"En las próximas semanas". Ese fue el plazo anunciado el pasado 2 de marzo por el presidente Luis Lacalle Pou con respecto a la llegada de la solución a un viejo problema que, recordó, fue un compromiso asumido durante la campaña electoral. El presidente hablaba de una solución para los deudores ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) o, como ellos se definen, los "rehenes de la unidad reajustable".

En el discurso que dio ese día ante la Asamblea General el mandatario admitió que la solución se ha dilatado en el tiempo, pero justificó las demoras en función de la necesidad de encontrar una fórmula "mejor y más abarcativa". Pero, más allá de lo señalado por el presidente, la concreción de esa promesa seguirá dilatándose.

En esta demora influye una complicación que se le presenta al Ministerio de Economía y Finanzas, que está a cargo de diseñar esa solución, pero no puede calcular los costos que supondría. La razón: el Banco Hipotecario no tiene sistematizada la información correspondiente anterior a 2008. Así se lo dijo a El País el senador nacionalista Sergio Botana, autor de uno de los varios proyectos de ley que procuraron una fórmula de salida. Así, la presentación de la solución se diferirá, al menos, por dos meses más. Ese es el tiempo que el banco calcula que le insumirá incorporar al sistema la información faltante.

La situación fue revelada por Economía en la última reunión que Botana, junto a su colega Carlos Camy, mantuvieron con el director de la Unidad de Gestión de Deuda del ministerio, Herman Kamill. “Parece mentira, es de no creer”, apuntó el legislador, que habló de una “falta de organización gravísima” en la entidad hipotecaria. “Estamos trancados por la irresponsabilidad del banco”, señaló Botana, que insistió en sus críticas al BHU, “una institución que se dice banco y que reclama tratamiento como tal y que, además da cátedra de gestión”, ironizó.

El senador se preguntó en ese sentido de qué manera las autoridades del banco toman las decisiones y cómo -ante esa falta de sistematización- lo hace en base a un patrimonio que dicen tener. "Es vergonzoso que algo que se diga banco haya pasado quince años sin actualizar su información", agregó.

Las autoridades del banco han rechazado hasta ahora los tres proyectos de ley que han sido presentados con el fin de encontrar una solución al problema. Al de Camy y Botana se le suma el del senador colorado Germán Coutinho y otro presentado por los senadores de Cabildo Abierto.

A mediados del año pasado la presidenta de la institución, Casilda Echeverría, había alertado de que, si cualquiera de esas iniciativas llegaba a prosperar, el banco no podría otorgar nuevos préstamos por lo menos en los siguientes dos años. "El banco se financia en gran medida con lo que devuelven los deudores", había dicho. "Si no lo hacen, tengo menos dinero para entregar".

La situación afecta a unas 23 mil familias. De ese total, unas 7 mil mantienen deudas ante el Banco Hipotecario y el resto ante la Agencia Nacional de Vivienda. Se trata de personas que dicen haber sido perjudicadas debido a la forma de ajuste de la unidad reajustable, medida en la que tomaron sus deudas y cuya evolución, afirman, en muchos casos les hizo pagar su casa varias veces.

Tras el anuncio de Lacalle Pou un grupo de deudores comparecieron ante el Parlamento ante la posibilidad de que comience a solucionarse la "penosa situación" planteada por la "mochila" que, afirman, cargan desde hace muchos años. Los datos que se manejaron ante la Comisión de Vivienda del Senado el pasado 14 marzo indican que la solución pasaría por varios factores. Uno de ellos sería que las deudas no podrán exceder los 40 años, Es decir, si la hipoteca cumplió ese tiempo la deuda quedaría saldada. Si se trata de un plazo menor, el deudor debería cancelar lo que le falta para llegar a esos 40 años. Las deudas además serían pesificadas. Además, habría una rebaja de los intereses.

El monto destinado al pago de los créditos hipotecarios no podrá superar además el 25% del salario de cada deudor o familia.