"(Alejandro) Recarey falló más como ciudadano que como juez", apuntó OSE en su apelación al fallo del magistrado que el 24 de junio ordenó suspender el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil, para el desarrollo del Proyecto Arazatí.

Recarey "no resolvió en virtud de las pretensiones y argumentos planteados por las partes, sino en base a su subjetividad, y a una preexistente y evidente convicción personal contraria al proyecto", señaló la defensa de la empresa pública, a la que accedió El País.

La defensa encabezada por el abogado Rogelio Riviezzo argumentó que cuando el juez enumeró sus críticas, como que "pueden haber otras alternativas posibles al Proyecto Arazatí", son aspectos "de competencia propia del Poder Ejecutivo", y que Recarey se excedió "en su pronunciamiento" e invadió "improcedentemente la competencia de otro Poder del Estado".

"Si en el proceso no se dispuso prueba pericial, ¿en qué conocimiento o asesoramiento técnico se basó el Juez para plasmar un cúmulo de conclusiones técnicas en la sentencia?", criticó OSE en su apelación respecto a varios cuestionamientos que hizo el magistrado.

Para la empresa estatal "es claro" que Recarey "tenía una preexistente posición contraria al Proyecto Arazatí", y que interrogó a "testigos" que "en definitiva justificaran su convicción personal", agregó la apelación.

"El Proyecto no violenta ningún precepto constitucional", aseguró la empresa pública, aludiendo a las críticas del juez. "Yerra groseramente el sentenciante y en base a tan grueso error concluye equivocadamente en que se está 'privatizando' y 'mercantilizando' el agua".

"Quizás su predisposición contraria al Proyecto no le permitió siquiera interpretar correctamente la operativa del contrato y las obligaciones que del mismo claramente derivan para cada una de las partes", añadió, en esa línea, el escrito de 130 páginas.

OSE insistió que con Arazatí tendría "el manejo y la operación" de la nueva planta potabilizadora, parte central del proyecto, que viene a reforzar el abastecimiento de Montevideo, Canelones y zonas aledañas.

La defensa estatal planteó, además, que se "contrató el diseño, la construcción, el mantenimiento" de Arazatí, "quedando la operación de la misma (potabilización) a cargo de OSE, así como el traslado y distribución de esa agua que OSE potabilizó".

"En definitiva, el servicio público de abastecimiento de agua potable a la población es y seguirá siendo prestado por esta administración de manera directa y exclusiva", enfatizó la empresa estatal en su apelación.

Respecto a la calidad del agua, OSE apuntó: "No habiendo sido diligenciada prueba pericial alguna al respecto, cabe preguntarse en qué se basó el sentenciante para tener por acreditada la problemática en la calidad del agua que vaticina". "Sorprende que puedan hoy expedirse respecto de la calidad del agua que se consumirá dentro de más de dos años", añadió.

Otro aspecto que marcó OSE es que se requeriría otra obra para reforzar el abastecimiento, tal como han insistido las autoridades desde que impulsó este proyecto, sobre todo tras el pasaje de la peor sequía desde que se tienen registros en 2023.

"Es prueba suficiente para concluir que el tema no admite ninguna dilación", la obra que implicará una inversión privada de US$ 300 millones, que OSE pagará unos US$ 900 millones mediante el pago por disponibilidad en un plazo de 17.5 años.

"¿Conforma para las promotoras y para el sentenciante un medio ambiente adecuado exponer a la población a un gravísimo problema sanitario y peligro de enfermedades de transmisión por la higiene en ausencia de agua?", alertó la empresa pública.

OSE, además, cuestionó la postura de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que busca junto a la organización civil Tucu Tucu, frenar la firma del contrato el grupo privado.

"Sorprende" la postura de dicha comisión de "cuestionar la legitimidad" de OSE respecto a la participación de privados en Arazatí, cuando "la totalidad de la operación y del mantenimiento del saneamiento de Montevideo está en manos de una empresa privada".

Recarey "le termina confiriendo a éstos 'simples ciudadanos', a éstos 'hombres de a pie', que se insiste no sabemos con fehaciencia quiénes y cuántos son, y a quiénes efectivamente representan, en tanto de ello nada se ha acreditado en el proceso, el poder de imponer su voluntad y con ello impedir que 1.800.000 ciudadanos puedan tener otra alternativa que les brinde seguridad en el suministro de agua potable, dejando de depender como sucede hoy exclusivamente de la Planta de Aguas Corrientes y de la cuenca del Santa Lucía", agregó el servicio descentralizado.

Recarey "ordenó" el 24 de junio a OSE que “no suscriba” el contrato con el consorcio privado que ganó la licitación en agosto de 2023 “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.

Tomó la medida tras “suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”, aludiendo a una presunta contravención con el artículo 47 de la Constitución de la República.

Así como también apuntó que hay “extremos indiciarios serios” de que se “podría estar optándose por servir” a la población del área metropolitana de un agua de “menor calidad que la que podría disfrutar”.