Redacción El País
La pandemia por covid-19 puso de relieve la importancia de la salud mental y llevó a una mayor "toma de conciencia" sobre la necesidad de otorgar más apoyos a quienes enfrentan problemas relacionados con ella. Lo mismo sucedió con las adicciones, para lo que se le viene reclamando al Estado mayores acciones tanto para la prevención como para la rehabilitación de aquellos que padecen de un consumo problemático.
Así lo reconoce el Poder Ejecutivo en el mensaje que acompaña la Rendición de Cuentas y que, atendiendo a esa necesidad de reforzar recursos, incluyó allí un nuevo Plan Nacional, destinado a poner en marcha nuevas acciones y potenciar las ya existentes. Para ello se destinarán US$ 20 millones adicionales, el único incremento que habrá en el mensaje presupuestal de este año.
Unos US$ 6 millones irán para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para ser destinados a las áreas específicas de promoción y atención de salud mental y adicciones. Otros US$ 3 millones irán directamente al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a los efectos de dar una "mayor respuesta institucional" a esta problemática, según la exposición de motivos a la que accedió El País.
Más de US$ 2 millones serán destinados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Estarán dirigidos a la captación temprana, la prevención y la promoción de acciones para atender a la población adolescente y joven. A su vez, casi US$ 4 millones serán focalizados en la atención a personas con alta vulnerabilidad social con un consumo problemático de sustancias psicoactivas, a través de centros específicos.
Al Ministerio de Salud Pública (MSP) irán US$ 6 millones destinados a la detección de intentos de suicidio y el desarrollo de un sistema que permita realizar acciones en tiempo real y ajustar los programas existentes. La Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental (el ex Patronato del Psicópata), recibirá unos US$ 900 mil.
La Junta Nacional de Drogas (JND) recibirá, en tanto, US$ 2 millones para fortalecer la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas (Renadro), de manera de garantizar la continuidad de los centros de atención existentes y la accesibilidad de todos los usuarios con la problemática de drogas, a los servicios especializados en todo el país.
Algunos programas
A través del Mides se instrumentará el programa Ni Silencio Ni Tabú, destinado a adolescentes y jóvenes. Acciones de este tipo comenzaron a concretarse el año pasado, a través de 450 talleres en los que participaron 14.500 personas en todo el país. Por otra parte se crearán siete Centros de Inclusión y Promoción Social destinados a llevar a la práctica este programa, que pretende alcanzar a unos 5.000 jóvenes en cada uno de estos lugares. Se procurará por otra parte "producir conocimiento", para así desarrollar evidencia en materia de salud mental adolescente y juvenil.
El proyecto prevé además ampliar la red pública de atención en salud mental y uso problemático de drogas, a través de la creación de 13 centros de distintas modalidades, y la creación de equipos de atención itinerante.
Se creará en tanto la figura del Vale para el Tratamiento de Adicciones (VAT), que ampliará la cobertura en las comunidades terapéuticas bajo la órbita del Mides, para un total de 200 cupos.
En Salud Pública se busca potenciar el alcance del Programa Familias Fuertes, destinado a "fortalecer los lazos familiares" y promover la capacitación en habilidades de crianza y relación familiar, con grupos de pares y adultos referentes. Se afirma que programas de este tipo han demostrado ser eficaces en la prevención del consumo de drogas.
El plan incluye un Sistema Nacional de Información relacionado con los intentos de autoeliminación, además de un incremento en las prestaciones de salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Se incluye la ampliación de la cobertura de las prestaciones psicoterapéuticas, garantizando el acceso de todas las personas hasta los 30 años de edad, límite fijado hoy en los 25 años. Se asegurará así la atención individual, de pareja, familiar o grupal de hasta 48 sesiones anuales por usuario, mediante un copago preestablecido.
Por otra parte, se prevé disminuir en un tercio el costo de los tickets de acceso a psicoterapia para las personas con intentos de autoeliminación. Se eliminará la tasa moderadora para medicamentos antidepresivos de uso común para todas las personas que cursen un trastorno en su estado de ánimo. y habrá una consulta psicológica anual como parte del control de salud para los adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.
El texto establece la aplicación efectiva del Sistema Nacional de Información en intentos de suicidio y autoeliminación a través de una formulario digital, a completarse en todas las puertas de emergencia del país una vez ocurrido el hecho, y su seguimiento en tiempo real. Entre otros cosas, el ministerio supone que eso ayudará a mejorar los protocolos de atención y la caracterización epidemiológica nacional de las conductas suicidas.
Salud Pública y el Ministerio del Interior implementarán por otra parte un convenio para la atención específica de efectivos policiales en el prestador estatal. El plan prevé avanzar en la inclusión de herramientas de inteligencia artificial que permitan la gestión de la demanda asistencial en salud mental en los adolescentes.
A partir de una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el MSP instrumentará la capacitación y formación de "gatekeepers" o "guardianes", personas que, sin ser especialistas, sepan como atender y acompañar a otras en casos de crisis emocionales. El plan es incorporar estas figuras en las redes territoriales de atención. Una capacitación similar se pretende brindar a cuidadores de casas de salud y asistentes terapéuticos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
No hay información sistematizada
En el punto de partida el gobierno reconoce ciertos desafíos. Basado en un trabajo realizado gracias a una consultoría contratada por el Banco Mundial en 2021, se subraya que Uruguay no cuenta con información sistematizada ni periódica que permita monitorear y evaluar el estado de la salud mental de la población y, en consecuencia, tomar decisiones. La estadística disponible alcanza únicamente los intentos de autoeliminación y los suicidios consumados.
Lo que sí se sabe es que los trastornos mentales representan una de cada tres casos de enfermedades no transmisibles, que a su vez son responsables de casi todos los Años Perdidos por Discapacidad (APD) en Uruguay. Considerando la discapacidad por trastornos específicos, la depresión y la ansiedad suponen el 7,6% y el 5,2% de los casos respectivamente. Le sigue la carga por suicidio y autogresión, con el 2,6% de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Los trastornos mentales severos, como esquizofrenia y transtorno bipolar, representan el 1,9% y el 1,4% respectivamente.
El informe remarca una durísima realidad, ya conocida: Uruguay mantiene una de las más altas tasas de suicidio de la región: 23 casos por cada cien mil habitantes. Un flagelo cuyo impacto no es parejo a nivel territorial: en Treinta y Tres la tasa es de 38 por cada cien mil, 36 en Lavalleja y 35 en Soriano. Los suicidios se suceden mayormente en hombres, y las tentativas se observan en mayor proporción en las mujeres.
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