DIVULGACIÓN DE DATOS
La institución afirmó que la publicación de datos personales desde el gobierno "no aporta" al tema de discusión.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) criticó la decisión del Ministerio del Interior de divulgar los antecedentes penales de una de las personas involucradas en el incidente entre el ministro Eduardo Bonomi y trabajadores tabacaleros. Además, recordó lo sucedido en el caso del colono Gabriel Arrieta.
En un comunicado publicado hoy, la Inddhh manifestó su "más profunda preocupación ante la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo" que habían sido revisadas en un caso similar.
Esto sucedió en febrero, luego de que en el portal de Presidencia de la República se publicaran datos personales y deudas que el colono Gabriel Arrieta mantenía con el Estado. La publicación se realizó días después de que Arrieta llamara "mentiroso" al presidente Tabaré Vázquez en medio de una discusión pública.
En esa ocasión, la Inddhh analizó el tema y resolvió recomendar a Presidencia que quite de su página web la publicación, ya que el Poder Ejecutivo había "difundido información de carácter público de forma no adecuada" que podía "ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de información y expresión y al derecho a la protesta pacífica".
En esa ocasión, Presidencia acató la recomendación y Arrieta demandó al Estado por US$ 50.000.
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En el caso del comunicado del Ministerio del Interior en el que se divulgan los antecedentes penales de Mario Barcelos, uno de los dos trabajadores tabacaleros que fueron detenidos tras el incidente con Bonomi, la Innddhh manifestó que "la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto".
Asimismo, expresó que se debe "atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto a el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos".
"En este caso, como en el analizado en la resolución antes citada, el contenido del comunicado ministerial no 'cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (u2026.)'", concluye la institución.
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Dos días atrás, la Inddhh había manifestado que en el incidente con Bonomi, la libertad de expresión de los tabacaleros se afectó de forma "ilegítima", ya que se debe garantizar la seguridad y la convivencia pero "en ningún caso puede incluir la detención" de manifestantes.