Tomando como referencia los datos de abril de este año, las administradoras de crédito que reportan información al Banco Central (BCU) otorgaron 570 mil nuevos préstamos, por un total de $ 8.200 millones. Fueron otorgados en promedio con una tasa de interés del 60%, a un plazo de cuatro meses y por un monto, también en promedio, de $ 14.400. Si estuviera vigente el proyecto de leypromovido por Cabildo Abierto para reestructurar las deudas de las personas físicas, más de la mitad de esas operaciones se habrían visto afectadas o, directamente, habrían sido puestas en cuestión.

En concreto, el 52% de esos préstamos superaron el tope de 44% de tasa de interés promovido por los cabildantes. La situación fue planteada este miércoles por una delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que viene analizando la iniciativa de los liderados por Guido Manini Ríos. El sindicato expuso allí varias preocupaciones sobre los efectos que tendría el proyecto en caso de ser aprobado.

Según el informe que se presentó y al que accedió El País, una es que el proyecto plantea soluciones de tipo general ante situaciones diversas. La otra, es el impacto que tendría sobre el mercado financiero, con una segura restricción del crédito y el consiguiente traslado de muchas personas hacia el sector informal. En particular, los que cuentan con menos capacidad crediticia.

"El proyecto de ley tiene una gran potencial para generar distorsiones en el mercado y que estas generen efectos no deseados", planteó a los senadores el asesor de AEBU, Aníbal Peluffo. "Eso podría terminar perjudicando a la población que, justamente, se trata de beneficiar", apuntó. Uno de los integrantes del Consejo Central del sindicato, Roberto Bleda, fue más allá y sentenció: la eventual ley pondría "en jaque" la posibilidad de acceso a un crédito rápido y seguro en el mercado formal.

AEBU cuestionó además el acuerdo judicial forzoso previsto en el proyecto. Según se indicó, puede llevar a costos adicionales que las empresas tomarán en cuenta a la hora de conceder o no un crédito, lo que, una vez más, aumentaría los niveles de exclusión cuando la firma perciba demasiado riesgoso otorgar un préstamo a determinadas personas.

El informe repara a su vez en que la propuesta estipula una baja muy drástica del precio del crédito, con lo que se plantea otro riesgo: que las operaciones que hoy se conceden por encima de ese tope no se vayan a conceder, al no ser ya viables o atractivas para las empresas. Eso hará, se dice, que aumente la población que recurre al sector informal para financiarse.

Una tercera crítica llegó al concepto de "deuda justa" incorporada en el proyecto. Los cabildantes plantean que las deudas a reestructurar sean convertidas a unidades indexadas más un 2% de interés. Sobre eso, Peluffo dijo que se debería aclarar si eso se pactará al contraer la deuda. "Sería el mejor el crédito que existiría hoy en el mercado", aseguró. "Cualquier deudor podría retirarse, esperar a que corran todos los procesos y al final llegar a una deuda justa", dijo. Sería, agregó, un crédito muchísimo menos costoso del que podría acceder en condiciones normales.

Por otra parte, el informe de AEBU señala que el proyecto está lejos de estar enfocado a solucionar el endeudamiento de los sectores más vulnerables. Según se señala, tal como se plantea y si se mide por ingresos solo el decil más alto de la población no estaría amparado por esta normativa.

Peluffo, asesor de AEBU, sostuvo que solo se visualiza una parte del problema. Solo el sector financiero regulado reporta información y, en ocasiones, no todos los meses. Existe otro nivel, indicó, mucho más preocupante: el endeudamiento en los sectores informales -como ciertos prestamistas- que están por fuera de toda regulación y no responden a ninguna ley. "Desconocemos algo que presumiblemente sea una gran parte del problema", aseguró.

Ante la comisión, el sindicato bancario desgranó elinforme presentado hace pocos días, a partir de los datos aportados por la Central de Riesgos del Banco Central (BCU). El 70% de los uruguayos adultos tiene algún crédito u operación vigente con el sistema financiero normal. Más de un millón de personas mantiene algún tipo de atraso según el Clearing de Informes. Hay 690 mil personas, el 36% del total de deudores, que son considerados "irrecuperables" por el BCU, al contar con más de 180 días de atraso en el pago de sus obligaciones. En concreto, el 40% de los menores de 35 años tiene una "deuda problemática".

Sin embargo, según los números del sindicato la morosidad en los bancos es inferior al 5%. De allí que, se insistió, el problema comienza a verse en las financieras, donde supera el 20%. Todo esto considerando siempre el sector formal.

No todos los sectores se endeudan con las mismas condiciones. Al respecto, AEBU citó un informe elaborado por la economista Carolina San Román, que encontró cierta relación entre un endeudamiento más caro y la condición de beneficiario del Ministerio de Desarrollo Social que, además, es la población que tiene las mayores tasas de incumplimiento. Allí Peluffo indicó que resulta difícil saber si no pagan porque la tasa de interés es muy alta o por su propio perfil de deudor más riesgoso. Según el informe, el mercado categoriza a la población a la hora de dar préstamos. Las tasas de interés, los costos y las condiciones varían de acuerdo a la persona. De allí que, apunta el sindicato, las posibles soluciones no puedan ser homogéneas.

Así, el nivel de ingreso de las personas determina su acceso al crédito. A mayor vulnerabilidad, menor probabilidad de estar al día y mayor de caer en default. También, la certeza de que se irá a pagar tasas de interés más altas.

Por otro lado, AEBU dijo contar con datos que indican que la situación empeora en el sector informal. Allí, se señaló, crece otro tipo de mecanismo de endeudamiento, como los créditos "gota a gota", en cuotas diarias y con altísimos intereses, asociados al tráfico de drogas u organizaciones vinculadas con la violencia o el crimen.

"Ya existen análisis que concluyen que problemas importantes de seguridad en la sociedad están asociados al endeudamiento informal, a la forma de cobrarse las deudas" indicó, desde el sindicato, Roberto Bleda. "Pasa con los colombianos en 8 de octubre o con el narcotráfico en los barrios", agregó.

Desde el Consejo Central de AEBU, Pablo Andrade llamó a contribuir a que la población salga de situaciones de endeudamiento crítico, para recuperarlas en el sistema financiero y, fundamentalmente, permitir que eleven su calidad de vida. Muchas veces, aseguró, utilizan montos muy importantes para su supervivencia en el pago de intereses. "La gente debería darse cuenta todo lo que paga de intereses en tarjetas de crédito, con tasas promedio de 81%, sostuvo. "Es preocupante ver cuántos recursos se le está sacando a gente que los necesita para sobrevivir", agregó.

El informe de AEBU indicó que el promedio de las tasas cobradas a los créditos con autorización de descuento se ha mantenido constante a través del período analizando. Sin embargo, los créditos sin autorización de descuento pasaron de tasas promedio cercanas al 40% en 2008 a cerca del 90% en 2019. Durante abril de 2020, en los peores meses de contracción económica debido a la pandemia, la tasa promedio llegó a 96%. A mayo de 2023, se ubica en 72%.