SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En diciembre de 2020 una adolescente de 14 años falleció una semana después de haberse realizado una interrupción voluntaria del embarazo en el departamento de Treinta y Tres. ¿Qué pasó? ¿Fallaron los controles sanitarios? ¿No se está aplicando correctamente la ley?

La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) acudió ayer al Parlamento y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para buscar respuestas a algunas de esas preguntas.

La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, fue citada por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y horas más tarde fue que mantuvo una reunión con el directorio de ASSE.

“En el Parlamento sin duda hay que revisar la ley bajo la advertencia de que no es para reabrir el debate. Lo que queremos es que avancemos en lo que ya se ha logrado y atendamos señales de alerta como esta para que no queden impunes”, dijo la directora de la organización.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en el año 2012, pero según Mujeres y Salud Uruguay, la ley debe estar acompañada de una serie de tareas que lleven “al cambio cultural”, y es allí donde “falta hacer un enorme trabajo que también tiene que tener responsabilidad institucional”.

En este sentido, en cuanto a la posibilidad de revisar la ley, Abracinskas aseguró que se propuso a la Comisión de Diputados “la total disponibilidad para armar un equipo de trabajo” para discutir el porqué de la ley vigente.

Principalmente lo que MYSU reclama es que la población adolescente esté contemplada en la normativa y más acompañada en lo que refiere a salud sexual y reproductiva. Además, la organización propuso discutir “las restricciones de la ley” porque estas “dejan a mucha gente” sin acceso a un aborto legal, como ser las inmigrantes, que “quedan por fuera del servicio hasta que no cumplen con un año de residencia en el país”.

El pasado viernes las autoridades de ASSE advirtieron que se inició una investigación administrativa que “resultó en la suspensión preventiva, y retención de la mitad de los haberes” a cuatro médicos del hospital de Treinta y Tres (dos ginecólogos y dos médicos generales) que estaban de guardia en el momento en el que la joven ingresó al centro. Además, informaron que se cesó el vínculo de estos con la Comisión de Apoyo de ASSE.