Redacción El País
En casi exactamente un año, el 27 de octubre de 2024, Uruguay celebrará las elecciones nacionales, donde además de votar nuevo presidente, vicepresidente y legisladores, se podrá exigir la decisión de la ciudadanía sobre diversos plebiscitos. Eventualmente, podrían existir hasta cinco consultas bajo esa modalidad y sobre diferentes y variadas temáticas.

Una de esas iniciativas es la que promueven el Pit-Cnt junto a al respaldo de algunos sectores del Frente Amplio para modificar la reforma de la seguridad social; a ella se suma la campaña iniciada por Cabildo para impulsar un proyecto de ley que permita la reestructuración de deudas de personas físicas.

En ambos casos, para lograr el objetivo los promotores apelan a la recolección de firmas, tal como lo habilita el artículo 331 de la Constitución. Para que las iniciativas se conviertan en plebiscitos deberán alcanzar la adhesión del 10% de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional -es decir, unas 280.000 firmas-, antes del 27 de abril, cuando se cumple el plazo de seis meses previo a las elecciones indicado en la Carta Magna.

Por su parte, desde el oficialismo se busca impulsar una enmienda constitucional que habilite la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos. Ese plebiscito se concretaría en caso de que sus promotores consigan dos quintos del total de votos (52 sobre 129) de la Asamblea General.

La lista de plebiscitos podría ampliarse si prospera una propuesta del diputado independiente Eduardo Lust (exCabildo Abierto) para modificar la forma de elección del fiscal de Corte. Lust apunta a que el cargo sea ocupado en un plazo de 90 días a partir de generada la vacante.

En tanto, el movimiento Uruguay Soberano impulsa también un plebiscito para introducir una serie de cambios en la Constitución, entre ellos, la aprobación por mayoría de tres quintos en las cámaras de Senadores y Representantes para convalidar la firma de acuerdos entre el Estado y “megaempresas”.

Ante un escenario de múltiples plebiscitos, desde la Corte Electoral anticiparon que esa posibilidad no representa una gran complejidad operativa para el organismo.

“La Corte Electoral organiza el acto eleccionario para la elección de autoridades, y esto sería sumar una papeleta por cada uno de los plebiscitos. Hay una reglamentación específica que se sumaría a la de las elecciones, pero no tiene mayor complejidad”, evaluó José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, quien recordó que tradicionalmente desde 1938 los comicios en Uruguay suelen incluir una consulta de este tipo.

El también ministro de Corte, José Ignacio Korzeniak, afirmó que en las iniciativas que implican la recolección de adhesiones entre los ciudadanos la función de la Corte es “verificar las firmas, los números de credenciales y demás” para confirmar que reúnan los requisitos constitucionales. Una vez confirmadas las propuestas que irán plebiscito, “la Corte tendrá que establecer las papeletas para cada reforma”, dijo y agregó que como las consultas acompañarían el acto eleccionario no supondrían “un gran costo adicional”. En tanto, acotó que sería necesario reforzar el sistema informático para el procesamiento de datos que llegan desde los circuitos para que la transmisión de datos sea “rápida y buena”.

Garchitorena comentó que el “único gasto adicional” que ocasionarían los plebiscitos sería la impresión de una mayor cantidad de papeletas de forma de cubrir los más de 7.000 circuitos distribuidos en todo el país. El gasto en las impresiones corre por cuenta de la Corte, aunque los promotores también suelen imprimir otras tandas.

Por último, los ministros coincidieron en que si se dan varios plebiscitos podría resolverse darle distintos colores a las papeletas, tal como ocurrió en la elección de 1967.