El viernes 31 de marzo vence el plazo de actuación legal de la comisión especial que, en la Cámara de Diputados, viene analizando el proyecto de reforma del sistema previsional. Dentro de ese lapso era que blancos y colorados pretendían que la cámara baja diera sanción y convirtiera en ley a una de las iniciativas fundamentales de esta administración. Este martes, a 17 días de la fecha límite, Cabildo Abierto planteó la extensión de ese plazo.

La propuesta fue presentada durante una nueva sesión de la comisión por parte del diputado Martín Sodano que, si bien no planteó ninguna nueva fecha concreta, consideró necesario un aplazamiento. En diálogo con El País Sodano consideró que el plazo hoy previsto resulta absolutamente insuficiente y la extensión de los plazos es indispensable a su juicio para poder estudiar a cabalidad el proyecto y su impacto. El legislador explicó que la base del reclamo está en las múltiples respuestas que su partido demandó a varias de las delegaciones que concurrieron a la comisión a expresarse sobre el proyecto, y que vienen demoradas.

"Se nota que las preguntas que hicimos tenían buen contenido, de lo contrario ya las habrían respondido", sostuvo. La falta de esos informes, agregó, harán imposible llegar a una definición. Sodano insistió: esas respuestas resultan impostergables para generar eventuales modificaciones que su partido presentará para la versión final del proyecto.

Una de las respuestas que esperan los cabildantes es la de Ruben Correa Freitas. El catedrático de Derecho Constitucional recientemente retirado concurrió este martes a la comisión y quedó en presentar un informe sobre el artículo 78 del proyecto, una de las principales preocupaciones de los liderados por Guido Manini Ríos. Allí se le otorga al Poder Ejecutivo de turno la potestad de aplicar una "adecuación automática" de los parámetros del sistema según cómo evolucione la esperanza de vida. Para ello el texto contempla revisiones anuales.

Cabildo Abierto, apuntó Sodano, también le planteó dudas sobre determinados aspectos del proyecto a la Caja Bancaria, a la Caja de Profesionales, al Poder Ejecutivo y al corredactor de la reforma, Rodolfo Saldain. Todos siguen sin enviar sus respuestas.

A fines de febrero los cabildantes le habían planteado a sus socios en el oficialismo la necesidad incluso de posponer la discusión del proyecto hasta que la Cámara de Diputados finalice, en agosto, el análisis del proyecto de Rendición de Cuentas.

Este y otros planteos serán discutidos por los diputados de la coalición de gobierno en un encuentro programado para los próximos días. Allí, cada formación establecerá las modificaciones que irán proponer al texto que llegó desde el Senado.

El más reciente pedido de Cabildo Abierto fue considerado viable por el diputado colorado Conrado Rodríguez, en la medida en las delegaciones consultadas deben aún aportar información y esos insumos son considerados necesarios para una definición. En diálogo con El País, Rodríguez anunció que su partido piensa promover modificaciones en varios de los capítulos del proyecto.

Uno de ellos está referido a la Caja Notarial. Lo que pretenden los colorados es que el texto incorpore una norma programática para que ese subsistema quede por fuera - al menos por el momento - de la reforma proyectada. Según explicó Rodríguez, la propuesta consiste en que, en los cinco años siguientes a la promulgación de la ley, se efectúe un monitoreo sobre la situación económica y financiera de la caja. Trancurrido ese plazo, una comisión que funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo determinará si la Caja Notarial queda finalmente incorporada o no al sistema mixto.

Rodríguez marcó allí las diferencias de la Caja Notarial con otros susbsistemas paraestatales e cuanto a números y administración. El diputado admitió que la intención de la reforma es que todas las cajas estén bajo las mismas reglas de juego, pero recordó que existen antecedentes de incorporación a distintos tiempos. Uno de ellos fue el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al que la Caja Notarial ingresó después que otros colectivos.

La Caja Notarial había pedido al Parlamento su exclusión de la reforma jubilatoria bajo el argumento de que nunca en la historia necesitó de asistencia del Estado, y de que ya en 2019 había efectuado reformas, como aumentar la edad de retiro a los 65 años y reducir las tasas de reemplazo. Su eventual incorporación a la reforma, advirtieron sus autoridades, tendrá un impacto de US$ 900 millones en las arcas estatales a lo largo de los 40 años que durarán el período de transición.