INICIATIVA OFICIALISTA

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Los proyectos de ley de la coalición de gobierno que plantean reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia para establecer un régimen de tenencia compartida entre ambos padres se unificaron en un solo documento. Este incorpora propuestas de las iniciativas del Partido Nacional y el Cabildo Abierto, y también corrige cosas de ambos tras algunas críticas recibidas.

Según comentaron a El País fuentes parlamentarias, como resultado de la unificación se incluyó una novedad jurídica que estaba en el documento de los cabildantes y no en el de los blancos, y se eliminaron artículos cuestionados por algunos colectivos y sociedad civiles, que reclamaron tener en consideración el derecho superior de los niños y su integridad física y psicológica ante hechos de violencia.

La bancada nacionalista tiene previsto abordar el tema en los próximos días para adoptar una posición en torno al borrador unificado, cuya confección fue realizada por la senadora Carmen Asiaín -quien es además una de las propulsoras de la iniciativa desde filas blancas- luego de negociar con el senador cabildante Guillermo Domenech.

Pero no se prevén mayores objeciones, sobre todo luego de una foto que el presidente Luis Lacalle Pou se sacó en Sauce este sábado, en la que posó junto con un hombre que sostenía una camiseta con la leyenda: “No más hijos huérfanos de padres vivos. ¡Tenencia compartida ya!”.

La novedad jurídica, que en su momento fue destacada por el ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli -que compareció a la Comisión de Constitución del Senado semanas atrás- es la creación de una defensoría especializada en la protección de los intereses de los menores. Es decir, se propone que en todas las situaciones en que no haya acuerdo entre los padres y se lleve el conflicto -sobre la tenencia o régimen de visitas- a un juzgado de Familia, haya un abogado de oficio que represente en forma exclusiva el “interés superior” del menor, este será una tercera parte litigante del proceso.

El documento integrado plantea que ese profesional será seleccionado a partir de una lista de la Suprema Corte de Justicia, con un criterio aleatorio como ocurre con los peritos judiciales.

Tal como proponía Cabildo Abierto en su proyecto original, en el nuevo texto se mantiene que el abogado deberá entrevistarse con ambos padres “a los efectos de tener una visión objetiva de la situación”, y luego tendrá una instancia con el niño o adolescente.

Delegaciones de Unicef, INAU, la Asociación Civil el Paso y recientemente una comisión de un consejo consultivo del que el Ministerio de Educación y Cultura es parte, entre otras, expresaron en las últimas semanas cuestionamientos directos a algunos artículos presentes en ambos proyectos iniciales. Apuntaron contra los que planteaban que el derecho por parte de un padre a ver a su hijo no podía verse afectado ante denuncias por presunta violencia doméstica o sexual, casos en los que la Justicia dicta medidas cautelares, como ser la prohibición de la comunicación y el acercamiento.

Esto había intentado remediarse a texto expreso en las dos iniciativas, al establecer, por ejemplo, que “la mera denuncia presentada contra uno de los padres” no tuviera como efecto la suspensión del “régimen de tenencia alternada y su ejercicio”, y debía igualmente respetarse “el derecho del denunciado a las visitas”. O, también, que en los casos en que la Justicia se demorara más de 90 días en realizar pericias al padre denunciado, se debía disponer de “un régimen provisorio de visitas para evitar el cercenamiento del vínculo paterno filial”.

La directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, fue otra vocera en contra de esos cambios. “Nos gustaría saber si sería posible rever esta situación porque contraviene los principios de cuidar, de cautelar la integridad y la seguridad de los niños y de las niñas”, dijo días atrás en comisión.

En la redacción fusionada se establece que, en casos de denuncia, el juez puede disponer que el presunto agresor visite al niño pero en escenarios de control y contención, como la casa de los abuelos, una plaza u otro lugar público, y con presencia de la madre. “La idea siempre fue desalentar las denuncias de abuso maliciosas”, dijo a El País el senador Domenech. Y agregó: “Pero obviamente, también hay que tener en cuenta el interés superior del menor, a quien tenemos que evitar que pongan en peligro”.