Por Fabián Cambiaso
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió oficialmente este martes elnuevo proyecto de regulación del instituto de prisión domiciliaria. Se trata de una iniciativa elaborada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que viene a constituirse en una alternativa a la presentada a inicios de esta legislatura por la bancada de Cabildo Abierto, fuertemente cuestionada bajo el argumento de que fue redactada directamente para beneficiar a un grupo de militares y policías condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

De aprobarse, al momento de su vigencia y dado el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, todas las personas que estén presas y que reúnan las condiciones establecidas en el proyecto podrían pasar a cumplir su pena en su domicilio. ¿Cuántas personas serían? Es un dato del que a nivel parlamentario se carece.

Así se lo dijo a El País la senadora Asiaín, que anunció que efectuará un pedido de informes a los efectos de conocer esos datos. Se trata de una de las interrogantes que habían surgido en la comisión en donde la discusión, de todas formas, pasa por el momento por un factor más político.

El proyecto de Asiaín deja fuera en forma específica los delitos de lesa humanidad -vigentes en Uruguay desde 2006- genocidio o guerra. También los casos de narcotráfico y todo lo que implique la prisión domiciliaria suponga algún peligro para las víctimas o para la sociedad: violencia de género y delitos sexuales, o toda vez que el victimario deba convivir con la víctima en su domicilio.

La discusión se genera ya que el Frente Amplio insiste en saber qué les pasará a los implicados en una serie de delitos gravísimos, que el proyecto no prevé como excepciones lo que, a juicio de la oposición, terminará por seguir beneficiando a un grupo determinado de personas. Por ejemplo, homicidio, tortura o secuestro.

El senador frenteamplista Charles Carrera sacó a relucir este martes en la comisión la situación de las 28 personas presas en la cárcel de Domingo Arena, todas vinculadas a delitos relacionados con el pasado reciente. Citó el caso de Rodolfo Álvarez, sobrino del exdictador, encarcelado por encubrimiento y privación de libertad. También el de Jorge "Pajarito" Silveira, procesado por 28 delitos de homicidio. Lo mismo que José Sande Lima, Ernesto Soca o Ricardo Medina. Allí está también un civil, Miguel Sofía, procesado por asociación para delinquir y como coautor de homicidio.

Carrera le preguntó a Asiaín en qué situación quedarían estar personas de aprobar el proyecto que propone, ya que ninguno de los delitos por los que fueron encarcelados está previsto como excepción para pedir la prisión domiciliaria.

Al respecto, Asiaín sostuvo que todo dependerá que el juez califique este tipo de conductas como delitos de lesa humanidad y determinar caso a caso. Además, recordó que en los menores de 70 años la prisión domiciliaria no será preceptiva. La senadora cuestionó que su colega del Frente Amplio haya señalado lo que el proyecto justamente pretendió evitar: pensar y fijarse a quién se iba a beneficiar o perjudicar "con nombre y apellido". La legisladora nacionalista recordó que hoy la justicia puede disponer la prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena. Así hizo, dijo, durante anteriores gobiernos.

Por su lado el cabildante Guillermo Domenech insistió en la postura de su partido en cuanto a la crítica del accionar de la Justicia en los casos vinculados al terrorismo de Estado y, muy a su pesar según dijo, aceptó ingresar en la discusión de un tema tan "doloroso".

"¿No perdonamos a los asesinos de Pascasio Báez, a los de Jaime Oroza o a los de Hilda Quirino ?", se preguntó. "Puedo hacer una larga lista de asesinatos". Domenech dijo desconocer a los presos de Domingo Arena, ni saber en detalle sus causas judiciales, pero se preguntó si fueron objeto "de una justicia que realmente merezca llamarse así". Señaló además que fueron enviados a combatir a una guerrilla "y ahora los estamos sancionando", al recordar que el fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad, "reconoció" que ha formalizado muchos casos basado en "meros" indicios. "Esta gente ha vivido 30 o 40 años en la sociedad sin cometer ningún delito", dijo. "Si efectivamente cometieron esos delitos".

Domenech insistió. "Tengo muchas dudas en esa justicia. Creo que más que justicia es venganza, por la forma en que se ha tramitado modificando hasta el sistema penal", agregó. Al respecto, señaló que la puesta en vigencia en 2017 del Código del Proceso Penal, que trasladó el "eje" a Fiscalía, "no fue una simple coincidencia".

Además, recordó que la sociedad supo perdonar en su momento a quienes cometieron "crímenes horrorosos". "Como estoy en una edad en que supero los 70 años, sé bien lo que significaría la prisión en un establecimiento de detención para una persona de esa edad", dijo. "Sobre todo, en los que tiene Uruguay".

Para el frenteamplista José Carlos Mahía, lo del senador cabildante pretendía hacer foco nuevamente en la "teoría de los dos demonios", que en personal rechaza. Mahía recordó allí el caso del Vladímir Roslik, muerto bajo tortura en un cuartel militar en 1984. "No puso una bomba en ningún lado y no llevó adelante ninguna acción armada", remarcó. También aludió a muchas otras personas que, en la misma condición, fueron detenidas y apremiadas durante la dictadura.

"A las víctimas no les importa de dónde vino el balazo o quién hizo la tortura, son víctimas igual", terció Graciela Bianchi (Partido Nacional). La senadora remarcó que el proyecto no trata de proteger a los presos de Domingo Arena. "Gavazzo, Cordero y un montón más murieron en prisión domiciliaria bajo gobiernos de izquierda", recordó.

Al presentar el proyecto a sus colegas Asiaín señaló que su propuesta abarca otras situaciones que la propuesta de Cabildo Abierto no consideraba. En especial, algunos aspectos de "especial vulnerabilidad", haciendo además abstracción de situaciones concretas y pensar, "en algo así como un terreno virgen", cuáles serían los supuestos en los que una prisión domiciliaria estaría justificada. Así, dijo, siguiendo las recomendaciones de las cátedras de derecho penal y procesal que llegaron al Parlamento el año pasado a opinar sobre el proyecto de Cabildo, fue que buscó una "regulación general y abstracta".

Su proyecto implica que la Justicia podrá disponer la prisión domiciliaria cuando el imputado padezca graves problemas de salud o cuando padezca una discapacidad que haga incompatible su permanencia en un centro de reclusión. También en los casos de embarazadas con riesgo para su salud en su gestación, cuando se trate de una madre al cuidado de su hijo en lactancia activa, o cuando sea una madre de un niño mayor de cinco años y menor de diez que padezca una grave problema de salud o discapacidad y no contara con otra personas que se hiciera cargo de él. Todos estos casos deberán fundarse en informes de médicos, psicológicos y sociales.

En los casos de presos mayores de 70 años de edad, ,el otorgamiento de la prisión domiciliaria podrá de ser de oficio y sin ningún otro trámite. Los reincidentes quedarían fuera del beneficio.