Redacción El País
El País accedió este viernes al texto completo del veto parcial que resolvió el presidente Luis Lacalle Pou ante la ley aprobada en el Senado para terminar de resolver asuntos vinculados al cierre de la mutualista Casa de Galicia.

La ley contó con el apoyo del Frente Amplio y de algunos integrantes de la coalición de gobierno, como los tres senadores de Cabildo Abierto, dos del Partido Nacional, Sergio Botana y Juan Sartori (representado por su suplente y madre, Rosina Piñeyro), y uno del Partido Colorado, Germán Cardoso.

Pero el mandatario resolvió observar tres artículos de la ley votada "por razones de constitucionalidad y conveniencia". Entre otras cosas, señaló que el proyecto aprobado viola dos artículos de la Constitución.

Para Lacalle Pou, los artículos observados, que son los primeros tres del proyecto, pretenden establecer “un sistema de garantías de los créditos laborales específico para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”. Esto porque “se fijan plazos más breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados”, entre otros elementos, y esto “sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”.

“Pero aún resulta ser más cuestionable”, dice el presidente, “que se utilicen los fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%”, que “grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlos a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso los trabajadores de la ex Casa de Galicia”.

En este sentido, el mandatario consideró que estos artículos observados vienen a aplicar la ley del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social “en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores en perjuicio del resto”, lo que a su entender es una violación del artículo 8 de la Constitución.

En cuanto a la violación del artículo 86, dice Lacalle Pou, los artículos que veta llevan “irremediablemente” al “desfinanciamiento” del fondo, por lo que el Poder Ejecutivo deberá asistirlo, algo que no puede establecerse por fuera de una ley presupuestal como el Presupuesto Nacional o las Rendiciones de Cuentas.

El mandatario también consideró que “no es posible conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá estar asistiendo” al mencionado fondo, lo que “afecta las disponibilidades del Tesoro y altera la planificación financiera, justificando también una observación por razones de mérito”.

De todas formas, propuso artículos sustitutivos, que deberán ser analizados por la Asamblea General.

Para el mandatario, estos artículos que propone “mantienen la posibilidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores de la ex Casa de Galicia” pero “no afectan las existencias” del fondo, “manteniendo su solvencia actual”. Pero, además, “determinan el aporte del Estado a una suma determinada, permitiendo el cuidadoso y responsable manejo de los recursos del Tesoro Nacional a cargo del Poder Ejecutivo, sin alterar las disponibilidades más allá de lo financieramente posible”.

El nuevo monto que propone para el denominado Fondo de Insolvencia de Casa de Galicia tendrá unos US$ 8 millones provenientes de Rentas Generales, un monto menor al previsto en el proyecto aprobado, que preveía cubrir el pago de créditos laborales por hasta US$ 20 millones.

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