Una iniciativa presentada por diputados de todos los partidos y que comenzó a discutirse hace pocos días en el Parlamento generó un inédito diferendo entre dos ministerios dirigidos por representantes de un mismo sector político.

El proyecto plantea la transferencia al Ministerio de Ambiente de las competencias en torno al cuidado, conservación y regulación del monte nativo y palmares, que hasta hoy están bajo la órbita de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca. De prosperar, será incluido en la próxima Rendición de Cuentas.

El tema viene siendo discutido en una comisión creada especialmente. Allí su presidente, Eduardo Lust (PAC) justificó el proyecto, que según dijo sigue la "corriente del mundo occidental" de sacar este tipo de cometidos de ministerios de "producción" a otros más enfocados en lo ambiental.

La curiosidad pasa por la filiación política de los titulares de las dos secretarías involucradas, cada uno de los cuales defiende sus respectivas posiciones. Ambos son colorados y ambos, además representan a Ciudadanos. Consultado por El País Robert Bouvier, ministro de Ambiente, defendió lo planteado en la iniciativa y adelantó que irá al Parlamento a apoyar la transferencia de competencias.

Una opinión totalmente opuesta tiene su correligionario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, que pasó por allí a fines del mes pasado para sostener que lo planteado en el texto no representa ni el mejor paso ni la mejor medida. "Podría ser un antecedente que pusiera el riesgo el normal funcionamiento del Ministerio de Ganadería" afirmó ante los legisladores, para advertir: "es algo que podría propender a una especie de desmantelamiento del ministerio".

El proyecto incluye la transferencia a Ambiente de todos los recursos presupuestales, personal y atribuciones para cumplir sus nuevos fines, así como también la potestad para sancionar eventuales infracciones a la normativa vigente. Las últimas cifras oficiales indican que en Uruguay existen unas 900 mil hectáreas de bosque nativo, que abarcan cerca de 5% de la superficie total del país. Según Mattos se trata de una superficie que ha venido creciendo en los últimos años, lo que indica de alguna forma el "éxito" de la gestión por parte de la Dirección General Forestal, a cargo hoy de estos asuntos.

"Sería un antecedente peligroso", insistió Mattos sobre la posibilidad de transferir estos cometidos a Ambiente. Para el ministro de Ganadería, esta eventualidad podría abrir la puerta al mismo destino para otros cometidos como la gestión de suelos, agua o las áreas de reservas marítimas bajo la órbita hoy de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, al entender que Ambiente también está vinculado a esos temas. "Podría ser el primer paso de un desmantelamiento del Ministerio de Ganadería", reiteró. "Y como responsable político, voy a defender a los funcionarios, a la estructura y a la tradición".

El titular de Ganadería aludió allí al factor circunstancial que, desde el punto de vista político, marca el asunto. "Los dos ministros involucrados somos integrantes de la coalición, del mismo partido y del mismo sector político", reconoció. "Hemos tenido diálogos profundos acerca de esta temática en la que, obviamente, cada uno defenderá su derecho". Mattos también planteó un tema de oportunidad: "El ministro de Ambiente hoy no está en condiciones de recibir este traspaso desde el punto de vista de los recursos materiales y humanos con los que dispone". "No habría, prácticamente, un funcionario de la Dirección Forestal que optara por traspasarse a otro ministerio", agregó.

"Puede ser una jugada que no sea favorable para el fin que seguramente los impulsó a presentarla", les dijo a los legisladores. Mattos habló además de un "importante" error conceptual del proyecto, que a su entender establece un falso antagonismo entre lo productivo y lo ecológico o conservacionista,"como si la producción fuera algo dañino".

Según el Ministerio de Ganadería existen hoy unas 6.200 explotaciones agropecuarias que desarrollan, al menos en parte, en áreas de monte nativo. En el 73% de los casos la actividad principal es la producción cárnica.

Por ley está prohibido realizar talas en esas áreas, salvo expresa autorización de la Dirección General Forestal. Para hacerlo hay que presentar un plan de manejo, ante el actual son las autoridades las que definen qué impacto tendrá y si es viable aplicarlo. Al año, siempre según cifras oficiales, se reciben en promedio 56 solicitudes y se autorizan 1.400 hectáreas a intervenir.

En los últimos años, según Ganadería, se procesaron 818 infracciones a la normativa vigente, correspondientes a 181 hectáreas anuales. Por eso, se cobraron multas por US$ 83 mil anuales en promedio. Dependiendo de la gravedad de la situación, la sanción puede llegar a los US$ 15 mil.