“NO FUE UN CASO AISLADO”

Después de un año, oficialmente finalizó la investigación por licencias irregulares de Fenapesen la Cámara de Diputados y el tema de los certificados presentados -en base al artículo 70-10 del estatuto docente- para justificar las faltas por actividades sindicales pasará ahora a la órbita de la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En la última sesión, los diputados de la coalición (Alfonso Lereté, Gustavo Zubía, Eduardo Lust y Carmen Tort) presentaron una moción de resolución que salió aprobada por mayoría. Allí se reivindica la investigación realizada como forma de “control parlamentario” y se reafirma que del trabajo realizado surgen “irregularidades, omisiones y presuntas ilicitudes” por parte del ex Consejo de Secundaria en el período 2015-2019 y la cúpula de Fenapes. Por lo que se recomendó remitir todas las actuaciones al Consejo Directivo Central (Codicen), a la Jutep y Fiscalía.

Esta moción deberá ser considerada formalmente por la Cámara de Diputados el miércoles 15, junto con los informes en mayoría (de la coalición) y en minoría (del Frente Amplio). Una vez sancionada, efectivamente se pasará todo a Fiscalía, la Jutep y ANEP como se señala.

Ayer, la oposición planteó su propio proyecto de resolución donde dice que de la investigadora “no han surgido elementos que acrediten la existencia de la extensión y justificación de licencias irregulares a integrantes de Fenapes”.

El caso cero -que dio inicio a la investigación- fue el del profesor de historia Marcel Slamovitz, que justificó a través de los certificados por artículo 70-10 alrededor de 250 horas entre los años 2016 y 2017 en el liceo N° 1 de San José donde era directora Myriam Arnejo. Por este caso fue sumariado.

A partir de esto, el diputado colorado Felipe Schipani elevó formalmente a la Cámara de Representantes un pedido para la conformación de la primera investigadora de esta legislatura. Según dijo a El País, lo que se demostró es que “no se trató de un caso aislado”, porque “la comisión recibió 380 certificados presentados por 88 dirigentes de Fenapes en más de 70 liceos de todo el país para tratar de justificar 536 días de inasistencias”.

De la investigación surgió que el dirigente sindical que más certificados firmó fue José Olivera con 130, seguido de: Alejandra Vespa (74), Slamovitz (70), Virginia García Montecoral (60), Ana Pescetto (38) y Graciela Almeida (23).

Schipani dijo estar convencido que estos 380 certificados “son solo algunos de todos los que se presentaron y justificaron”. “No nos cabe duda que hemos descubierto solo la punta del iceberg de una maniobra muchísimo más grande”, subrayó el colorado acerca de la actuación de la investigadora.

Para los legisladores de la coalición, otro punto relevante del trabajo es que los testigos que pasaron por la comisión fueron consultados sobre la existencia del convenio -al que se aludía para justificar las faltas por el artículo 70-10 del estatuto docente- y ninguno acreditó la existencia de este.

Zubía dijo a El País que la conclusión más importante es que “se dieron todas las garantías” en la investigación, aunque acotó: “declararon los que quisieron”. Esto, porque fueron varios los sindicalistas que se negaron a concurrir aunque Olivera asistió a nombre del gremio docente a dar su versión de los hechos.

Durante el año en el que funcionó la investigadora fueron convocados un número cercano a los 50 testigos, de los cuales asistieron solo 25.

Por ejemplo, la exministra de Educación, María Julia Muñoz, y el expresidente del Codicen, Wilson Netto, confirmaron su presencia con antelación, pero horas antes de comenzar la sesión enviaron correos dando cuenta de que finalmente no asistirían. Además, la investigadora volvió a citar a algunos exconsejeros (Celsa Puente y Javier Landoni) y otros cinco sindicalistas de Fenapes para que hicieran sus descargos, tras constatar “posibles delitos” como: estafa, fraude, falsificación, abuso innominado de funciones y encubrimiento. Desde el gremio se rechazó la acusación, al igual que de parte de los exconsejeros que denunciaron “falta de garantías” que aseguren un “debido proceso”, y por eso no fueron. Landoni, además, dio los primeros pasos (por medio de una audiencia de conciliación) para demandar al Estado por “arruinar” su vida y la de su familia, y reclamó $ 8 millones.

En el último día de trabajo de la comisión investigadora por licencias irregulares de docentes de Secundaria, la delegación del Frente Amplio insistió en afirmar que “el Parlamento no tiene competencias” para indagar sobre un privado, como lo es Fenapes.

“Siempre dijimos que no tenía competencia el Parlamento, menos para escrachar personas o inculpar como se hizo públicamente por parte de los integrantes del oficialismo en sesiones pasadas”, señaló el diputado socialista Enzo Malán. Según dijo, el Frente Amplio no encontró elementos que prueben que hubo “inasistencias injustificadas” por parte de las autoridades del Consejo de Secundaria del período pasado.

Malán señaló que “no es competencia de la Cámara de Diputados” decir si hay “elementos de apariencia delictiva”, como se sostiene en el informe en mayoría de los legisladores de la coalición de gobierno. “Nosotros no somos el Poder Judicial”, indicó.

Además, el legislador consideró “inoportuno” que se pasen todos los antecedentes de la comisión a la Fiscalía o a la Jutep. “La ANEP está haciendo una investigación de los diferentes casos y va a resolver; nosotros no tenemos por qué involucrarnos en la autonomía de la educación”, indicó Malán en rueda de prensa. Según dijo, “no hay elementos para decir que las inasistencias no tengan un respaldo jurídico”.