El Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento, a más tardar en la primera quincena de julio, dos proyectos de leyque atiendan, cada uno de forma independiente, la situación de la Caja de Profesionales Universitarios y de la Caja Bancaria. Se procura que esos textos reúnan un entendimiento general con todos los involucrados y permitan una salida satisfactoria al problema, con una premisa clara: la reforma es inevitable y deberá producirse a corto plazo.

En gobierno prefieren mantener cautela a la hora de describir los lineamientos generales de esa reforma, ya que se considera que la reserva es la mejor manera de asegurar que las negociaciones sean exitosas. De todas formas, ya hay algunos datos. Uno de ellos es que ambas cajas deberían adelantar los procesos de convergencia con respecto a lo previsto en la ley que recientemente reformó el sistema jubilatorio general, y que prevé el inicio de esos procesos en 2033. "Tendríamos que tomar decisiones que adelantaran esa convergencia", aseguró el pasado jueves ante ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

El otro dato es que, según el ministro, el "camino de salida" para ambas cajas será "costoso", ya que implicará cargas sobre los distintos actores. También, advirtió, sobre el Estado. Es decir, sobre todos los uruguayos. Allí el ministro se adelantó y dijo estar seguro de que el gobierno tendrá un problema de "opinión pública al revés". Es que, mientras profesionales y bancarios representan colectivos específicos, el Estado "lo formamos todos los uruguayos" y todos deberemos contribuir "de una manera u otra" para que la salida se concrete.

Mieres espera resistencias. "Esto puede generar manifestaciones críticas en algunos sectores que podrían preguntarse ¿por qué nosotros vamos a tener que formar parte de la solución si no tenemos nada que ver con eso?", señaló.

El gobierno, señaló Mieres, tiene plena conciencia de que el tema requiere urgencia, y por dos razones. Una es que la Caja de Profesionales debe corregir sus características actuales para evitar llegar a lo que se teme: que no pueda afrontar el pago de jubilaciones. Otra, es que cualquier proyecto de ley de este tipo tiene necesariamente que ser aprobado antes del 31 de octubre. El motivo es que la Constitución prohíbe que después esa fecha se voten leyes que implican modificaciones relacionadas con la seguridad social, tomando en cuenta que 2024 será un año de elecciones.

Por lo tanto, ambos proyectos deberán ser discutidos y aprobados en ambas cámaras del Parlamento en menos de 90 días.

El ministro garantizó por otra parte que las dos cajas seguirán existiendo y que es decisión del gobierno evitar que alguna de ellas incumpla con el pago de jubilaciones y pensiones. En el gobierno se optó por mencionar cifras a la hora de graficar la magnitud del problema. Gustavo Michelín, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), señaló que si no se tomara ninguna medida el déficit de ambas cajas implicará US$ 250 millones anuales. "Poco más de una Rendición de Cuentas ya estaría gastada por año por el déficit de estos institutos", dijo.

Mieres habló de una situación de deterioro "no repentino, pero sí descubierto tardíamente" en ambas instituciones con un creciente pérdida de patrimonio y la necesidad de modificaciones significativas en las "reglas de juego" para asegurar su viabilidad patrimonial, económica y financiera.

La "primera señal", dijo, llegó a fines de 2020. Los problemas de funcionamiento en el Poder Judicial debido a la pandemia derivaron en un pedido de suspender los aportes de los profesionales del Derecho. La respuesta de la Caja de Profesionales fue que, si se producía ese faltante, iba a haber dificultades. "Allí se nos prendió la luz naranja", señaló Mieres. Al evaluar la situación se determinó que dicha caja no iría a poder asumir sus obligaciones en un plazo relativamente breve si no se producían cambios.

En el caso de la Caja Bancaria, el ministro señaló que la alarma llegó de manera más repentina. El directorio de la institución negaba hasta el año pasado problemas patrimoniales y aseguraba que se trataba de una situación a corto plazo.

El estudio para la reforma de la Caja Profesional implica algunos aspectos particulares. El director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos, indicó que las proyecciones se realizan mediante un "análisis sensibilizado" y otro "no sensibilizado. Según explicó, en el primero se trata de considerar de qué manera reaccionarán los afiliados frente a eventuales medidas. Por ejemplo, el aumento en las tasas de aportes. Para la propuesta, dijo García Zeballos, se tomó como base un documento que la propia caja presentó a fines del año pasado.

La necesidad de mantener reserva sobre los aspectos que se están negociando fue defendida en la comisión por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que advirtió sobre el peligro de que se desarticulen las negociaciones. Bianchi aludió allí a la "resistencia" que la reforma genera en determinados sectores universitarios. No así, señaló, entre los bancarios. "Al fin se dieron cuenta de que se les estaba cayendo el mundo encima", dijo.

La senadora sostuvo que existen una cantidad de cosas a considerar para tratar de tender qué les pasó a las cajas, justificar lo que les pasó y buscar responsables.