Generó un ruido interno que se hizo público, también preocupación en el oficialismo por la posible interferencia y un ida y vuelta propio de la campaña electoral. Pero la economista Laura Raffo -referente del nuevo movimiento blanco Sumar y probable precandidata del Partido Nacional- siguió adelante con su iniciativa y su agrupación concretó planteos específicos para ser incluidos en la Rendición de Cuentas que se discute en la Cámara de Representantes.

Las propuestas se presentaron con la convicción de que Sumar tiene la misma legitimidad para hacerlo que cualquier otro sector partidario del sistema político, más allá de la particularidad de que su líder no integra ningún cargo en el gobierno de Luis Lacalle Pou ni ocupa tampoco una banca en el Parlamento. Aunque sí es una de las apuestas fuertes del Partido Nacional para las elecciones internas de junio del año que viene.

“Fue una tormenta en un vaso de agua”, señaló una fuente de Sumar. “Hicimos el mismo procedimiento que hacían Alianza Nacional y el Herrerismo, cada uno por su lado, en las anteriores rendiciones de cuentas”, agregó en referencia a los dos principales sectores que hoy integran el paraguas conformado para proyectar a Raffo. “Con la diferencia -siguió el informante- de que en esta oportunidad convocamos a Laura para que transmita sus ideas”.

Los resquemores que generó este paso que dio Raffo tuvieron que ver con el rédito político que, entienden algunos dirigentes blancos y de otros partidos de la coalición de gobierno, pueda obtener la economista con este aterrizaje en la actividad legislativa, en donde, además -y a criterio de algunos de sus correligionarios consultados por El País-, no respetó ciertos “códigos parlamentarios”.

Sea como fuere, ella y los diputados de Sumar no se desviaron del plan, se reunieron virtualmente el sábado y definieron un planteo que ya fue transmitido al resto de los integrantes de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda -pues allí se discute la norma presupuestal que empezará a votarse hoy en este ámbito. La iniciativa, según supo El País, apunta directamente a intervenir en el Plan de Salud Mental y Adicciones, un asunto considerado prioritario por Lacalle Pou y para lo cual, de hecho, propuso destinar en esta actualización presupuestal una partida de US$ 20 millones.

La iniciativa de Raffo es incluir en este plan -que prevé refuerzos para diferentes programas ministeriales, ASSE y la Junta Nacional de Drogas- al Hospital de Clínicas, bajo el entendido de que este centro de salud -en rigor, la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la República (Udelar)- es uno de los principales lugares de recepción de pacientes con intentos de autoeliminación. E incluir al Clínicas significa, en concreto, que de esos US$ 20 millones de incremento de gasto para el denominado Plan Nacional para la Salud Mental y el Tratamiento de las adicciones, al menos US$ 3 millones (unos $ 120 millones) sean para el hospital público.

Es un planteo que, en nombre de Sumar, lo presentó el diputado Gonzalo Mujica, que se integró así a los que hicieron el resto de los partidos de la coalición de gobierno, y que en estas horas se analizan en el seno del oficialismo. Pero, al momento, la propuesta no reúne consenso, al menos en lo que refiere a la fuente de financiación propuesta, pues implica interferir con un plan ya diseñado por el gobierno.

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, visitó el Palacio Legislativo este domingo para recibir los planteos de los representante, y allí les comunicó que su cartera analizó que había cerca de $ 200 millones de todo el presupuesto que podían ser objeto de “reasignación” para atender algunas de las reivindicaciones de los socios del oficialismo.

Se trata de una cifra muy inferior al monto total de todos los reclamos de asignaciones, que asciende a más de $ 3.300 millones (ver recuadro), según informaron a El País fuentes parlamentarias.

Hoy está previsto que una delegación del MEF retorne al Parlamento para terminar de delinear las correcciones al proyecto y, entre otras respuestas, definir en qué grado o de qué forma puede ser contemplada la iniciativa de Sumar que no cuenta con adhesiones.

Los diputados de la coalición de gobierno trabajan sobre una lista de “pedidos” que supondría reasignar unos $ 3.353 millones. En la bancada oficialista admiten que la mayoría serán imposibles de cumplir. Aunque hay un consenso avanzado en contemplar unos $ 120 millones para diversos programas de la Universidad de la República, otros $ 45 millones para ampliar el Plan de Salud Mental a policías y a presos y otros $ 70 millones para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). También para redirigir $ 22 millones a la creación de un nuevo tribunal de Apelaciones en Familia.

Existen otras propuestas que, aún presentadas, no tienen una financiación clara. Es el caso de los $ 1.300 millones que Ciudadanos le quiere dar de refuerzo a la educación, o los $ 1.500 millones que Cabildo Abierto propone reasignar para incluir a las Fuerzas Armadas en el Plan de Salud Mental e incrementar los salarios del personal militar. El planteo cabildante había sido adelantado por el senador Guido Manini Ríos este domingo en entrevista con El País. Por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter propuso derivar unos $ 95 millones, hoy en el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización, para destinarlos a la compra de un terreno en el que se instalaría el obrador para la construcción de la proyectada represa de Casupá, en Florida.