Redacción El País
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial lleva adelante una investigación administrativa para conocer si hubo responsabilidades y eventuales apartamientos a la norma en la adjudicación de ciertos apartamentos durante la gestión de Irene Moreira. Ya se venció el plazo inicial de 60 días corridos, por lo que se solicitó una prórroga del tiempo límite para la entrega del informe final, dijeron a El País fuentes de la cartera.

La investigación administrativa la pidió el nuevo ministro Raúl Lozano, quien asumió después de que el presidente Luis Lacalle Pou le solicitara la renuncia a Moreira. Todo comenzó cuando Radio Universal informó la asignación de un apartamento a una militante de Cabildo Abierto. Finalmente no se concretó la adjudicación. Después se sumaron más casos como el de una vivienda a persona que trabajó en su casa como empleada doméstica durante un año, y un cambio de apartamento a otra persona, Olga Camacho, que trabaja con Guido Manini Ríos en pase en comisión, informados por El País.

El pedido de renuncia de Lacalle Pou y, por ende, la falta de respaldo hacia Moreira hicieron que se tensionara el vínculo de Cabildo Abierto con Presidencia. Es más, Manini Ríos indicó que hay un “plan dispuesto desde la Torre Ejecutiva” contra él, Moreira y todo su partido político. El senador, además, sostuvo que a Camacho no se le otorgó una vivienda, sino que se le cambió la que ya tenía desde hace más una década.

Después de que renunciara Moreira, el partido evaluó en su Mesa Política si seguir en la coalición. Finalmente, decidieron quedarse pero pusieron condiciones y marcaron una posición más dura.

Ahora Cabildo Abierto busca retener militantes descontentos con la conducción y por el accionar de Moreira, el que consideran incorrecto.