El torbellino político que supuso para el gobierno de Luis Lacalle Pou la interpelación por los 36 ingresos directos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) no está necesariamente superado.

Lentamente, el gobierno comenzó a dar su respuesta a las mociones aprobadas por la Cámara de Representantes en la madrugada del 4 de octubre, y que en resumen solicitaron el cese de todos los contratos cuestionados de la CTM, la específica renuncia de los ediles -esto fue aprobado por unanimidad- y que también dieran un paso al costado los tres principales jerarcas del organismo: Martín Burutarán, Daniel Arcieri y Nicolás Irigoyen.

Sin embargo, la respuesta no viene siendo satisfactoria para Cabildo Abierto -que votó junto con el Frente Amplio este último punto referido a la renuncia de la delegación- y solo parcialmente para actores de primera línea del Partido Nacional, como el senador Jorge Gandini

¿Cuál es el camino que está siguiendo el Ejecutivo? Además de cambios en la normativa, estos movimientos informados ayer: de los 36 funcionarios que desde 2020 -bajo la gestión del renunciante Carlos Albisu- entraron a la CTM de forma directa, 13 pasarán a calidad de contratados, cuatro renunciarán, a dos ya no se les renovó el contrato, a uno no se le va a renovar y otro ya renunció. Mientras tanto, los restantes 15 seguirán en sus cargos bajo el entendido de que prestan servicios en el complejo hidroeléctrico y la delegación argentina no dio el aval para que se afectaran esos cargos.

Todo esto luego de que Lacalle Pou dijera este miércoles que se esperaban más renuncias, aunque no aclaró entonces que algunas de ellas serían a la Junta Departamental y no al organismo involucrado. Es decir, lejos de la redacción del texto de Diputados, que señalaba a este respecto que resultaba “imprescindible, por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles en la Junta Departamental de Salto”.

Ese fue, al decir del diputado cabildante Álvaro Perrone, un pronunciamiento “muy fuerte” de parte del Parlamento, y que pese a que no es vinculante “no respetarlo es una señal negativa en cuanto a un poder como el Legislativo”.

Y en este sentido fue directo: “Nosotros no votamos renuncias a la Junta Departamental. Los ediles fueron electos. Lo que votamos fue la renuncia de los cargos en la CTM”.

En diálogo con El País, Perrone agregó que de esta manera, a su parecer, el presidente de Salto Grande (Burutarán) estaría teniendo, al reafirmarse en el cargo, “mayor poder” que el Parlamento, todo lo cual genera una situación política que puede terminar en nuevas repercusiones a nivel parlamentario y más desencuentros en la propia coalición de gobierno, como los hubo durante la interpelación de días atrás.

“Si no se respeta lo que votó el Poder Legislativo se abre la puerta a una nueva interpelación y esa interpelación puede tener nuevas consecuencias”, advirtió Perrone, que subrayó: “Lo que se aprobó es la salida de todos los contratos”.

Su correligionario Rodrigo Albernaz, diputado por Salto, dijo que el partido liderado por Guido Manini Ríos está en este momento como “observante” del desenlace de los hechos y que le “gustaría”, como socio del oficialismo, “que no haya méritos para reflotar esta problemática porque seguiría haciendo daño a la coalición”. “Pero si hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, avisó también Albernaz.

Lo mismo ha adelantado esta semana el Frente Amplio en la voz de quien fue el diputado interpelante en la extensa jornada entre el 3 y 4 de octubre, Nicolás Viera. El frenteamplista dijo este martes a La Diaria que evalúa reeditar la interpelación -esta vez sería solo al canciller Francisco Bustillo- si no observa un acatamiento más lineal a las mociones de la cámara baja. “Nos parece que la inacción del gobierno es preocupante porque no encontramos demasiado eco en cumplir con la resolución que tomó el Parlamento, que, si bien no es vinculante, el presidente en persona se comprometió a estudiarla y llevarla a cabo”, afirmó.

En filas nacionalistas, en donde el tema es bastante delicado, las posturas son variadas. Está, por ejemplo, la posición del senador Sergio Botana, para quien el tema “se terminó” desde el momento en que Albisu renunció tras reunirse con Lacalle Pou el 7 de setiembre, y la de Jorge Gandini, quien desde un inicio se mostró crítico con la gestión de Albisu, y tras el pronunciamiento de Diputados marcó que el Poder Ejecutivo debía acatar por lo menos el punto relativo a los ediles.

Gandini dijo ahora a El País que por un lado ve bien que la Torre Ejecutiva comenzara a “actuar”, ya que se está yendo “por el camino de la lógica” al promover las renuncias heterogéneas que se están dando en estos días, pero que continúa pensando lo que siempre creyó: “Por una cuestión de dignidad, los ediles tienen que dejar el cargo, y lo mismo pienso para el caso de la Comisión Administradora del Río Uruguay -dijo Gandini-, en donde también hubo irregularidades en nombramientos. Allí debería actuarse de la misma manera”.

Este martes, en declaraciones a la radio Arapey, el líder de Por la Patria había cuestionado duramente lo ocurrido en Salto Grande. “Metieron por abajo de la mesa cargos que les convenía a ellos políticamente, y está mal. No ganamos las elecciones para esto -criticó-. No les pedimos a los militantes que nos acompañaran y que hoy se despierten, abran los ojos y vean que la gente a la que votaron se acomodó y los dejó tirados a todos ellos. La única manera que tienen de corregir este desvío y darle al Partido Nacional el honor, es que se tienen que ir”. Producción: Hugo Lemos.