Reforma del Estado “no fue prioridad” para el gobierno y “hubo resistencias” en Torre Ejecutiva, sostiene Ramos

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, perteneciente al Partido Independiente, dijo temer que el próximo gobierno no implemente los cambios que se voten en la Rendición de Cuentas.

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Conrado Ramos
Conrado Ramos, exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en su oficina de la Torre Ejecutiva en Montevideo
Estefania Leal/Archivo El Pais

Recibe a El País en su oficina del piso 3 de Torre Ejecutiva con el sabor agridulce de ver plasmada en el papel la Reforma del Estado, pero también saber que no se aplicará en este período. Tiene asumido que la iniciativa de la que es artífice no es prioridad para el gobierno y reconoce el “riesgo” de que el próximo ni la tome cuenta. Pero dice que el esfuerzo que se realizó “valió la pena” para modernizar el empleo público.

-Parece que la tercera fue la vencida. Después de dos intentos en gobiernos anteriores, esta Rendición de Cuentas incluye, al menos en el papel, la reforma del Estado. ¿Qué sensaciones le deja?

-Tiene dos ventajas frente a los intentos anteriores. Por un lado tiene la aprobación de todas las cátedras de derecho constitucional. Por el otro, tiene el apoyo de los trabajadores. COFE ha ayudado enormemente a mejorar el articulado. Lo hemos discutido mucho con ellos. Claro, ellos objetan la línea salarial planteada, que dicen es muy macheta. Pero tuvimos que poner mínimos y máximos en cada escalafón porque no se podía ir con un cheque en blanco al Parlamento. Tal vez habría que elevar la línea base.

-¿Cuál es la base salarial propuesta en esta reforma, en promedio?

-La reforma define el valor de cada ocupación. Cada una estará asociada a una escala retributiva con 22 niveles de pago. Para el escalafón Profesional y Técnico, la escala irá desde los $ 51.460 hasta los $ 126.018. Para el Administrativo y Especializado, será de entre $ 42.803 y $ 79.413, y para el de Servicios Generales la escala irá de $ 30.174 a $ 58.916. Quedaron definidas unas 125 ocupaciones, y otras 20 en el nivel de dirección. Esto empezaría a ordenar la cancha. El sistema hoy es de una irracionalidad brutal. En algunos organismos no conviene asumir como jerarca. Los jóvenes se nos van, se pelan del Estado, salvo la gente con poca calificación, que esté medio en la lona y que quiera estabilidad. Ahí sí tenés colas. Pero la gente que quiere progresar, que vuela, se te va.

-Esta reforma estaba incluida en el “Compromiso por el país” firmado por la actual coalición de gobierno en 2019. Más allá del tiempo lógico de trabajo ¿A qué atribuye la demora en la definición?

-Los tiempos políticos. Primero llegó la pandemia. Después estuvo la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Había temores de que la reforma no fuera aceptada por los trabajadores con la discusión de la LUC de por medio. Y es claro que esto no ha sido una prioridad. No se necesita ser muy sagaz. No fue fácil lograr incorporarla en el presupuesto. Es más, la condición fue que no se fuera a implementar en este período de gobierno.

-¿En dónde hubo resistencias?

-En el Poder Ejecutivo.

-¿Quiénes?

-No voy a especificar. El presidente estaba alineado, pero en un momento se decidió que la carrera no iba. Luego que sí. Yo ya había dicho que no estaba acá atornillado. No es que esté feliz. Perdemos una oportunidad histórica para implementar esta reforma. Y se corre el riesgo de que el próximo gobierno decida no implementarla.

-¿Esto no es un “saludo a la bandera”, entonces?

-Creo que el esfuerzo vale la pena. Va a quedar una herramienta muy testeada. Hicimos un análisis enorme de todos los factores, de todas las compensaciones que se cobran en el Estado y de cómo, con esas compensaciones, pueden financiarse nuevas ocupaciones. Esto puede ser visto como un saludo a la bandera, pero también como una oportunidad. Trabajamos muchísimo. Es dificilísimo valorar una ocupación. Ganamos una metodología y este tema ya no es ajeno a la gente. Si el día de mañana a alguien se le ocurre mover la línea salarial, es muy fácil calcular el costo.

Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil
Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Foto: Estefanía Leal

-¿Le parece que quedó algo pendiente en la reforma que se incluyó en la Rendición de Cuentas?

-Por reforma del Estado se pueden entender muchas cosas: la estructura del sector público, si se quiere un Estado de bienestar o un Estado mínimo, si se tiene un sistema integrado de salud o no. En este caso, la reforma tuvo que ver con cómo se gestiona lo público, con la modernización del empleo público. Podría haber incluido algo en lo que no se ha avanzado, que es un presupuesto por resultados y productos.

-¿Y por qué no se hizo?

-Hay una resistencia en el sistema político a ingresar en ese tema. Lo quise impulsar cuando estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y fracasé con total éxito. Si me preguntás, falta muchísimo. No está encarada una necesaria innovación institucional. En el Estado no está claro quién diseña las políticas, quién las regula y quién las implementa. Lamentablemente, en todo esto se ha avanzado muy poco.

-¿No hubo espacio para incluir esos cambios?

-No fue una prioridad, así que por eso ni me metí. Apenas puedo tratar de avanzar en esto. La innovación institucional es un tema pendiente.

-¿A nadie le conviene políticamente avanzar en una reforma de este tipo y modificar las características del Estado que tiene Uruguay?

-Es cierto que a los políticos les cuesta. De todas formas, logramos mucho. Es mucho poder tener la oportunidad de explicar esto en el Parlamento. El tema además está en la discusión pública y hubo una respuesta muy interesante por parte de los funcionarios.

-¿Cuánto costaría implementar esta Reforma del Estado, tal como está planteada en la Rendición de Cuentas?

-Costaría $ 520 millones. Esto equivale al 3,6% de la masa salarial actual. Habría que hacer una inversión en la línea salarial, sobre todo en los sectores a los que técnicamente se quiera favorecer. Hoy en algunos lugares los salarios se destopearon, pero de forma totalmente absurda y arbitraria, en base a criterios políticos.

Se la ve más como un riesgo que como una oportunidad. Es más fácil cortar cintas”.

-¿Se trata de un cambio cultural, más que normativo?

-Es una herramienta que el próximo gobierno deberá definir si utiliza y si decide avanzar en esto. Para eso debería darse cierto interés ciudadano, que es lo más difícil de lograr. También que los funcionarios especializados en estos temas en los distintos ministerios comiencen a presionar por una reforma de este tipo. Algo que en Uruguay sigue siendo muy difícil. Quizás, lo que se necesite sea una ventana de oportunidad. También se tienen que multiplicar las voces a favor en el sistema político.

-¿Por qué no existen esas voces?

-No le ven el atractivo ni la utilidad. Es más fácil cortar cintas. A la reforma del Estado se la ve más como un riesgo que como una oportunidad. El riesgo de que si soy un ministerio rico, si me eliminan las compensaciones, voy a dejar de ser rico y pasar a ser como los demás ministerios. También está el riesgo de veto de determinados actores o funcionarios, que pueden ver que la reforma los va a perjudicar y que con ella tienen cosas para perder.

-La discusión está hoy en torno al nuevo decreto sobre las certificaciones médicas en el Estado. Es otro tema que se viene discutiendo desde inicios de este gobierno y que recién en estas últimas semanas quedó reglamentado. ¿A qué atribuye la demora en la definición?

-Yo vengo trabajando hace dos años en este tema. Cuando en su momento presenté los datos sobre las certificaciones ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ante Presidencia, se generó mucho ruido. Empezamos a trabajar hasta que finalmente todo este tema de las certificaciones fue incluido en la Rendición de Cuentas que se aprobó el año pasado. Lo que queríamos era que no fuera una copia del sistema de certificaciones que existe en el sector privado. Allí se negoció el tema de los días y que existieran enfermedades remuneradas, que no se descontaran. También como se irían a pagar. Si iba a ser un subsidio o si no lo sería.

-¿Cuál fue el rol de su oficina?

-La elaboración del decreto fue muy compleja y, realmente, quedaron muchos puntos que necesitaban de una definición política. Esa definición se tomó, pero la Oficina Nacional de Servicio Civil no participó en ella. No estoy siendo vocero en este tema porque hubo decisiones en las que no participé.

-COFE sostiene que no existió un aviso, una reunión previa en los ámbitos establecidos…

-Eso es cierto. Pero yo no voy a discutir las decisiones del Poder Ejecutivo. Es cierto que veníamos trabajando en este tema con COFE. No voy a cuestionar nada, pero no puedo ser vocero de algo que salió con determinadas características, que no estoy en condiciones de explicar porque la Oficina Nacional del Servicio Civil no participó.

llamados: intendencias no cumplen con la ley

-En este contexto de discusión sobre la reforma del Estado, ¿cuál es la situación con las intendencias?

-Son autónomas completamente, y tienen su propio sistema. Con las intendencias tenemos un gran problema, y es que, cuando lo hacen, no publican los llamados para contratar gente. Deben hacerlo en la página web de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Están obligadas por ley, pero incumplen sistemáticamente. Una de las con- secuencias de este incumplimiento es que, cuando nosotros nos ponemos a controlar el cumplimiento, por ejemplo, de la ley de cupos en el ámbito laboral, nos resulta imposible. Sistemáticamente incumplen en publicar los datos.

-¿No hay diálogo con ellas o un pedido explícito para que cumplan la norma?

-Pero no lo publican. Y la ley dice que si no publican están cometiendo falta grave.

-¿Pero no hay multas o sanciones que se les pueda aplicar ante este incumplimiento?

-Hay sanciones que se pueden aplicar, pero en realidad estas son un saludo a la bandera.

-¿Y cuáles serían las intendencias que más incumplen esta obligación?

-No las voy a nombrar. Pero son incumplidoras seriales, y eso es un gran problema.

-¿Esto no representa un agujero negro en la reforma del Estado, una vez que se quiera aplicar?

-Allí está todo el tema de las autonomías. Lo que debería pasar es que el Poder Ejecutivo debería sentarse y hablar seriamente con el Congreso de Intendentes para intentar lograr un consenso político. Las intendencias son un territorio político muy complejo. Este problema no se resuelve técnicamente. Tampoco legislativamente, aunque el Parlamento afirme que están cometiendo una falta grave. Tiene que haber un consenso político para profesionalizar la gestión. Un consenso que lleve a que se tenga claro que así se lograrán mejores políticas de empleo, y no recurrir a la vía de lo que denomino el patronazgo político, un tema que yo estudié mucho en la universidad desde hace quince años, y es la entrega de cargos en el Estado por razones que son políticas.

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