CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados aprobó ayer con los votos de la coalición el proyecto de ley que habilita a una persona mayor de edad, síquicamente apta que padezca de una adicción, a expresar su voluntad manifestando querer ser sometido a una internación “para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social” cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. La discusión terminó anoche con 54 votos en 91. No votó el Frente Amplio, pero tampoco el Partido Independiente.

La diputada colorada Nibia Reisch, autora del proyecto, señaló que al contrario de lo que dice el Frente Amplio no se trata de una “internación compulsiva”, porque la persona toma la decisión en uso de su “plena capacidad, en forma voluntaria, consciente”.

“Sostenemos que no hablamos de internación compulsiva y que no hay violación de la libertad personal”, subrayó. La duración del tratamiento dependerá de decisión médica. La internación deberá ser realizada en clínicas o instituciones públicas o privadas que estén especializadas en la materia. Los costos de la internación, cuando correspondiera pagar, estarán a cargo del internado o de quiénes éste designe. 

Reisch indicó que lo que el proyecto sí prevé es que la referida voluntad anticipada no puede, en principio, ser revocada durante el período de internación dispuesto por el equipo médico, salvo que el sujeto ya no se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. La coalición acordó un sustitutivo por el cual la voluntad anticipada del adicto deberá ser realizada por escrito con “certificación notarial” y contar con la firma del titular y dos testigos, que no pueden ser los médicos o funcionarios tratantes.

En el caso de que el interesado no pueda firmar, se hará por firma a ruego por parte de uno de los dos testigos. A su vez, en todos los casos la voluntad de internación deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente y podrá ser homologado ante la justicia. 

El sustitivo también explica que la persona deberá continuar hospitalizada en caso de que los profesionales consideren que existe "riesgo inminente de vida", tanto de la suya como de terceros. O también, en aquellos casos que de no mantenerse internado, se pueda alcanzar un deterioro considerable de su condición. 

Desde el Frente Amplio se cuestionó el proyecto de Reisch, al entender que es “innecesario y contraproducente”, de acuerdo a lo afirmado en sala por la diputada Cristina Lustemberg (PAR). “Si fuera a resolver el problema esta bancada lo votaría”, advirtió.