ESTE JUEVES

El presidente Luis Lacalle Pou esperó al líder de Cabildo Abierto con el veto al proyecto de ley forestal pronto e impreso. Se lo entregó en mano para que pueda leer las argumentaciones de su decisión, que ya había sido advertida un año atrás, y que esta semana volvió a confirmar, antes que el senado sancionase el proyecto, en la tarde del miércoles. Lo hizo en una conferencia de prensa luego de su retorno a Uruguay desde Catar.

En el texto el Poder Ejecutivo indica que la norma se observa “por razones de juridicidad, así como por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Entre los argumentos que se esgrimen para el veto está la consideración de que “el Poder Ejecutivo tiene a su cargo el cometido esencial de fijar y conducir las políticas sectoriales, lo que comprende la competencia en el diseño y ejecución de la política en materia forestal, tanto a nivel de producción como de industrialización”.

"El Poder Ejecutivo entiende que la promulgación de la Ley a consideración apareja una afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional y constituye una norma que contrasta con las normas y principios constitucionales que se detallaran y que algunos fueran recogidos en la Ley Forestal N° 15.939 que, además, es una ley de fomento por oposición a la que se veta a través del presente", argumenta el documento enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General.

El documento agrega que “el texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”.

“La libertad económica se ha entendido como un derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad, y en sociedades económicamente libres, y sin perjuicio de las diferentes regulaciones, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes circulen libremente, y se abstienen de toda coerción o restricción de esa libertad, más allá de lo necesario para proteger y mantener la misma. La libertad económica abarcaría todas las libertades y derechos de producción, distribución o consumo de bienes y servicios”, indica.

Según la argumentación esgrimida por el gobierno, la ley forestal aprobada este miércoles con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, afecta la libertad de producción. “En efecto, con la aprobación del Proyecto de Ley que se observa, los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes ya que el contenido normativo del Proyecto de referencia determinaría limitaciones a los derechos y libertades indicados”.

“Del trámite parlamentario no surgen las razones de interés general que se pretenden proteger”, agrega.

Además, señala que con el decreto dado a conocer el pasado martes, se “revela que el Estado dispone de otros medios menos restrictivos para regular la actividad forestal sin perturbarla ni interferir arbitrariamente en dicha actividad económica y en las libertades implicadas”.

“Por otro lado, es de destacar que el Proyecto de Ley aprobado, no sólo generaría graves perjuicios económicos, sino que afecta la seguridad jurídica, principio fundamental, imprescindible para mantener el desarrollo económico, los procesos de inversión y el prestigio internacional del país conquistado históricamente. Un cambio del régimen aplicable en un área específica del Derecho, podría afectar la estabilidad de situaciones jurídicas ya consolidadas o en proceso de consolidación. Este aspecto cobra especial relevancia en materia forestal en el que existen tratados de promoción y protección de inversiones”, señala el documento.

También indica el texto que “una prohibición o restricción, ya sea en el porcentaje de área destinado a la forestación, así como una limitación temporal a dicha actividad, podría eventualmente afectar derechos adquiridos”.

El texto refiere a la “estabilidad jurídica de los contratos” y recuerda que cuando se firman se establecen cláusulas que indican que si “hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de Inversiones para compensar por esta vía los eventuales perjuicios”.