La asignación de recursos del gobierno nacional a las intendencias vuelve a estar en el tapete. Mientras cada Junta Departamental debate la última Rendición de Cuentas con posibilidad de aumentar el gasto en este período, se reactiva un “reclamo histórico” de Montevideo y Canelones, dos departamentos que desde hace años señalan que son los que menos asignaciones reciben en proporción a lo que aportan a nivel nacional.

A su vez, en el Congreso de Intendentes se debate la aplicación de una normativa -que tuvo varios aplazamientos- que modificó cómo se reflejan los egresos de los fideicomisos solicitados por las comunas. A mitad del período, hay quienes entienden que la nueva disposición podría generar una “distorsión” del resultado acumulado expuesto hasta ahora.

El gobierno capitalino, liderado por la intendenta frenteamplista Carolina Cosse, lo planteó directamente en la exposición de motivos de su propuesta para 2024 y 2025. Allí, la administración hizo una “evaluación comparativa de las finanzas departamentales”, desmenuzando las transferencias del Poder Ejecutivo al gobierno de Montevideo y a los 18 restantes del interior.

Tomando como referencia los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Intendencia de Montevideo (IMM) concluyó que, si se analiza la variación real de las transferencias entre 2021 y el promedio de 2019 y 2020, hubo una caída de 18,4% para el gobierno capitalino, mientras que las partidas para el total del interior solo disminuyeron 0,6% en promedio.

Para estar en igualdad de condiciones durante este período, según la comuna, debería haber recibido cada año, en promedio, 664 millones de pesos más. La exposición de motivos desglosa cómo se llegó a este monto.

“Lo pusimos porque entendemos que ha habido un sesgo importante en la asignación de los recursos de origen nacional. El peso relativo de Montevideo ha ido bajando”, señaló a El País el director de Recursos Financieros de la IMM, Mauricio Zunino.

El jerarca indicó que, a su vez, al explicitar la diferencia buscaron dar a conocer que el grueso de las políticas en Montevideo “se generan con recursos propios”. En general, en el resto de los departamentos hay mayor equilibrio entre los fondos propios y las transferencias del Gobierno Central. “En la IMM, aproximadamente 10% del presupuesto global es lo que se obtiene del gobierno nacional”, sostuvo Zunino.

El planteo de la comuna capitalina también es de recibo en Canelones. En el departamento gobernado por el intendente frenteamplista Yamandú Orsi, observan igualmente una diferencia en relación a las demás comunas. En este período, solo un 22,8% del presupuesto corresponde a las transferencias del gobierno nacional, indicó a El País el contador Gabriel Camacho, asesor financiero del jefe comunal canario.

Si bien no lo dice en la Rendición de Cuentas, para esta administración, el mayor revés fue la suspensión de partidas para el Fondo del Área Metropolitana, que se dio en el último presupuesto quinquenal.

“Claramente hay un reclamo histórico. Es difícil entender cómo Montevideo y Canelones reciben en promedio 20% del Presupuesto Nacional, cuando hay intendencias que casi que viven por estos ingresos. Me parece que debería llevar un tiempo corregirlo”, señaló Camacho, y agregó que, en su momento, el fondo se creó como una forma de compensar “mínimamente” a los dos departamentos que más aportan al Producto Bruto Interno del país.

Esta visión no es compartida por otras comunas. Reunido con el intendente nacionalista Carmelo Vidalín, el director de Hacienda de Durazno, Sebastián Erviti, planteó ayer a El País que es un reclamo a destiempo. “En este momento no es de recibo, porque hace ya tres años que se aprobó la Ley de Presupuesto. Las partidas que les tocan a todos los gobiernos departamentales se negociaron a través del Congreso de Intendentes antes de que la ley entrara al Parlamento”, valoró el contador.

Además, en consonancia con fuentes municipales de otras comunas gobernadas por el Partido Nacional, descartó que esta administración haya tenido un “sesgo” al disponer de los recursos. “Con ese criterio se podría pensar que en anteriores períodos hubo un sesgo y no lo pensamos. Creo que (en 2020) se negoció lo mejor que se podía negociar para el Congreso de Intendentes, integrado por todos”, dijo.

Ahora, cada Junta Departamental deberá debatir la última modificación presupuestal del período 2020-2025.