La bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el Senado presentó este lunes un proyecto de ley que propone limitar la jornada laboral hoy vigente y llevarla a un máximo de 40 horas a la semana para todos los sectores de actividad en el Uruguay.

La propuesta, a la que accedió El País, plantea un mecanismo paulatino a completar luego de cuatro años de que la ley entre en vigencia. Así, en el primer año el régimen pasará a 46 horas a la semana, en el segundo año habría una nueva baja a 44, en el tercero pasaría a ser de 42 y, finalmente, al cuarto año quedaría fijado en el límite planteado.

En ningún caso esta reducción horaria implicaría una rebaja salarial o habilitar una disminución proporcional de los haberes, aclara el texto.

La bancada del mayor sector del Frente Amplio apunta además a que esta eventual ley no será de aplicación en aquellos sectores que tengan hoy sistemas más beneficiosos, ya sea a través de normas especiales, convenios colectivos o laudos de Consejos de Salarios.

En el proyecto se alude a que la Constitución reconoce en su artículo 54 la limitación de la jornada laboral como un derecho para los trabajadores en relación de dependencia. Recuerda además que desde 1915 rige la limitación de ocho horas al día y de 48 horas a la semana de esa jornada, en lo que fue una de las primeras leyes sancionadas al respecto a nivel mundial.

Luego llegaron otras normas similares para actividades específicas como el comercio (1974), empleo doméstico (2006) y la actividad rural (2008). Hoy, se subraya, Uruguay está entre los países de América Latina en los que, en promedio, se trabaja más horas a la semana: 42,1, solo superado por El Salvador.

"El mundo del trabajo como tal lo concebimos hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos, como es la resolución del conflicto con las nuevas tecnologías", dice el proyecto. "El avance de la inteligencia artificial aparece en el centro de este profuso debate, que arroja consecuencias en el desempleo, la función y el financiamiento de los sistemas de seguridad social y la economía", se afirma.

El MPP alude al caso de algunos países que ya han optado por reducir la jornada laboral como forma de enfrentar estos problemas, sin que esto suponga una rebaja salarial ni afecte los ritmos de producción. Allí están los ejemplos de Chile y Ecuador, que redujeron la jornada a 40 horas semanales, o Argentina y Colombia, que están discutiendo a nivel parlamentario iniciativas en este sentido.

"Obviamente que los sectores conservadores se oponen férreamente a esta acción, argumentando que tienen un impacto directo sobre sus costos", señala el sector. "Olvidan que de la asociación de las nuevas tecnologías con el trabajo humano se obtiene mayor productividad y, por ende, su renta no se verá afectada", agrega. El proyecto del MPP asegura que, por el contrario, sus márgenes de ganancia se incrementarán sensiblemente.

El PIT-CNT puso sobre la mesa la reducción de la jornada laboral el pasado 1 de mayo, en su plataforma por el Día Internacional de los Trabajadores. En este caso, lo que planteó la central es llevar la jornada a seis horas diarias. El Poder Ejecutivo, en tanto, se ha mostrado escéptico ante esta posibilidad.

El jueves pasado al participar en un coloquio sobre el tema el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sostuvo que los ejemplos que hoy existen en Uruguay sobre una jornada laboral reducida están vinculados siempre a una mejora en la productividad de los trabajadores. El jerarca puso como ejemplo la bebida, la construcción y algunos sectores metalúrgicos.

"Ese es el gran desafío", apuntó Mieres en la charla. "Cómo generar una reducción de tiempo que simultáneamente no implique para la empresa una caída en su rentabilidad", dijo. En caso contrario, advirtió, lo que habrá será una pérdida de puestos de trabajo.

El ministro de Trabajo concluyó que el mejor ámbito para discutir esta posibilidad es la Negociación Colectiva.