El Senado comenzará hoy la discusión de los 655 artículos de la Rendición de Cuentas. A impulso de los nacionalistas Sebastián Da Silva y Rodrigo Blás, cinco de ellos intentarán dar fin a una vieja política y topearán las multas que se pueden cobrar por exceso de velocidad en las rutas nacionales. El artículo 287, aprobado por la coalición de gobierno en comisión, estipulará que ese monto no podrá superar las 10 unidades reajustables, que hoy equivaldría a $ 16.200. Así, el tope quedará fijado en la ley de Tránsito y Seguridad Vial, que le encomendaba al Poder Ejecutivo la reglamentación de este tipo de sanciones. Pero además, el artículo 288 determinará que implica que esas multas solo podrán ser aplicadas luego que las infracciones hayan sido verificadas mediante dispositivos electrónicos.

Dicho artículo describe en forma específica el destino de este tipo de multas: el 70% del total deberá ir para financiar las obras de infraestructura vial concesionadas a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el 20% será para la Universidad Tecnológica (UTEC), con un tope de $ 100 millones anuales y el 10% restante se repartirá entre un servicio de atención sanitaria en rutas y equipación y mejoras tecnológicas. Por única vez, en 2024 una partida de $ 20 millones irá a la compra de un resonador magnético para el Hospital Veterinario, en la órbita de la Universidad de la República.

Otra de las innovaciones se define en el artículo 289, donde se establece que el pago de la Patente de Rodados podrá separarse del de las multas por exceso de velocidad, no pudiendo exigirse estas en forma previa o simultánea.

El artículo 290 representa la mayor novedad. Allí se establece que todos los radares de control deberán instalarse junto a un “radar pedagógico”, que advertirá a los conductores sobre la velocidad a la que deben transitar. Ambos dispositivos no podrán estar separados entre sí más de 100 metros. A partir de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, prevista para el 1° de enero, si esta última disposición no se cumple las multas aplicadas no serán válidas. Finalmente, el artículo 291 obliga al Estado a facilitar su geolocalización de estos radares.

“Con estas soluciones esperamos que se termine la polémica y se pueda transitar con libertad y precaución”, expresó Da Silva, quien aseguró que esta nueva normativa asegura que el radar “no se convierta en un fin recaudatorio en sí mismo”.

Durante la discusión en comisión el ministro de Transporte, José Luis Falero, dio el visto bueno a esta propuesta. El jerarca consideró “muy interesante” el planteo de los “radares pedagógicos”, de los que dijo que “quizás se puedan manejar de la misma forma en que hoy una maestra saca de la escuela un cartel de ‘pare’”.

Estas disposiciones ponen fin de cierta manera la discusión pública que había enfrentado al gobierno con Cabildo Abierto, en torno a la instalación de más radares en rutas nacionales. A principios de agosto Transporte había anunciado la instalación de más de 100 dispositivos de este tipo en varias rutas en todo el territorio nacional.

La propuesta generó revuelo durante la discusión de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes. Los liderados por Guido Manini Ríos intentaron promover en la cámara baja un aditivo que planteaba topear en cinco unidades reajustables el monto máximo de las multas por exceso de velocidad a nivel nacional. La iniciativa logró superar el trámite en comisión pero fracasó en el plenario, ya que no contó con los votos suficientes para ser aprobada. Hoy, la multa máxima que se aplica por ese concepto por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es de 15 unidades reajustables, que a la cotización actual equivalen a unos $ 24.300. Esta penalización se aplica en los casos en la que la infracción sea superar la velocidad máxima en el doble de lo permitido; un monto que los cabildantes consideraban excesivo.

A nivel departamental también hubo planteos en las últimas semanas. A fines de setiembre el Congreso de Intendentes acordó unificar el tope para este tipo de multas en 10 unidades reajustables. En este caso, la decisión solo es válida para los radares que están bajo jurisdicción de las respectivas comunas.

La unificación permitirá eliminar la diferencia de criterios que hasta el momento existía ante una misma infracción en distintos puntos del país. Según el relevamiento del Congreso de Intendentes, la comuna de Montevideo es hasta este momento la intendencia que aplica las multas más elevadas, llegando a las 12 unidades reajustables.