Redacción El País
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue consultado este miércoles por el proyecto de ley para la reforma que busca salvar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y aseguró que "los contenidos concretos y definitivos" todavía no están determinados y "todavía tiene algunos ajustes para hacer".

Entre las "cosas que se expresan allí que no están en el proyecto final", según el ministro, se encuentra el punto contenido el el "proyecto de ley exprés" planteado en diciembre, donde se apunta que "quienes declaren no ejercicio deberán abonar en cada declaración, por concepto de gastos de administración y fiscalización, el monto que el Directorio disponga por reglamento".

"Eso se manejó en algún momento, pero no está incluido en la versión final o por lo menos es un punto que no está definido", aseguró Mieres en diálogo con Así nos va (Radio Carve).

Consultado por el texto de cinco artículos que dio a conocer la asociación de afiliados a la caja, Mieres aseguró que no se ajusta al documento final que será presentado ante el Parlamento.

"Lo que sí puedo decir es que va a haber una solución que implica incremento de aportes de los activos, alguna contribución de los pasivos y asistencia financiera del Estado, que son los tres componentes centrales para dar viabilidad razonable a la caja. Es lo que puedo responder genéricamente", agregó Mieres y confirmó que tanto el proyecto para la Caja Profesional como el proyecto para la Caja Bancaria serán presentados a fines de esta semana o principio de la semana próxima.

Según el texto difundido por los afiliados, dentro de los artículos que contendría el proyecto, se establece que la Cjppu podrá requerir información al Banco de Previsión Social (BPS), a la Dirección General Impositiva (DGI) y demás organismos públicos estatales y no estatales, con relación a sus afiliados y empresas contribuyentes y sin que se requiera el consentimiento de los titulares de los datos requeridos.

También definiría modificaciones regulatorias, como establecer que la tasa de aportación de los activos pasen del 16,5% al 19% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal sean de aplicación.