FONDO DE LA GRANJA

Algo pasó en el Fondo de Fomento de la Granja entre 2017 y comienzos de 2019. Algo que se expresa en gastos inusuales y un desfalco que, al principio, se valuaba en $ 30 millones, luego en $ 50 millones y ahora “tal vez más”. Porque las autoridades del Ministerio de Ganadería aguardan a tener los últimos datos de la auditoría para ir a la Justicia.

La compra de un jacuzzi por $ 66.868, un iPhone 7 por US$ 1.390, un iPad por US$ 959, materiales y mano de obra para pintar y hacer un hidrolavado en un inmueble en la calle Juan Acosta por $ 93.237, un sistema de seguridad para esa misma casa por $ 122.049 y muchos cheques sin justificar en el Banco República que llevan siempre la misma firma (la del contador F.S.M.C,) son algunas de las pruebas que el gobierno elevará a la Justicia.

“Acá hubo omisión de parte de las anteriores autoridades del Ministerio (de Ganadería) en velar por esos fondos. Encontramos una forma de trabajo con una desidia que no es lo que uno aspira a encontrar en una oficina pública. Queremos que la gente sepa qué fue de los fondos públicos que son dineros de todos los uruguayos”, dijo ayer, sin ocultar su enojo, el actual director Nacional de la Granja, Nicolás Chiesa.

Por eso su equipo trabaja en recabar el mayor material posible que les permita avanzar con una causa penal que se inició en mayo de 2019 y que, según Chiesa, “hasta ahora no se ha movido ni un poquito”.

Todo comenzó con una señal de alerta. En abril de 2019, el Banco República puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Ganadería “movimientos inusuales y reiterados de una de las cuentas del Fondo de Fomento a la Granja”. Se trata de un Fondo que había sido creado, por ley, en 2002, que responde directamente a la Dirección General del Ministerio y que lleva el contralor de una comisión que, entre otros, integra Economía y la OPP.

La advertencia del Banco República llevó a que el funcionario que habría causado el desfalco (F.S.M.C.) fuera sumariado y separado del cargo. Pero al día siguiente de esa separación, “ingresó sin autorización al edificio y se llevó documentación, lo que surge de las cámaras de seguridad”, según consta en el relato que el director Chiesa les narró ayer a los legisladores de su sector político, Ciudadanos.

Menos de dos semanas después de aquella separación del cargo y “toma de documentos”, renunció el director Nacional de la Granja, el ingeniero Avelino Casas. Y menos de un mes después se inició la denuncia penal que, aclaró Chiesa, “no avanzó”.

El funcionario acusado regresó a funciones, la Oficina Nacional de Servicio Civil todavía no se expidió sobre una posible destitución “por robo”, y el actual gobierno busca todos los detalles, en una auditoría que, según el ministro Carlos María Uriarte, “se demoró más de lo deseado”, para ampliar la denuncia judicial. “En febrero de 2020 el BROU remitió información respecto a movimientos de cuentas que aún no han sido relevados, por lo que la auditoría se encuentra incompleta”, reza el documento que ayer se les presentó a los legisladores.

Tanto Chiesa como Uriarte estiman que “en treinta o cuarenta días” debería acabar la auditoría para hacer la ampliación ante la sede penal.

Según Chiesa, “más allá de quién cometió el ilícito, acá hay responsabilidad de muchos actores: la Comisión Fiscal no controló, el Ministerio no cumplió con las mínimas formalidades, y durante diez años hubo una desidia que permitió estos hechos”.