Fabián Cambiaso

El Frente Amplio (FA) espera este martes una respuesta por parte de los partidos del oficialismo a su reclamo de pedir un informe independiente sobre los impactos que tendrá la reforma al sistema de la seguridad social propuesta por el Poder Ejecutivo.

El planteo fue hecho la semana anterior a Carnaval durante la última sesión de la comisión especial que, en la Cámara De Representantes, analiza la iniciativa. Su objetivo, precisaron fuentes de la bancada a El País, es concreto: que el Parlamento contrate una consultora que, de manera "imparcial", analice e informe a los legisladores sobre los efectos de la reforma La oposición fundamentó su pedido en las versiones totalmente contrapuestas de los informes que, hasta hoy, tienen los diputados para su trabajo y para poder llegar a una determinación.

Los efectos esperados del proyecto dividen aguas y muestras realidades prácticamente irreconciliables según quien sea el que opine. En su informe el Poder Ejecutivo descarta impactos negativos por la reforma. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ha asegurado sucesivas veces que “en ningún caso va a haber una caída en las jubilaciones”.

Entidades como el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) señalan que, si bien las jubilaciones más bajas no cambian o incluso hasta terminan ganando un poco por efectos del nuevo suplemento solidario, dos tercios de los trabajadores percibirán una prestación más baja que la que cobrarían con el régimen actual. El tercio restante obtendría una mejor jubilación con la reforma.

El Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el Banco de Previsión Social (BPS), considera en tanto que entre el 10% y el 38% de las jubilaciones perderán ingresos con respecto al régimen vigente.

El Frente Amplio acusó recibo de las dudas expresadas en las últimas horas por los dos diputados colorados en la comisión especial que analiza la reforma.

En diálogo con La Diaria el diputado Conrado Rodríguez sostuvo este lunes que, si bien hasta ahora su partido “ha actuado con mucha responsabilidad”, eso no implicara que votará la reforma a tapa cerrada. “Si vemos que hay algún capítulo que no nos convence, discutiremos en la coalición para que eventualmente se desglosen capítulos y se discutan de otra manera, en otra comisión y con otros tiempos”.

Rodríguez dijo que, para que los votos colorados estén, deben cumplirse tres ejes fundamentales: que no haya una modificación en las reglas de juego para los ya jubilados, que tampoco existan cambios para “aquellos que tienen una legítima expectativa” y hoy tienen más de 50 años de edad y, sobre todo, que exista un mejoramiento en las jubilaciones al régimen vigente”. Hoy el sistema exige para el retiro 60 años de edad y 30 de servicio. Con la reforma la edad mínima quedaría establecida en 65 años.

Consultado por El País, el diputado se mostró dispuesto a "evaluar" la propuesta frenteamplista y procuró precisar los alcances de sus dichos. Con respecto a los primeros "ejes", Rodríguez los da por cumplidos.

Para el tercero, explicó, su partido encargó un trabajo a sus propios expertos a través de análisis de los efectos de la reforma en todos los tramos de ingreso. La voluntad, precisó, es que exista la mayor información posible. "Tenemos que lograr la mejor reforma posible", dijo Rodríguez. Eso no implica, precisó, que no se apoye el proyecto y que exista la voluntad de cumplir un compromiso ciudadano y votar por su aprobación.

El otro diputado colorado, Jorge Alvear, fue más explicito. "Acá hay que tener mucho cuidado", dijo. "No podemos permitir que esta reformas que pretendemos votar perjudiquen a quienes se van a jubilar". Según Alvear, los colorados están a la espera de que el gobierno efectúe una "devolución" a una serie de consultas formuladas por la bancada. En diálogo con El País, el legislador explicó que su parte quiere tener por parte de Economía una visión "más precisa" sobre esos eventuales impactos.

En el Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez discrepó con el planteo frenteamplista. En diálogo con El País, el legislador remarcó la absoluta seriedad del equipo actuarial del BPS, responsable del informe oficial e integrado por profesionales de carrera de la institución apartados de cualquier condicionamiento político.

Si bien la bancada frenteamplista busca una aprobación unánime, apuesta a que que una votación para pedir un informe independiente incline la balanza a su favor. Allí mirá también a Cabildo Abierto. A título personal, el diputado Martín Sodano se mostró dispuesto a respaldar el planteo, aunque supeditó la decisión final a un posicionamiento de la coalición. "No creo que contar con otro informe sea negativo", expresó.

Sodano ratificó la postura de su fuerza política de que la reforma es imprescindible dijo comprender que "a la gente hay que decirle la realidad". Consultado por El País, el legislador reparó en que, en el mensaje oficial, esa realidad "no se está diciendo de una manera que sea claramente entendible".

Su premisa se basa en dos aspectos: por un lado, si la gente deberá trabajar cinco años más para cobrar lo mismo, en la práctica ganará menos. También por el cambio que procesa en la forma en que se reparten los aportes a los trabajadores. Sodano recordo que hoy es a partes iguales, pero que se aprueba la reforma el 10% irá al BPS y el restante 5% a las AFAP (los trabajadores aportan el 15% de su salario a la seguridad social) Así, sostuvo, el grueso de los aportes irán a una entidad en la que las jubilaciones están topeadas.

Sodano insistió: tal como está hoy el proyecto, Cabildo Abierto "no votará la reforma". Una reforma que, garantizó, no está sellada ni mucho menos. El legislador dijo confiar en que el resto del oficialismo se acepten algunas de las modificaciones planteadas. "Si mejoramos en algo", sostuvo, los votos estarían.

Los liderados por Guido Manini Ríos plantean su resistencia en el "corazón" del proyecto y reclaman acotar la cantidad de años de trabajo que se tomarán en cuenta para calcular la tasa de reemplazo. Hoy se toman en cuenta diez años pero la reforma plantea elevarlo a 25 años. Los cabildantes proponen fijarla en 15 años.

También se plantean incluir más excepciones al incremento a 65 años como edad mínima de retiro, la exclusión de la Caja Notarial en la reforma. Se oponen además a la posibilidad de que las AFAP puedan invertir sus fondos en el exterior del país.

Cabildo plantea también dos reparos de índole constitucional. Uno de ellos está referido a la creación de la nueva Agencia Reguladora de la Seguridad Social. El otro es el artículo 78 del proyecto, que le otorga al Poder Ejecutivo de turno la potestad de realizar una "adecuación paramétrica".

En estos casos Sodano es que reclama la opinión externa de expertos. Para eso comparecerán en los próximos días las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y la Universidad Católica. También, a título personal, los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y José Korzeniak.

La comisión especial que analiza el proyecto de reforma en Diputados retomará sus actividades este martes. Así, recibirá a una delegación de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Profesionales Universitarios y a representantes de la Cámara de Industrias, la Confederación de Cámaras Empresariales y de la Cámara de la Construcción.