Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes comenzarán la jornada de hoy con el desafío de aprobar cerca de 150 artículos de los 442 que tiene el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En los últimos días los legisladores de la coalición realizaron la tarea habitual, y compleja, de todos los períodos a esta altura del año de identificar de qué rubros se puede reasignar gasto para cumplir con los múltiples pedidos que llegan desde casi todos los ámbitos, que consideran insuficiente la previsión presupuestal otorgada por el Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos que se pudo atender fue el otorgarle $ 240 millones a la Universidad de la República (Udelar). Una parte ínfima de los US$ 100 millones adicionales que había pedido el rectorado pero que, tras una fórmula propuesta por el nacionalista Álvaro Viviano, será la mayor reasignación que habrá este año. La mitad irá para “fortalecer” el cuerpo docente ante el crecimiento de la matrícula estudiantil, financiar el desarrollo de dos centros regionales y continuar con el programa de becas. La otra mitad será para incluir al Hospital de Clínicas en el nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones diseñado por el gobierno. Lo que no está claro aún es de dónde saldrá ese dinero. Una de las alternativas es que esos recursos los deban aportar los otros organismos previstos en ese plan. Lo seguro es que ningún organismo recibirá por reasignaciones presupuestales una cantidad similar a la de Udelar.

Es por ello que los diputados decidieron explorar fuentes alternativas para cumplir, al menos en parte, con las expectativas de la educación pública. Los US$ 60 millones que pidió el Consejo Directivo Central no encontraron respuesta. Sin embargo, el Parlamento espera el aval de Economía para poder utilizar, con ese fin, un monto similar que la Administración Nacional de Educación Pública tiene sin utilizar en la Corporación Nacional para el Desarrollo para obras de infraestructura.

Los diputados a su vez esperan indicaciones de Economía para conocer cómo se repartirán, en 2024 y 2025, los US$ 50 millones ya previstos para la primera infancia. El debate pasa por saber qué parte será para los Centros CAIF y cuánto dinero irá al INAU y a las programas específicos de Salud Pública.

Ya se definió que habrá partidas suplementarias para el Inisa. También para un nuevo tribunal de apelaciones de Familia y para la Dirección Nacional de Catastro, instancias del colorado Conrado Rodríguez.

Bastante lejano, en cambio, aparece el pedido de $ 1.500 millones hecho por Cabildo Abierto para mejorar los salarios del personal subalterno en las Fuerzas Armadas, además de incluir a los militares en el plan de salud mental gubernamental. La iniciativa está a estudio, pero es claro que no habrá manera de llegar a esa cifra.

Por otra parte, la coalición de gobierno acordó retirar del proyecto de Rendición de Cuentas para su discusión en otro ámbito legislativo, la mayoría de los artículos que aumentaban penas para varios delitos. Solo dos quedarán en el articulado propuesto por el Ministerio del Interior. Uno es el que crea un agravante el desmembramiento o la mutilación del cadáver de la víctima de un asesinato. El otro, el que fija la pena mínima para el homicidio simple. Allí la coalición está dividida entre quienes quieren dejarla en dos años de prisión y quienes acceden al pedido del ministro Luis Alberto Heber de llevarla a cuatro años.