programa informático del banco, y esto complica a la hora de calcular el costo y el impacto que tendrían las eventuales medidas de refinanciamiento.

“La información la tenemos, pero no la evolución de cada uno. Es decir, tenemos el resultado final del crédito y no las vicisitudes o aspectos intermedios que hayan ocurrido antes del año 2008 y que dieron lugar al resultado final”, explicó la presidenta del BHU, Casilda Echevarría.

En declaraciones que también hizo a El País, el senador blanco Sergio Botana -uno de los legisladores más activos en encontrar solución a este te-ma- había indicado ayer que esta situación era la que postergaba la posibilidad de resolver este tema y que era “vergonzoso que algo que se diga banco haya pasado quince años sin actualizar su información”.

La jerarca respondió en Twitter que el BHU era “sólido” y luego -a El País- que no pensaba discutir a “un nivel más bajo” que el suyo.

Pero en lo que respecta a la demora -comunicada por autoridades del MEF a Botana y el senador nacionalista Carlos Camy en una reunión de hace pocos días-, la presidenta del BHU reconoció que “por supuesto” que puede haberla “si ellos quieren hacer sus cálculos”. “Es una información que está en carpetas pero que igual es irrelevante -continuó- porque esos datos ya fueron tomados e incorporados al sistema como resultado final de los créditos. Pero no hay ningún desorden ni nada”.

Botana, en tanto, ratificó sus dichos y agregó que “no puede haber un banco serio que no tenga información de su patrimonio en forma sistematizada desde antes de 2008”, y que pese a que hará hasta lo “imposible” para aprobar la ley (ver recuadro), “el MEF ahora no puede hacer las simulaciones necesarias por culpa del BHU que no tiene esa información”. Añadió también que esto no es “solo responsabilidad de Echevarría sino también de los que lo han dirigido antes”.

El asunto tampoco sorprendió a Rosas. Recordó a El País que enfrentaron el mismo muro al menos en dos oportunidades en los últimos años. Una vez fue en 2017, cuando cerca de 500 deudores organizados fueron a sus respectivas sucursales a pedir esos mismos datos y la respuesta fue exactamente la misma. Y esto se repitió un año después, cuando tramitaron un pedido de acceso a la información pública. “En ese momento nos respondieron que la información no estaba desagregada, que era de difícil acceso e incluso que no estaba completa”, aseguró.

Como sea, en el oficialismo hay optimismo en que, más allá de estas complicaciones, se dará una respuesta a los damnificados. El senador colorado Germán Coutinho es uno de ellos, aunque manifestó su disconformidad con la actuación de Echevarría en todo este asunto. “Lamentablemente ella nunca mostró voluntad para solucionar esto como sí mostró el propio presidente. Pero confío en que igualmente se va a llegar a una solución para gente que no pide que se le regale nada y que son mal llamados deudores porque en realidad han pagado lo que debían”, concluyó el legislador.

La problemática que afrontan más de 20.000 familias uruguayas fue detectada por Luis Lacalle Pou ya hace varios años y, por tanto, fue parte de sus promesas de campaña. El primer mandatario lo recordó en el discurso de rendición de cuentas que dio el 2 de marzo ante la Asamblea General.

Allí aseguró que él había asumido un concreto “compromiso electoral” y reconoció que era un reclamo que todavía persistía. “Es cierto cuando algunos deudores me cruzan por ahí y me dicen que no hemos encontrado la solución”, dijo el presidente ante los legisladores.

Sin embargo, Lacalle Pou adelantó allí que se sentía optimista en poder solucionar el problema a la brevedad. “El paso del tiempo -indicó- solo ha sido para tener una solución. En las próximas semanas vamos a tener noticias formales al respecto”.

Pero que ante el nuevo panorama ya no se trate de una cuestión de “semanas” sino de “meses” implica una nueva desilusión para los afectados, lamentó Rosamarie Rosas en diálogo con El País.

“Es horrible porque cada vez que vemos que estamos por llegar a la orilla surge otro motivo para que esto se siga prorrogando”, criticó quien ha sumido el rol de vocera del colectivo de los damnificados.