PODER EJECUTIVO

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En un mes, el gobierno presentará al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que contendrá una reforma a la carrera administrativa en la Administración Central. El objetivo es determinar una única escala salarial pública, para que a igual función se cobre la misma remuneración.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) trabaja en redactar el articulado que conformará el proyecto de ley. Actualmente existen inequidades salariales entre trabajadores de distintos ministerios que cumplen la misma función y carga horaria. La reforma busca equiparar y simplificar la situación.

El director de la ONSC, Conrado Ramos, explicó a El País que se realizó un inventario de todas las ocupaciones que hay en la Administración Central. El trabajo detectó 140 ocupaciones que serán plasmadas en esta nueva propuesta de carrera administrativa.

La reforma determina el derecho de ascenso, que no solo será permitido dentro de cada organismo. En caso de prosperar el proyecto, los funcionarios podrán concursar para cambiar de ministerio o dependencia, algo que al momento no estaba estipulado.

“Nos va a permitir ordenar un gran desorden y las complejidades del sistema; saber qué hace cada persona. Pero también nos permitirá pagar igual la misma función y disolver el sistema de compensaciones que distorsiona todo, para lograr una única escala salarial. Lo más importante es que facilitará la administración global del Estado y ordenará la gestión humana”, dijo Ramos.

El proyecto no generará costos en esta primera instancia. De ser aprobada, la nueva escala entrará en vigencia el 1° de enero de 2023 y correrá para cada funcionario nuevo que entre a la administración.

Sobre los “viejos” empleados habrá un análisis de sus sueldos, y si ganan por debajo de la función que cumplen se buscará equipar. En el caso de que ganen por encima de la escala definida, la diferencia pasará a estructurarse como compensación personal.

Actualmente hay 1.200 compensaciones en la administración, y el 85% de la masa salarial corresponde a esa forma de pago. Con la reforma se pretende resolver este complejo sistema en el futuro.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas deberá ingresar al Poder Legislativo antes del 30 de junio, plazo máximo que establece la Constitución. En esta iniciativa legislativa el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas por lo actuado en el primer año de mandato, y al mismo tiempo podrá incluir correcciones presupuestales a la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada en 2020.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Economía y finanzas (MEF) entienden que “hay un margen más que acotado” para definir incrementos presupuestales, incluso en rubros estratégicos prioritarios.

“No va a ser incremento cero, pero va a andar por ahí”, confió a El País una fuente del gobierno en las últimas horas.

Según manifestaron tres fuentes oficiales consultadas, uno de los puntos donde se están poniendo los esfuerzos es en dar más presupuesto a los centros CAIF. De todos modos, además de las negociaciones con los sindicatos de funcionarios públicos, los dirigentes del Partido Nacional saben que una vez que ingrese al Parlamento se deberá negociar, y ya prevén que desde cabildo Abierto se exija un esfuerzo mayor para dotar de más dinero a los programas de vivienda y educación.

La coalición de gobierno multicolor tiene por sí sola los votos necesarios para aprobar cualquier iniciativa legislativa en ambas cámaras.

“Cumplieron con el gran capital, les toca cumplir con los trabajadores”

Los dirigentes sindicales del sector público trabajan en un plan de acción para reclamarle al gobierno mayores esfuerzos en lo salarial. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo a El País que reclamarán un plan para “recuperar el salario real perdido”, que según sus estimaciones es del entorno del 5%.

“Lo que queremos es que (Luis) Lacalle Pou cumpla con lo que nos dijo en la campaña electoral, cuando nos visitó y aseguró que si ganaba, los trabajadores no perderían salario real. Bueno, eso se dio en el primer año por la inflación, y nosotros aceptamos que se diera en el comienzo, pero (pedimos) que se ajuste antes de terminar el quinquenio”, explicó el dirigente sindical de los públicos. “Ellos cumplieron con el gran capital no aumentando impuestos y tarifas; les toca cumplir las promesas que hicieron a los trabajadores”, consideró.

López agregó que han escuchado extraoficialmente la idea del gobierno de reformar la carrera administrativa. “Eso nos preocupa porque hay otras inequidades y sería poner la carreta delante de los bueyes”, declaró el sindicalista. Adelantó que los comentarios informales que recibieron “no son positivos”.

COFE se prepara para elparo general nacional de 24 horas que aprobó el Pit-Cnt para el 17 de junio, que tiene como consigna global: “contra el hambre y la desigualdad”. Pero sus dirigentes ya estudian un plan de acción más amplio que incluye, por ejemplo, una movilización nacional en vehículos después del paro.

En los próximos días las autoridades del Poder Ejecutivo convocarán a los representantes de los trabajadores para avanzar en la negociación.