RECTA FINAL

Luego de varias semanas de discusión pública, el presidente Luis Lacalle Pou comunicará hoy a su gabinete las prioridades que serán atendidas en esta Rendición de Cuentas y el margen de gasto que dispondrá el Poder Ejecutivo para contemplarlas.

Fueron semanas de reclamos en la interna de la coalición de gobierno, particularmente desde que Marcela Bensión, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo a El País a inicio de mayo que no había espacio para incrementar el gasto, en el entendido de que los recursos que se podían repartir ya se habían repartido.

Seguir a rajatabla con esa directiva económica hubiera significado no cumplir con un expreso compromiso con los socios de la coalición: uno que asumió la ministra Azucena Arbeleche el año pasado, y que indicaba que en 2022 sí habría margen para abrir algo más la canilla. Y los mensajes que comenzaron a salir del Poder Ejecutivo en los días siguientes apuntaron a esa dirección.

Fue así que Lacalle anunció días después que la educación estaría entre los temas prioritarios. “No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está para abrir la canilla, pero seguramente haya lugares donde podamos focalizar un gasto mayor, sobre todo en el tema de la educación”, dijo el primer mandatario a fines del mes pasado.

Luego se supo que la seguridad -en donde el gobierno enfrentó al menos en mayo un importante alza de los homicidios- sería otra de las áreas claves que recibirían refuerzos y, por último, el siempre postergado sector de la ciencia, la innovación y la tecnología, compromiso que en 2014 habían asumido los entonces candidatos a presidente de todos los partidos.

Son anuncios que serán abordados en detalle hoy durante el Consejo de Ministros que tendrá lugar desde las 17 horas en la Torre Ejecutiva, y que a priori dejarán conformes a algunos de los socios del oficialismo.

Sin embargo, no todo será armonía en la interna del oficialismo.

En Cabildo Abierto ya se sabe que hay un reclamo que no será atendido y en el que seguirán insistiendo, según confirmó a El País el senador y líder de este partido, Guido Manini Ríos. Se trata, además, de un tema de especial sensibilidad para este colectivo: el aumento solicitado al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que el Ejecutivo definió en 6%, lejos del 10% que habían pedido los cabildantes, más partidas especiales por nocturnidad.

“Lo que pedimos implicaría una recuperación significativa y no un simple parche, como se ha hecho en el pasado”, dijo el senador, que adelantó que no se darán por vencidos y seguirán dando la discusión hasta el final: “Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestra propuesta, porque entendemos que sigue habiendo un relegamiento excesivo en este sector que debe ser contemplada ahora”.

Desde Cabildo también se insistirá, dijo el senador, con otra “propuesta muy importante” que ha trasladado su partido al Ejecutivo, y que busca atender la situación económica de las pequeñas y medianas empresas a través de una reforma tributaria. Aquí también, de acuerdo a lo que le comunicaron, el planteo de su partido no fue incorporado en el proyecto de la Rendición como pretendía. “Vamos a seguir insistiendo en cambios de la tributación del IRAE”, anunció Manini.

Luego, aunque no hay discrepancias, sí se mantiene -al menos hasta hoy en la tarde- la incertidumbre acerca de cómo se dará la prometida recuperación salarial para los trabajadores públicos, ya que gobierno y Pit-Cnt no tienen acuerdo respecto al porcentaje de esa pérdida, y es una preocupación para dirigentes como el senador Jorge Gandini, o el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

“Nuestra aspiración es que ya en esta Rendición podamos determinar el porcentaje de esa recuperación”, señaló Mieres en ese sentido a El País, y adelantó que habrá esta semana más reuniones con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en la que tiene expectativas de alcanzar un acuerdo que ponga un número a la ansiada recuperación para 2024.

El tema de la educación tal vez sea el que más conformidad despierta en la coalición, empezando por el Partido Colorado, uno de los más directamente involucrado. Porque la reforma educativa -en la que el gobierno quiere pisar el acelerador en esta segunda mitad del mandato- es liderada por el colorado Robert Silva desde la presidencia de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP).

“El presidente ya ha dicho que será una prioridad, y ese el acuerdo en la interna”, aseguró a El País el ministro de Ambiente, Adrián Peña, coordinador además del sector Ciudadanos. “Porque para sostener esta transformación se necesita financiamiento, ya que, si no, no se pueden hacer, entre otras cosas, todos los liceos a tiempo completo y los centros María Espínola que necesitamos”, agregó.

Mieres coincide y apuesta a que con los recursos que dará el Ejecutivo -lo que la ANEP solicitó son unos US$ 60 millones- podrá llevarse adelante una “reforma profunda” del sistema que sacará a Uruguay “de una preocupante situación que impacta en todos los jóvenes”.

El último punto que será atendido -el sector científico y de innovación- es otro que despierta entusiasmo en el oficialismo, porque atenderlo es también una guiñada a los actores de la ciencia que asumieron un rol de entrega y solidaridad en los peores momentos de la pandemia del covid-19, fundamentalmente a través del Grupo Asesor Científico Honorario que comandó Rafael Radi, y quien tuvo en estos últimos días más de una reunión con dirigentes políticos. “Cuando hablamos con él le manifestamos nuestra sintonía”, dijo Mieres al respecto.

Todos los proyectos de ley de Rendición de Cuentas tienen la particularidad de contar con artículos relativos a aplicación y distribución de recursos -los que son propios de las normas presupuestales-, pero también suelen contener artículo sin costo que proponen cambios, modificaciones, reformas.

En esta oportunidad, una de las incorporaciones que algunos socios de la coalición esperan encontrar -o promover luego en el Parlamento- hace a la reforma del Estado, una inquietud que sobre todo parte del Partido Independiente, que en la conducción de Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, busca llevar adelante desde rediseños en las carreras funcionales hasta la equiparación salarial.

Por otro lado, una “reestructura” que ya está definida por el Ejecutivo refiere a la Administración de los Ferrocarriles del Estado, luego de que las autoridades constataran “desidia”, “vaciamiento” y “desmantelamiento” del organismo a lo largo de los años, como confirmó a El País días atrás el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. El proyecto planteará que toda el área de infraestructura y sus 120 funcionarios sean absorbidos por la cartera, a través de la creación de una nueva unidad ejecutora, de tal manera de no alterar las condiciones laborales de los trabajadores.