Redacción El País
Sobre las 20, a la hora de los informativos, y con la tradicional ceremonia de entrega de cajas por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el gobierno dio ayer entrada al Parlamento de su última Rendición de Cuentas que la Constitución permite aumento de gasto. Fue recibida por la presidenta de la Asamblea General en funciones, la senadora Graciela Bianchi, y por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar.

Y, como suelen ser estas normas de cientos de artículos, la iniciativa incluyó cambios, ajustes normativos y una gran transformación largamente anunciada por este gobierno: la de la carrera de los funcionarios públicos.

El proyecto fue entregado en un contexto bien particular en Uruguay, que atraviesa la peor sequía en 70 años, con consecuencias de impacto en la población -la provisión de agua potable para el área metropolitana está comprometida, con una reserva de agua dulce que baja su nivel hora tras hora-, razón por la cual este problema está más que presente en el mensaje del gobierno.

Por ejemplo, la ministra Arbeleche solicitó mediante una carta complementaria dirigida a la Asamblea General el aumento del tope de endeudamiento (ver recuadro) para abastecer el Fondo de Emergencia Hídrica que el Parlamento deberá votar. Pero el texto tiene también previsiones a la baja del crecimiento del Producto Bruto Interno, aunque con indicadores de recuperación para el segundo semestre, precisamente por el impacto de la crisis.

“Es de esperar que la economía uruguaya -señala la iniciativa-, luego de mostrar cierta desaceleración en la primera mitad del año producto del impacto negativo de la sequía y de la desaceleración global, comience a registrar cierto dinamismo en su ritmo de crecimiento impulsado principalmente por el consumo de hogares, a instancias de la recuperación del salario real y del empleo”. En cifras, “el nivel de actividad económica verificará un crecimiento promedio anual de 1,3% en términos reales”, estimó el MEF, cuando la proyección anterior, de febrero de este año, era de una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% promedio anual en 2023.

Para 2024, en tanto, la estimación del MEF es que el PIB crezca 3,7%, un “rebote” al ya disiparse los efectos de la sequía.

Por lo demás, como fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou, el proyecto propone un aumento de US$ 20 millones a invertirse en programas destinados a la salud mental y la rehabilitación de adictos -más allá del incremento presupuestal de US$ 370 millones arrastrado de rendiciones anteriores, además de la renuncia fiscal en la baja de impuestos.

“El gobierno ha dado una señal de lo medido y lo cuidadoso que se tiene que ser justamente en los recursos que son de la gente”, declaró al respecto ayer en rueda de prensa el diputado Andújar, que recordó un pedido que ha hecho a todo su gobierno el presidente Lacalle Pou. “Hay que ejecutar, porque también es esa la preocupación; no solamente es pedir, pedir y pedir”, dijo el nacionalista.

El tema que se llevará gran parte de los focos de atención en el proceso de discusión parlamentaria, que formalmente se iniciará el lunes 10 de julio, cuando Arbeleche visite la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja, es sin duda la reforma del Estado. Se trata de una de las iniciativas claves, pues había llevado a que el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, advirtiera que si no se incluía en esta Rendición de Cuentas los cambios a la carrera administrativa, dejaría el cargo. Y así fue contemplado.

El artículo 5 del texto establece la creación de “una estructura integrada por escalafones, ocupaciones y cargos, que constituyen el sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo”. Allí se determina que quedarán excluidos “los actuales escalafones del servicio exterior, militar, policial, penitenciario, docente, judicial y los dependientes de la Dirección General de Casinos, los funcionarios de la Dirección General Impositiva y de la Dirección Nacional de Aduanas”.

Los escalafones serán: Profesional y Técnico, Administrativo y Especializado, y Servicios Generales. Para cada caso se definió un nivel mínimo y máximo de salario que va desde los $ 30.174 hasta los $ 126.018. Y se agrega que el Poder Ejecutivo “podrá disponer la implementación gradual del nuevo sistema escalafonario.

Por otra parte, en el artículo 28 se habilita a la “movilidad entre ocupaciones”. “Los funcionarios presupuestados podrán postularse para la provisión de cargos de cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo en tanto reúnan los requisitos para ello”, se definió.