Fue uno de los temas centrales de la campaña electoral y continuará en debate durante el gobierno de Yamandú Orsi. La reducción de la jornada laboral es una de las batallas que da el Pit-Cnt —ya se lo planteó de manera formal al próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo—, que está en las bases programáticas del Frente Amplio y cuyo sector principal, el MPP, buscó plasmarlo en un proyecto de ley que presentó a mediados de 2023. Pero desde el sector empresarial hay cierta resistencia, sobre todo a implementarlo de manera general a todas las actividades, aunque con una postura abierta al análisis.

Castillo respondió en diciembre que está dispuesto a estudiar el tema y recordó que ya se legisló en España, Colombia y Chile, y días atrás subrayó que el asunto "no es un tema tabú" y que incluso "hay varias ramas de las actividades laborales" que naturalmente han ido evolucionando en esta dirección.

El tema está instalado y parece que marcará el siguiente período. Quien será asesor de Orsi de forma honoraria, Richard Read, volvió a plantear su postura al respecto este domingo: consideró en entrevista con El País que es viable que todos los trabajadores se vuelquen a las seis horas, tal como lo logró el sector de la bebida. Al mismo tiempo, cree que el Estado “tiene que tener un rol fundamental, dando, por ejemplo, oxígeno, crédito fiscal, apoyo, para esas empresas que no se sostienen con la jornada de seis horas”.

Una postura similar —sobre la necesidad de la ayuda del Estado— tiene el presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu). Daniel Fernández —que consideró “inviable” ir a las seis horas en el sector del comercio— entiende que habría que conversar “muchísimo” y que el Estado debería “apoyar en muchas cosas” como en hacer “exoneraciones” al comienzo de una eventual transición.

Fernández entiende que la reducción sería una situación compleja para el comercio, y que no es posible que mañana se decida hacer un cambio hacia las seis horas en todos los sectores de actividad. “Así no la podés llevar”, indicó a El País, y continuó: “Cualquier comercio de cercanía abre a las 8:00 y cierra a las 22:00. Es casi un turno y medio de trabajo: ¿qué vamos a hacer, poner un empleado más?”.

Ante la consulta de si los comercios podrían abrir menos horas, como sucede en otros países, contestó que son “cosas a discutir”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, indicó a El País que están “abiertos a discutir” una reducción de la jornada laboral pero adelantó que no sería para todos los sectores por igual.

Dos de los puntos que se deberán tratar en una eventual discusión —continuó el empresario— son la productividad —que no es igual en todas las empresas, incluso dentro de la misma actividad—, y que “hoy trabajar seis horas y ganar por ocho generaría un costo muy elevado a las empresas” porque van a “faltar horas de trabajo”.

Ante la mención de que el sector de la bebida logró la reducción de horas, contestó: “Habrá que ver qué hicieron y en qué escenario se mueven. Estudiémoslo si es viable aunque tenemos claro que no es un ‘copie y pegue’” a otros sectores.

Y continuó: “¿Qué se busca desde el lado de quienes lo plantean? Algo muy loable y defendible: que el trabajador tenga mayor posibilidad de esparcimiento y dedicarle más tiempo a la familia. Nos parece bárbaro. El tema es si en la práctica se da o si se sale a buscar otro empleo. Entonces, estamos haciendo cosas que realmente no sirven y afectan al sistema productivo”.

Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, su presidente Amilcar Perea no cree que la reducción de la jornada laboral “sea una prioridad para el sector” así como tampoco considera que sea “una de las claves en las relaciones laborales” con los trabajadores “ni desde el punto de la competitividad” de las empresas.

En ese sentido, destacó en diálogo con El País que las empresas del sector tienen un “régimen de trabajo súper flexible con muchísimo trabajo remoto que permite combinar la vida personal con las obligaciones laborales”.

Y continuó: “Ya se están dando una serie de beneficios importantes para los colaboradores de todas las empresas, en lo que hay que seguir trabajando. Nuestra materia prima es la capacidad de nuestros colaboradores y competimos con el mundo, que es bastante más barato que Uruguay. Por lo tanto, si tomamos algunas decisiones que nos puedan sacar de mercado, probablemente no podamos aprovechar todas las oportunidades que tenemos”.

Ante la consulta de si ya no se aplica la jornada de seis horas en la tecnología, respondió: “No hay un control estricto de horarios. Es mucho más el ‘sacar’ el trabajo y completar las tareas. Hay muchísima libertad. No es un sector donde necesitemos hacer funcionar máquinas o turnos pero sí es cierto que, por ejemplo, en el ecommerce hay una serie de tareas que tienen que ver con el reparto de horario y el trabajo 24/7”.

Cómo se instrumentará la reducción de la jornada laboral será parte de las discusiones que tendrá el sistema político en este período y, en particular, el Frente Amplio.

El futuro ministro de Trabajo, Castillo, ya señaló días atrás que se inclina a que este debate se procese en "los acuerdos tripartitos". Es decir, en el ámbito en el que se alcanzan "los consensos", antes que en la rigidez que ofrece un proyecto de ley. "Primero (hay) que debatirlo, discutirlo, escuchar la opinión de los actores y, luego, si esto merece que tenga una cobertura legal, (habrá que) enviar el proyecto de ley", dijo en rueda de prensa la semana pasada.

Pero no necesariamente hay unanimidad al respecto. Porque, por ejemplo, en junio de 2023, la bancada del MPP presentó una iniciativa que buscaba limitar la jornada de trabajo y llevarla a las 40 horas, mismo marco sobre el que se habla ahora. Entre otras cosas, como consignó entonces El País, aquel proyecto proponía un mecanismo paulatino a completar luego de cuatro años de entrada en vigencia la ley. Así, en el primer año el régimen pasaría a 46 horas a la semana, en el segundo habría una nueva baja a 44, en el tercero pasaría a ser de 42 y, finalmente, al cuarto año quedaría fijado en el límite planteado.

Y ningún caso esta reducción horaria implicaría una rebaja salarial o habilitar una disminución proporcional de los haberes, aclara el texto.