A partir de ayer, 1 de enero, cualquier multa por exceso de velocidad en rutas nacionales está topeada en 10 Unidades Reajustables, o sea, $ 16.300. Y este es uno de las efectos prácticos que tiene la Rendición de Cuentas que comenzó a regir con este nuevo año.

Hay otras disposiciones asociadas a esta. Por ejemplo, que los radares que sirvan para aplicar esas multas se instalen en conjunto con dispositivos “pedagógicos” que adviertan a los conductores las velocidades máximas a las que deben transitar. Transcurridos 18 meses, a partir de ayer, las multas que provengan de radares que no cumplan con este punto serán nulas. Vale decir que las ambulancias que excedan los límites permitidos mientras estén trasladando pacientes en riesgo, no podrán ser multadas.

Por otra parte, las personas de hasta 75 años podrán tramitar licencias de conducir profesionales, incluidos camiones sin límite carga, siempre que reúnan las aptitudes psicofísicas y técnicas exigidas.

Más allá de aspectos presupuestales o impositivos, la ley impacta en muchos aspectos personales de la ciudadanía. Así, todos los trabajadores pasarán a tener derecho a ausentarse de sus lugares de trabajo, hasta cuatro horas al mes, para acompañar a su pareja a los controles de embarazo. Y esas horas serán computadas como trabajadas. En el ámbito público, la licencia maternal será de 18 semanas en los casos en que el bebé haya pesado hasta 1,5 kilos al momento de nacer. Si el recién nacido presenta algún trastorno o enfermedad que implique internación o tratamiento, la licencia podrá extenderse hasta que este cumpla seis meses de edad.

En tanto, la omisión en el pago de la cuota alimenticia pasó a ser considerada delito, y pasible de sanciones que pueden llegar hasta la prisión.

A partir del día de ayer, a ninguna persona que esté registrada en el Clearing de Informes con algún atraso en el pago de créditos se le podrá negar el acceso a los servicios públicos, incluyendo garantías de la Contaduría General de la Nación .

Aquellos alimentos de base vegetal que sean comercializados con nombres vinculados a animales deberán contener en sus envases información fidedigna sobre su origen. De la misma manera, quedará prohibida durante cinco años la fabricación y venta de productos sustitutos de la carne elaborados en base a cultivo de células animales.

Los deportistas y entrenadores federados que se estén preparando para competir tendrán a disposición una beca de hasta $ 28 mil mensuales. Estas becas serán distribuidas por la Fundación Deporte Uruguay, que las asignará según los logros.

La Rendición de Cuentas extenderá hasta fines de 2030 las licencias vigentes hoy para radios comunitarias y comerciales. Y en el área de seguridad, la Policía quedará facultada a exigirle a cualquier entidad pública o privada los registros de sus cámaras de seguridad cuando se trate de aclarar algún delito. Deberán ser entregados en 48 horas.

Además del incremento de penas para algunos delitos violentos, la Rendición de Cuentas incluye un capítulo referido a la violencia en espectáculos deportivos. Allí la pena por riña se mantiene entre tres y 24 meses de prisión y la prohibición de volver a este tipo de espectáculos, por hasta cinco años. Pero el porte de armas en un escenario deportivo pasará a ver duplicada su pena mínima: seis meses de cárcel.

Cualquier tipo de destrucción de bienes que se realice en un espectáculo deportivo será penada con tres a 15 meses de prisión e inhabilitación de uno a cinco años.

En caso de que estas conductas deriven en la lesión o muerte de un tercero, la Rendición prevé que se sume a la pena prevista y a la que disponga la Justicia, que el responsable no pueda ingresar a un evento deportivo por hasta 15 años.

La Rendición de Cuentas incluye dos grandes medidas con una visión más a largo plazo. Por un lado, se crea una Comisión de Expertos en Política Poblacional. Este organismo, originado a propuesta del diputado Conrado Rodríguez (Partido Colorado), funcionará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Tendrá a su cargo la elaboración de recomendaciones, en cuanto a políticas que afronten el impacto de la dinámica demográfica actual del Uruguay, procurando evitar o disminuir los efectos negativos de la baja natalidad. La intención es que sea una “hoja de ruta” que permita, justamente, revertir un fenómeno que quedó evidenciado con el reciente Censo Nacional. Allí se comprobó que la población en Uruguay creció apenas 1% entre 2011 y 2023. Un magro crecimiento que, además, no hubiera sido posible sin el aporte de los extranjeros que llegaron al país en ese lapso.

A instancias del diputado Iván Posada (Partido Independiente), en tanto, la ley incluye la creación del Fondo Infancia. Su ambiciosa meta será poner fin a la pobreza infantil en el país. Tendrá a su cargo la utilización de los recursos que le sean asignados para fortalecer la inserción social de los menores que integren hogares pobres y vulnerables. Comenzará a funcionar con una partida de $ 4 millones. Obtendrá también otros recursos que le asigne el Estado, provenientes de herencias, legados o donaciones y fondos de préstamos internacionales.