"Nosotros seguimos trabajando", dijo a El País una alta fuente del Consorcio Aguas de Montevideo, ganadora de la licitación del Proyecto Arazatí, horas después de que el juez Alejandro Recarey ordenara a OSE suspender la firma del contrato con el grupo privado conformado por las empresas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil, tras marcar una serie de cuestionamientos.

Recarey resolvió ayer “ordenar” a OSE a que “no suscriba” el contrato con el consorcio privado “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”. Esta definición la tomó tras “suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”, aludiendo a una presunta contravención con el artículo 47 de la Constitución de la República.

También presentó reparos a una posible “vulneración” de la Política Nacional de Aguas, y sostuvo que hay “extremos indiciarios serios” de que se “podría estar optándose por servir” a la población metropolitana de un agua de “menor calidad que la que podría disfrutar”.

También cuestionó que no se haya discutido “a fondo” las posibilidades de que pueda haber “sobrecostos gravosos” en las tarifas de agua.

La definición que tomó el mismo juez que suspendió en julio de 2022 la vacunación anticovid en menores de 13 años, derivó en un intenso debate político a poco de conocerse la resolución judicial que ahora deberá laudar un Tribunal de Apelaciones. El caso se podría definir dentro de uno o dos meses, tras la feria judicial del 1° al 15 de julio, según consultas jurídicas en base a casos previos.

Desde el consorcio privado hay cautela, con el objetivo de no interferir con el proceso que apunta directamente a OSE y otros organismos públicos; así como también se insiste en que existe absoluta confianza con lo actuado, y optimismo con el próximo fallo judicial, según consultas realizadas por El País a fuentes del grupo integrado por varias de las constructoras más grandes del país.

Foto: Fernando Ponzetto

En línea con el resto de los jerarcas vinculados al consorcio, el ingeniero Francisco Gross, director técnico del Proyecto Arazatí, al ser consultado por El País, dijo que prefería “no opinar” sobre el reciente fallo, sin embargo declaró: “No estamos de acuerdo con los fundamentos y vamos a proseguir, con las instancias que correspondan, a la espera de que esto se dilucide de la mejor manera. Entendemos que la Justicia tiene procedimientos para superar esta instancia”.

El tono fue en línea con un comunicado que emitió ayer OSE, anunciando que el gobierno iba a apelar la definición “por lo que corresponde esperar el resultado final del proceso judicial”. A continuación, se aclaró que Arazatí “garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, como es el acceso al agua potable”, y que apunta a resolver un “problema” que “se arrastra desde hace muchos años” al no contar con una segunda fuente de abastecimiento para la zona.

“Uno de los técnicos de Mekorot (empresa de agua de Israel), cuando vino al Uruguay, nos mencionó que no entendía cómo en OSE podíamos dormir tranquilos teniendo una sola planta en el área metropolitana”, recordó el presidente de OSE, Raúl Montero, en el Parlamento el 31 de agosto pasado, según la versión taquigráfica de ese día.

Pese al fallo adverso sobre una de las obras más significativas para el gobierno de Luis Lacalle Pou, por su impacto en el abastecimiento de agua potable para el área metropolitiana que concentra la mitad de la población y tras atravesar en 2023 la peor sequía desde que se llevan registros, los equipos del consorcio privado continúan con el trabajo técnico.

OSE hasta ahora adjudicó el proyecto al Consorcio Aguas de Montevideo, promotor de la iniciativa. Lo que resta no solo es la firma del contrato, sino que para empezar las obras se requiere de la autorización ambiental previa (AAP), que está en manos del Ministerio de Ambiente.

El director técnico del Proyecto Arazatí, dijo a El País este domingo que estiman obtener dicho permiso ambiental a fines de agosto. Esto sería un año después de ganar la licitación internacional, que concitó sonadas movilizaciones por parte del sindicato (Ffose).

El fallo de Recarey no afecta el trabajo en paralelo que viene desarrollando desde diciembre pasado el consorcio privado con Ambiente por el permiso AAP, confirmaron a El País fuentes de la cartera, OSE y el grupo privado.

Foto: Estefania Leal

El ministerio dirigido por Robert Bouvier realizó hasta ahora ocho solicitudes de información complementaria de varios aspectos de la obra, que fueron respondidas. El proceso de autorización, disponible en una web oficial con todos los documentos, incluirá audiencias públicas, tal como está previsto.

Es decir, la firma del contrato es condición necesaria para comenzar la obra, pero también lo es el AAP, que ha generado fuertes críticas de ambientalistas por entender que genera perjuicios al ecosistema circundante, y también desde la oposición, que ha insistido desde que se desató la severa sequía con activar el Proyecto Casupá, que se abastece del río Santa Lucía, impulsado por el Frente Amplio en gobiernos anteriores, pero que nunca se concretó.

De hehco, a días de las elecciones internas, del próximo domingo 30 de junio, dirigentes políticos de la oposición se encolumnaron ayer a favor de la resolución de Recarey y presentaron una serie de críticas al megaproyecto, en línea con ambientalistas y también expertos que han cuestionado aspectos técnicos.

El consorcio privado realizará una inversión de unos US$ 300 millones para construir una nueva planta potabilizadora, y una serie de obras para tomar agua del Río de la Plata para reforzar el abastecimiento del agua potable en Montevideo, Canelones y zonas aledañas. Esto aportará un tercio —200.000 metros cúbicos al día— de la demanda actual de esta zona, porción que será cada vez menor en función de las proyecciones de consumo que se calculan para las décadas siguientes.

La modalidad optada para la construcción del Proyecto Arazatí, que se presenta desde el oficialismo y el grupo privado como “la inversión más grande en 150 años en esta área”, desde la construcción de Aguas Corrientes, única fuente de la que hoy se abastece el área metropolitana, fue el pago por disponibilidad.

Esto implica que una vez finalizada la obra, que se prevé para el año 2027, OSE comenzará a pagar al grupo privado unos US$ 50 millones anuales, por un plazo 17,5 años, que totalizan unos US$ 900 millones. Esta opción ya se ha utilizado en más de una decena obras de gran porte en el Uruguay.