En el programa de gobierno del Frente Amplio hay una serie de conceptos generales sobre seguridad, como “habilitar un ámbito de diálogo” sobre el tema, “asumir la prevención del delito desde una perspectiva interinstitucional”, o la propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo esto deberá pasar por el tamiz de sus cuatro precandidatos, que por estos días afinan sus propios énfasis.

Yamandú Orsi ya adelantó a mediados del año pasado que “es clave que el Estado no pierda espacios”, como “barrios, cárceles, rutas, fronteras, mar territorial”. Es algo muy similar a lo que propuso Carolina Cosse en entrevista con El País en diciembre, al hablar sobre cómo combatir al narcotráfico: “No hay forma de enfrentar ese fenómeno con un Estado en retirada. Yo planteo una articulación fuerte y una presencia territorial muy importante”.

Mario Bergara, por su lado, ha propuesto últimamente generar “un diálogo social e interpartidario para frenar la penetración del narco”, ya que es un tema que a su criterio debería ser política de Estado.

Y el cuarto precandidato, Andrés Lima, entiende que debe mejorarse la videovigilancia en todos lados, aumentar el despliegue policial y mejorar el presupuesto del Poder Policial, entre otras medidas.

Como coordinador de este tema en el programa frenteamplista, está el senador suplente Diego Olivera Soto.

Los precandidatos del Partido Nacional coinciden en la necesidad de profundizar el combate al narcotráfico.

En el equipo de Álvaro Delgado ya saben que una clave en este sentido es encontrar “las conexiones financieras” de los narcotraficantes en Uruguay y “potenciar el trabajo de inteligencia”, indicaron fuentes políticas. Delgado, por el momento, trabaja con dos referentes en el área: el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el exdirector general de Secretaría de esta cartera, Luis Calabria.

Laura Raffo, por su parte, tiene hoy el asesoramiento en esta materia de los senadores Daniel Camy y Luis Alberto Heber (exministro del Interior), además de la exfiscal Gabriela Fossati y el director de Convivencia de la cartera de seguridad, Matías Terra. Su agrupación, Sumar, es el promotor del plebiscito que busca que la Constitución habilite los allanamientos nocturnos. Pero además, en ideas que pronto incluirán en su programa, proponen que la Policía sume 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa Nacional para reforzar la Guardia Republicana, así como incidir en la “demanda” del mercado de drogas con “líderes comunitarios” que ingresen a los barrios y desactiven conflictos, entre otras medidas.

Jorge Gandini, quien mantiene en reserva a sus asesores, también ha propuesto integrar personal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Las propuestas de los colorados para combatir la inseguridad son variadas, debido al amplio menú de opciones (seis precandidatos) que ofrecerán en las internas de junio.

Robert Silva, quien tiene como referente en la materia a Diego Sanjurjo (asesor del Ministerio del Interior) plantea desde eliminar la selección directa de las autoridades policiales tanto a nivel nacional como departamental para instaurar los concursos y priorizar la “selección técnica” hasta reforzar el combate al lavado de activos.

Gabriel Gurméndez, asesorado por el penalista Jorge Barrera, propone quitar las cárceles de la órbita de Interior, apoyar los allanamientos nocturnos y “descentralizar la gestión” sobre adicciones. Gustavo Zubía escucha las recomendaciones de Enrique Navas (exdirector de cárceles) y entre sus propuestas insiste en instalar un triunvirato en la Fiscalía, declarar la emergencia en seguridad y penalizar las filtraciones de información del Ministerio Público.

Tabaré Viera, asesorado por un extenso equipo, propone crear un sistema nacional de recuperación de adictos e intensificar el combate al narcotráfico.

Andrés Ojeda busca que el sistema político consensúe las medidas a implementar.

Y Guzmán Acosta y Lara propone mejorar las cárceles y fortalecer la tecnología de la Policía.

Con un candidato único como será Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto se encuentra abocado a la conformación de su programa de gobierno, pero en materia de seguridad, que es un asunto que a este partido le ha interesado especialmente, ya tienen algunos conceptos definidos.

Como informó El País días atrás, Cabildo Abierto propondrá medidas relacionadas al combate ya no solo al narcotráfico sino también al “crimen organizado transnacional”.

Quien los asesora sobre estos temas es el comisario mayor retirado Jorge Gómez Arbiza, quien marcó la necesidad de establecer “pautas defensivas preventivas”, algunas de las cuales ya podrían aplicarse.

Lo que se propone, ante un diagnóstico que apunta a un avance de la delincuencia internacional, es generar un “blindaje” para proteger al país que vaya más allá de los gobiernos de turno.

Entre otras cosas, los cabildantes visualizan que es necesario implantar un ambiente “hostil” que conspire contra el desarrollo de las actividades delictivas en Uruguay. Por ejemplo, dijo Gómez, impidiendo que los ciudadanos puedan realizar el trayecto desde Rivera a Montevideo sin que sean detenidos por controles policiales para exigir documentación.

Asimismo, en Cabildo Abierto entienden que las autoridades en la frontera deberían ser más rigurosas en el control de quienes ingresan al país.