En el Partido Nacional se comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de ley para lareestructura de las deudas de las personas físicas. De concretarse, será la cuarta iniciativa que ingresará al Parlamento en lo que va de esta legislatura con ese mismo objetivo.

El texto viene siendo elaborado por la senadora Carmen Asiaín, que en las próximas semanas pretende presentar el texto a sus socios en la coalición de gobierno. En diálogo con El País la legisladora señaló que el centro de la idea radica en la instauración de un proceso similar al que existe en el derecho laboral. Un "mediador" procurará acercar a las partes y lograr un acuerdo que le otorgue una nueva "oportunidad" a los deudores responsables de poder honrar sus compromisos.

La senadora aclaró que el acuerdo será voluntario. "No vamos por nada obligatorio", remarcó Asiaín, que marcó su postura contraria a que -como lo propone Cabildo- exista un "tercero", como un juez, con potestad para intervenir en contratos firmados entre particulares.

Una de las particularidades de la alternativa, según la legisladora, es que estaría promoviendo soluciones diferenciadas según los casos. Allí se propondrá un mecanismo específico para aquellos deudores con categoría 5 ante el Banco Central (BCU) -los denominados "irrecuperables"- que haya caído en esa situación producto de la crisis derivada de la emergencia sanitaria iniciada en 2020.

Consultada, Asiaín sostuvo que hay varios aspectos del proyecto cabildante que "no convencen". Por ejemplo, la exigencia de que para llegar a un acuerdo de reestructura el deudor deba quedar por lo menos con el 30% de sus ingresos mensuales sin comprometer.

El proyecto nacionalista incluirá todas aquellas deudas generadas por compras para consumo, incluyendo préstamos adquiridos ante entidades estatales. Sí excluirá las deudas que cuentan con garantía real o persona, hipotecas y prendas.

Estos primeros detalles de la nueva iniciativa se conocen en momentos en que unas 690 mil personas, ostentan categorías crediticias problemáticas, no gozan de "buena salud financiera" y cuentan con grandes dificultades para acceder a financiamiento formal de calidad. Constituyen lo que en la jerga técnica se califica como "irrecuperables". En términos generales, esta situación compromete a uno de cada cuatro uruguayos mayores de edad. Así lo indicó el último informe de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), con datos cerrados a febrero de este año.

El informe, publicado el martes en El País, generó la reacción del senador Guido Manini Ríos. "¿No será hora de encontrar una solución a este problema?", se preguntó. "¿Solo a Cabildo Abierto le preocupa esta situación?", agregó.

Consultada, Asiaín dijo "tener presente" el anuncio de los cabildantes de que, si de aquí a dos meses no llega una solución legislativa para los deudores, se comenzará una campaña de recolección de firmas para que esa solución llegue vía plebisicito. "No vamos a sacar a las apuradas un texto tan trascendente sin discutirlo como es debido" remarcó la senadora, al rechazar cualquier tipo de intimación ni el "ritmo" que quiere imponer Cabildo Abierto. "Nos tomaremos el tiempo que se necesite", aclaró.

Los liderados por Manini oficializaron el martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado su nuevo proyecto de reestructura de deudas. Sus claves: la incorporación del conceptode "deuda justa" y un tope máximo a los intereses en los créditos.

Las chances de que existan acuerdos que permitan su aprobación se liquidaron incluso antes de su discusión. A la resistencia del oficialismo, se suma la del Frente Amplio. "Es irrealizable y no se puede acompañar", señaló a El País el senador Charles Carrera, al marcar que esta nueva versión difiere en forma sustancial incluso de la primera iniciativa que habían planteado los cabildantes.

Carrera cuestiona que ahora los liderados por Manini, lejos de querer beneficiar a los "más vulnerables", establezcan nuevos parámetros para permitir acceder a una reestructura de deudas a personas que perciben un salario de hasta US$ 3 mil, o que posean una vivienda tasada en hasta US$ 240 mil. En su visión, eso no representa al conjunto de la población a la que se debería atender en forma más urgente.

Para el senador frenteamplista, es claro que la intención de Cabildo no es llegar a una cuerdo sino utilizar políticamente el tema para marcar un perfil propio dentro de la coalición de gobierno, luego de una serie de desavenencias que lo han separado de sus socios. La última, la polémica que derivó en la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda.

El Frente insistirá con su propio proyecto, que entre otros aspectos pretende prohibir las "prácticas abusivas" en las que, a su juicio, incurren muchas financieras, a través de "acoso, persecución y llamadas inoportunas" exigiendo el pago de la deuda, además de la obligación de, a la hora de conceder un crédito, tener que presentar información fidedigna sobre el monto de la deuda original y los intereses que se pretenden cobrar. La oposición quiere también bajar los plazos de prescripción para que la deuda no se siga capitalizando a través de las moras.

Manini, en tanto, dijo esperar esta reacción negativa. "No nos sorprende", dijo esta semana, en una de varias audiciones partidarias en la que los cabildantes se refirieron al tema. "Son los mismos partidos que hace seis meses dijeron que no querían aprobar nuestro proyecto de reestructura de deudas", recordó. Se refería a la decisión de blancos y frenteamplistas la aprobación en el Senado de la iniciativa original que su partido había presentado que fue frenada en en plenario de la cámara alta cuando estaba a punto de refrendarse.

El senador insistió: se trata de un tema, dijo, que requiere una solución de una vez por todas. Una solución que, remarcó, debe llegar desde el propio sistema político. Manini dijo esperar la postura del resto del sistema político para definir qué caminos transitará en el futuro. "El sistema político es en buena medida de que se haya llegado a esta situación, con cientos de miles de uruguayos muertos civilmente, sin posibilidades de acceder a ninguna forma de crédito", aseguró.

Manini rebatió las afirmaciones de "algunas voces" - entre ellas varios economistas - que indicaron que, si se aprueba, su proyecto provocará una retracción en el crédito. "Hay 700 mil uruguayos que hace tiempo lo tienen perdido", recordó. "Creemos que merecen la intención de los distintos partidos de encontrarle una solución a un tema que tiene ribetes de escándalo”, concluyó.