DEBATE

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados votó ayer a favor del proyecto de ley de eutanasia, impulsado por el Partido Colorado y el Frente Amplio, que unieron tiempo atrás sus dos iniciativas. Blancos hablaron de jornada “funesta” y los cabildantes se refirieron a una “aberración”.

Las frenteamplistas Cristina Lustemberg y Lucía Echeverry, y la colorada Nibia Reisch, fueron quienes votaron para que el proyecto pasara a debatirse en el Plenario, cosa que se espera suceda el mes que viene. En tanto, el nacionalista Alfredo de Mattos y la cabildante Silvana Pérez Bonavita, se expresaron en contra.

A pesar de que la bancada del Partido Nacional pidiese postergar la votación al menos por un mes, la comisión decidió seguir adelante con la iniciativa. Los blancos advertían que el tema requería de un “mayor tiempo de análisis”.

Mattos dijo ayer a la salida de la comisión que la jornada podía catalogarse de “funesta”. El nacionalista criticó que el proyecto se presentase en momentos en que los diputados se encuentran abocados a la Rendición de Cuentas.

“No pudimos reunir a la bancada del Partido Nacional para tratar puntualmente el proyecto”, se quejó el legislador, que al mismo tiempo reconoció que hay blancos que están a favor del proyecto.

También señaló Mattos que se recibió una “advertencia” por parte del Colegio Médico, y que este órgano aconsejó que se aprobara primero la ley de Cuidados Paliativos, que ya llevó media sanción en Diputados y que aún está a estudio dentro de la Comisión de Salud del Senado. “Tenemos que asegurar primero los cuidados paliativos, que son los que van a dar contención a mucha gente”, dijo el diputado.

En cuanto a la relación con el Partido Colorado, Mattos dijo que esta seguirá siendo “normal”, pero al mismo tiempo señaló que haber votado junto con el Frente Amplio implica “un elemento a tener en cuenta en el futuro”. Y en este sentido agregó que el plazo que pedía la bancada blanca no escondía una intención de “bloquear” la iniciativa, sino que lo que se quería era estudiarla mejor para luego plantear sí algunas modificaciones.

Desde filas de Cabildo Abierto, Pérez Bonavita aseguró que la iniciativa de frentistas y colorados contiene “falencias” e implica una “falta de garantías” para las personas que están enfermas. “Este es un día muy triste”, añadió.

Pérez Bonavita también criticó que no se hayan realizado reuniones con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y aseguró que esto era de “orden” en momentos en que se quería llevar adelante “esta aberración”. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sí se pronunció sobre la norma al señalar al respecto: “Estoy como Tabaré Vázquez, estoy por la vida”.

La diputada colorada Reisch, en tanto, resaltó que la iniciativa impulsada por su colega Ope Pasquet está a consideración de la comisión desde el año 2020. Y añadió que se recibieron 23 delegaciones, que presentaron recomendaciones, antes de llegar a esta instancia. También pasó tiempo desde que el proyecto colorado se unió al del Frente Amplio, que fue creado en 2021.

En este sentido, Reisch aseguró que desde el pasado 9 de agosto se estaba en condiciones de votarlo en comisión, pero de todos modos se resolvió dar casi un mes de tiempo extra para que aquellos diputados que tuvieran dudas pudieran analizar aún más la iniciativa. “El tiempo fue suficiente”, insistió la legisladora.

Sobre el reclamo de que no se haya llevado a cabo una reunión con las autoridades sanitarias, la diputada expresó que el 22 de abril pasado se le envió un correo electrónico a Salinas y que el jerarca indicó que no podía asistir a la comisión en las fechas que le eran propuestas. La colorada, además, señaló que el MSP no propuso fechas alternativas ni dio a un funcionario la tarea de asistir a la comisión.

En tanto, desde la oposición frenteamplista, Lustemberg dijo que las prórrogas que hubo “ya fueron suficientes”, y señaló que el MSP incluso fue llamado en dos oportunidades “por diferentes razones” y en ninguna pudieron ir.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, el legislador que más ha expresado su oposición al proyecto pese a no estar en la Comisión de Salud, dijo que hay un reclamo “unánime” de las instituciones que sí concurrieron para que haya garantías de que se controlará debidamente la validez del consentimiento de cada paciente para acceder a un procedimiento de eutanasia.

“Se van a matar a muchos pacientes que estaban lejos de dar un libre consentimiento”, aseguró el nacionalista, y añadió que si se hubiera otorgado la prórroga reclamada más garantías podrían estar en el proyecto.

Por otra parte, Goñi indicó que según los técnicos que asesoraron a la bancada blanca, existe un “mínimo” de 100.000 uruguayos y “hasta” 300.000 que podrían acceder al suicidio asistido. Y dijo que para acceder al mismo no será una condición tener una enfermedad terminal, sino que con cualquier patología que genere un menoscabo para su salud, la eutanasia podría reclamarse.

Al respecto de estas cifras, el legislador frenteamplista Luis Gallo dijo que estas eran “falsas”, en el sentido de que eso no era algo que pudiera calcularse tan fácilmente.

Por otra parte, Gallo aseguró que las estadísticas a nivel mundial, en países donde se aplica la eutanasia, muestran en las etapas primarias un número mayor de personas que se acogen a la ley, pero luego la curva baja y pasa a ser horizontal.

Etcheverry también puso en duda los datos vertidos por Goñi. Y dijo que “tirar números” de esa manera, era “dañar el debate”.

Lustemberg, por su parte, dijo que ella miraba el tema no desde su rol de médica, sino desde la perspectiva del paciente. En ese sentido, aseguró que existen dolores y enfermedades que no se curan con medicación ni con cuidados paliativos. Es una norma, dijo, que “refleja el sentir de la ciudadanía” e insistió en que las razones “filosóficas” que cada uno tenga no pueden “impedir” el derecho que tienen las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, de tener una muerte digna.

En la previa a la votación del proyecto de eutanasia en la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, el integrante del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, no descartó la posibilidad de que en el caso de que el proyecto prospere en ambas cámaras y se transforme en ley, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por segunda vez utilice el recurso del veto, tal como lo hizo con la ley forestal impulsada por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Goñi indicó que los legisladores que se oponen al proyecto deberán realizar “los esfuerzos” para que esta norma “no salga”, y que en caso contrario el presidente “tiene la última palabra”.

Por su parte Alfredo de Mattos, al ser consultado por El País, dijo que el presidente tomará una decisión en base a “su real saber y entender”.

En abril, en rueda de prensa, Lacalle Pou se refirió a la ley, y dijo que el posible veto lo decidiría luego de que se aprobara. “Conceptualmente, creo que todos somos defensores de la vida (...) Vamos a ver qué alcance tiene y después vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo”, señaló según consignó El Observador en su momento.