El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) criticó el proyecto de ley a estudio en el Parlamento que busca regular las máquinas tragamonedas que están en cantinas, pubs, salones, bares, restaurantes y hoteles de hasta tres estrellas.

Se cuestionan varios puntos, siendo el principal que se trata de una “actividad ilícita” cuando se hace sin habilitación —lo que tiene una falta penal— y que, por lo tanto, se debe “evitar su proliferación en lugar” de generar una “autorización casi sin límites”.

El ministerio apuntó —en el informe al que accedió El País— que se corre el “riesgo” de que se genere un “juego de menores, eventuales estafas y un posible incremento de la violencia” por la aprobación de la iniciativa —que limita a 25 máquinas electrónicas de juegos de azar por local—, así como también consideró que se podría dar un “incremento de la ludopatía”.

Pero eso no es todo: la cartera cree que su aprobación podría “generar” la “proliferación del juego vía online” en un “futuro inminente” con el “riesgo del incremento de la ludopatía en forma descontrolada”. Y añadió: “En definitiva, (el proyecto) innova dejando por el camino una política de Estado que supera ya el siglo de vigencia”.

A su vez, el MEF apuntó las consecuencias que tendría la aprobación frente a la legislación actual para el juego de azar. Para el ministerio se generaría un “trato discriminatorio y contraproducente” a los “inversores que confiaron en el sistema histórico —inversión privada mediante, en ocasiones millonaria en dólares con la correspondiente creación de fuentes de trabajo y desarrollo de la infraestructura turística—, tanto en el caso de los actuales casinos ‘privados’, como en el caso de las salas mixtas de juego de la Dirección General de Casinos”.

Foto: Archivo El País

El proyecto de ley —del legislador blanco Sergio Botana que está a estudio en el Senado— establece que solo se podrán utilizar las “máquinas electrónicas de juegos de azar que cumplan” con ciertos requisitos, como que el LATU certifique que tiene un “porcentaje de retorno al público no inferior al 85%”. Y que deberá haber un “máximo de 25.000” tragamonedas operativas en el país, las que se distribuirán entre los posibles diferentes operadores.

Además, la iniciativa dice que los tragamonedas deberán “transmitir en línea” información —como los “montos de apuestas recibidas”— a una cámara —que se deberá crear— y a la Dirección General Impositiva. Así como también establece que quienes tengan en sus locales máquinas que no cumplan con los requisitos previstos en la ley tendrán sanciones entre 100 unidades reajustables ($ 172.429) y 1.500 ($ 2.586.435).

Botana, en su proyecto, argumentó que la “formalización y certidumbre jurídica emanada de la reglamentación, incluirá y beneficiará a todos los empleados de la actividad (carpinteros, herreros, técnicos en electrónica, pintores, programadores, choferes, etc.) que tendrán mayor seguridad en su fuente laboral”. Y que se “crea una ordenación tributaria que determina mayores entradas para el Estado, pues todas las empresas tributaran el Impuesto al Jugador el cual será de 15% de la ganancia”.