ANTEPROYECTO DE LEY

Joaquín silva

"Primera vez que vengo”, le dijo el presidente Luis Lacalle Pou a Fernando Pereira, cuando este salió a la calle Colonia a recibirlo. El primer mandatario, de buena relación personal con el presidente del Frente Amplio (FA) -algo que reconocen ambos- entró enseguida a la sede de la coalición de izquierda, y Pereira hizo de guía de un breve tour por las instalaciones de lo que supo ser la casa de Líber Seregni.

Fue una situación histórica más allá de lo personal, porque hacía muchos años que un presidente no visitaba la casa del principal partido de la oposición -la última vez ocurrió en 2007, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez se reunió junto a Jorge Larrañaga, en aquella época presidente del directorio del Partido Nacional-, y porque el asunto del encuentro busca ser el germen de una reforma también de relevancia histórica: la transformación del sistema previsional, hoy considerado inviable.

“En estos años saben que distintos gobiernos dijeron que la reforma tenía cierta urgencia. Cada día que pasa es más urgente”, señaló Lacalle luego de la reunión, que duró de cerca de dos horas, y en la que también participaron la vicepresidenta y el secretario político del FA, Verónica Piñeiro y Daniel Mariño -respectivamente-, además del especialista e ideólogo de la reforma, Rodolfo Saldain.

La reunión transcurrió en un clima de “cordialidad”, lo cual implicó un evidente “paréntesis” de la cotidiana riña política, tal como lo describió el propio mandatario en diálogo con los medios. “Este es un tema de todos. Hoy vinimos a hablar del futuro de los retiros de los uruguayos. Nos pareció a los dos que teñirlo con un round no valía la pena”, dijo Lacalle.

Según supo El País, el presidente se fue conforme con el encuentro. A sus allegados subrayó tanto los buenos términos de la conversación como su duración, que contó con una exposición de Saldain -quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que elaboró las recomendaciones que fueron insumos para el texto del anteproyecto entregado ahora a la coalición de izquierda- que fue más bien técnica, y otra de carácter político a cargo del jefe de Estado.

En busca del acuerdo, lo que Lacalle le expresó a Pereira es, en resumidas cuentas, que este debería ser un tema que “una a todos” en un mismo compromiso.

Ahora lo que se viene son días de intensa negociación. Y, en paralelo, Saldain se reunirá con las cámaras empresariales y el Pit-Cnt, entre otros.

De las primeras cosas que señaló el presidente del FA -y que al preguntarlo en público dio a entender que no obtuvo la respuesta en el mano a mano con Lacalle- fue que quería saber si este es “un proyecto del presidente o de todo el gobierno”, y que en todo caso falta que se integren las voces sociales, como las de la central de trabajadores, la de Onajpu y la de los empresarios.

Pero en el encuentro Pereira también le dejó en claro al presidente una serie de condiciones sine qua non para que el FA al menos analice votar esta reforma, y que están reflejadas en el informe de los expertos de la oposición que participaron del CESS para fundamentar el voto negativo a las recomendaciones del grupo.

Así, de acuerdo a un punteo elaborado por el propio Pereira -al que accedió El País- el FA no votaría este proyecto si se mantienen “beneficios para la Caja Militar muy por encima del régimen del BPS e incluso del resto de las cajas”, como por ejemplo que la “alta oficialidad se pudiera jubilar antes y con mayores montos que en la situación actual”, algo que a juicio de la oposición las conclusiones del CESS dejan “abierta esa posibilidad”.

El presidente del FA también le transmitió a Lacalle que la oposición podría acompañar la propuesta si se solucionan todos los problemas financieros que tienen las cajas en la actualidad, “manteniendo un equilibrio necesario entre los que hoy están jubilados y los que están aportando”.

El FA también pedirá que se asegure “una mejora del tratamiento para la mayoría de los trabajadores que aportan al BPS, ya que “la propuesta de un ingreso mínimo garantizado se implementaba a costa de un gran recorte de las pasividades de las capas medias”.

Como cuarta prioridad de la oposición, asimismo, figura que se tenga en cuenta “qué tantas ‘excepciones’ al aumento al barrer a la edad de retiro a los 65 años se están proponiendo y si consideran todas las problemáticas que se pueden presentar”.

Por último, la coalición de izquierda analizará en el texto del anteproyecto “si se mejoró en algo lo que se planteaba para el régimen de ahorro individual”, porque el FA entiende que “los cambios propuestos tendían a perjudicar a los trabajadores introduciendo incentivos al aumento de las comisiones que cobran las AFAP, y a reducir el papel de los entes testigos del sistema como República AFAP y el Banco de Seguros del Estado”.

Fuera de la agenda, Pereira le pidió tres cosas al mandatario: que se alcance un “diálogo” político entre oficialismo y oposición en torno a la seguridad pública, que haya más información por parte del gobierno sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Uruguay pretende firmar con China, y que se invierta más en ciencia. Lacalle analizará el primer punto junto con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; se comprometió a dar información sobre el TLC en cuanto sea posible, y sobre inversión en ciencia el presidente y Pereira tienen “matices” en cuanto al dinero destinado, dijo el titular de la conducción del FA.

Al mediodía de ayer, finalmente, el gobierno dio a conocer en forma pública los más de 300 artículos que componen el anteproyecto de ley para la reforma previsional. Lo hizo luego de que el presidente Luis Lacalle Pou presentara el texto, primero a los socios de la coalición de gobierno, y ayer viernes al Frente Amplio. En el primer encuentro con los referentes del oficialismo el mandatario pidió expresamente que el texto no se filtrara, porque pretendía cuidar en forma rigurosa las formas para que nada conspirara contra el diálogo en busca de un consenso de todo el sistema político, para llevar adelante una transformación que es, para el presidente, una política de Estado, que afectará a las futuras generaciones de los uruguayos.

La escala gradual. La reforma no empezará a regir de un momento para otro, como advirtió el gobierno en varias oportunidades. Toda la transformación, en sí, durará unos 20 años y los efectos de la ley comenzarán a manifestarse a los cinco años de aprobada la normativa. Entonces, la edad jubilatoria, que pasará a ser de 65 años salvo algunas excepciones, tendrá una aplicación gradual para cinco generaciones consideradas de transición. Así, los nacidos en 1967 se jubilarán con 61 años; los nacidos en 1968 con 62; los de 1969 con 63; y los de 1970 con 64.

Los que ya están jubilados no se verán afectados en nada por este cambio de sistema.

Integración. La reforma en cuestión, y esto es uno de los puntos que se han manejado públicamente, abarcará a todo el sistema. Esto implica que estarán comprendidos “el Banco de Previsión Social, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa Nacional), la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Ministerio del Interior), la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y las empresas aseguradoras en tanto actúen en seguros previsionales”, señala el artículo quinto. Asimismo, unas páginas más adelante, se aclara que dada la situación de la Caja de Profesionales y la Caja Bancaria “podría ser necesaria una transición más acelerada”.

Excluidos. El artículo 34 confirma que, como se había adelantado, hay algunos trabajadores que quedarán excluidos de esta reforma. Allí se establece que aquellos empleados “de la industria de la construcción o en la actividad rural” que tiene “un alto grado de esfuerzo físico por su desempeño” podrán acogerse a una “causal jubilatoria anticipada por la naturaleza de la actividad” y jubilarse con 60 años de edad y 30 de servicios, tal como ocurre en el régimen vigente. Luego el mismo artículo agrega que “otros sectores de actividad laboral a los que no apliquen cómputos de servicios bonificados” y “que contemplen condiciones de trabajo y medio ambiente particularmente exigentes, podrán solicitar fundadamente la inclusión” en este mismo régimen siempre que lo planteen en el primer año de vigencia de la reforma.

Ajuste de edad jubilatoria. El artículo 74 indica que “los parámetros de edad” de nuevo sistema “se adecuarán automáticamente, en más o en menos, de acuerdo con las variaciones” en la “esperanza de vida”. El artículo 75 agrega que “la variación se calculará cada dos años” aunque asegura que “en ningún caso la adecuación determinará mínimos inferiores” a los 60 años en caso de trabajos forzosos y 61, 62 y 63 para aquellos nacidos a partir de 1967.

Suplemento solidario. En el artículo 199 se define la creación del “suplemento solidario” que se trata de “un beneficio que se adiciona a la jubilación, retiro o pensión de cuantía variable y periódicamente revisable”. Tal como lo marca la norma que se pretende aprobar, “el objetivo es suplementar los ingresos” de aquellas personas que “no alcanzan un mínimo de sustitución de ingresos, pese a haber configurado causal jubilatoria”.

Reducción de brecha de género. El artículo 57 plantea el “suplemento para la reducción de la brecha de género” que apunta hacia “las madres que sean beneficiarias de pensión de sobrevivencia por viudez y hayan visto interrumpida o afectada efectivamente su carrera laboral” por haber tenido o adoptado un hijo. En este caso recibirán “un bono sumplementario de brecha de género”. Para validarlo la norma establece que serán beneficiarios de este bono aquellas mujeres que en los 24 meses siguientes a la fecha de nacimiento de su hijo hayan visto reducidos un 15% sus ingresos.

Jubilación activa. El artículo 215 plantea la posibilidad de que existan “opciones para que las personas mayores puedan mantener actividad económica a tiempo completo o parcial” que será “sin perjuicio del goce de prestaciones jubilatorias”, aunque la norma igualmente establece algunas limitaciones en este sentido. Una propuesta similar, fue realizada días atrás por el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien insistirá con un proyecto presentado en 2018, y que proponía justamente permitir a todos los jubilados que decidan hacerlo, seguir trabajando al tiempo que reciban su pensión. El representante presentó aparte su iniciativa para que tenga un tratamiento más rápido en el Parlamento y no se espere a la larga discusión de la reforma.

Suspensión de la pensión. La reforma también prevé, en el artículo 70, la suspensión de la pensión en caso de que quienes “sean condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito cuya pena impuesta sea de penitenciaría y durante el término de su reclusión”.

Pensión de la vejez. La pensión prevista para las personas mayores que no hayan alcanzado una mínima edad jubilatoria ni dispongan de medios básicos como para asegurarse la subsistencia se mantiene en esta reforma, aunque la edad mínima sube un año, ya que se pasa de los 70 a los 71. Además, el anteproyecto de ley prevé que existan partidas adicionales para estos casos.

Agencia reguladora. El anteproyecto plantea la creación de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, que tendrá por cometido “evaluar y regular la actividad de los sujetos prestadores de servicios de seguridad social (...) dentro del ámbito de sus competencias”. Su tarea principal será asegurar “el cumplimiento de los principios de universalidad, suficiencia, adecuación y sustentabilidad financiera de todas las prestaciones de seguridad social.