Por Fabián Cambiaso
El próximo miércoles la Cámara de Diputados discutirá y -todo indica que- aprobará el proyecto de leyque prevé una reparación económica y moral a las víctimas de acciones violentas por parte grupos ideológicos armados que operaron antes y durante la última dictadura militar. Aunque no lo establece, está específicamente dirigido a las víctimas de movimientos englobados en el término "guerrilla".

Será el tercer intento en 18 años por consagrar una ley de este tipo y, según lo que parece, a diferencia de los anteriores, esta vez será exitoso. "La tercera es la vencida", le dijo a El País el exdiputado colorado Daniel García Pintos, quien en 2004 promovió el primer proyecto que, después de un largo e intrincado periplo, se mantiene aunque con algunas diferencias de fondo.

El texto, elaborado junto al excomandante en jefe del Ejército Raúl Mermot -integrante como él de la Asociación Patriótica 14 de Abril- le fue presentado al entonces presidente Jorge Batlle, que lo firmó y envió al Parlamento. Fue en año electoral, en que el tradicionalmente se evita el tratamiento de temas polémicos, lo que hizo que la propuesta no llegara a ser considerada en sala.

García Pintos recuerda que ese proyecto planteaba una reparación para "todos" los muertos, "los nuestros y de los muertos de ellos", dice, en referencia a las víctimas del terrorismo de Estado. Según sus cálculos, abarcaba a más de 150 personas. La intención, remarcó, era que no hubiera "muertos de primera o de segunda" ya que "después de muertos, todos merecen respeto".

En el siguiente período de gobierno el esquema pareció repetirse. El entonces diputado rescató el proyecto del archivo, lo volvió a presentar y logró que otro presidente lo hiciera suyo. Esta vez fue Tabaré Vázquez quien lo firmó y le dio estado parlamentario. Allí por primera vez se menciona quelas víctimas fatales irían a recibir US$ 150 mil, una cifra que fue elegida ya que, según García Pintos, en su momento pareció "razonable".

Vázquez anunció el proyecto el 19 de junio de 2007, en un recordado acto en la Plaza Independencia en el que exhortó al "nunca más hermano contra hermano". García Pintos dice que el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular terminaron "bloqueando" la iniciativa, que volvió a fracasar. "Yo cumplí", recuerda que le dijo Vázquez, que un año después enviaría otro proyecto que solo reparaba a las víctimas del Terrorismo de Estado. "A nuestros muertos los tiraron en una cuneta, como en la Guerra Civil Española", dice el exdiputado. En febrero de 2020, además, poco antes de terminar su segundo mandato, Vázquez volvió "hereditarias" esas pensiones a través de un decreto, aunque a cambio de que sus beneficiarios renunciaran a otras prestaciones.

En 2010 García Pintos dejó el Parlamento, pero dice haber seguido intentando promover la reparación. En ese período, recuerda, el entonces senador Luis Alberto Lacalle Herrera tuvo la intención de retomar la idea, pero no pasó de eso. En 2020, finalmente le acercó el proyecto a Guido Manini Ríos en la etapa en la que colaboró con Cabildo Abierto en el Plan Juntos. Ese partido terminaría presentando otro proyecto, que sería una vez más retomado por el Poder Ejecutivo y que, con modificaciones, será discutido este miércoles.

La lista de posibles beneficiarios de la ley que se votará ese día recoge la que estaba incluida en el fallido proyecto firmado por Vázquez. Allí figuran 66 personas, cuyas muertes han sido atribuidas al accionar de grupos armados de izquierda. Son 18 militares, 14 civiles y 34 policías.

Allí están incorporados casos como los de Artigas Álvarez (hermano del exdictador Gregorio Álvarez), Ricardo Braida, Saúl Correa, Ramón Ferreira, Osiris Núñez y Gaudencio Núñez (los cuatro soldados asesinados el 18 de marzo de 1972 mientras hacían guardia ante la casa del comandante del Ejército). También otros emblemáticos, como los del exinterventor de Secundaria Armando Acosta y Lara, el peón rural Pascasio Báez o Carlos Burgueño, el civil asesinado durante la "Toma de Pando" en 1969.

Las reparaciones deberán ser refrendadas por una comisión especial que se creará a esos efectos. La mayoría de los casos parecen claros, por lo que, si todos se aprobarán, deberían otorgarse indemnizaciones por US$ 9,9 millones. A eso habrá que sumarle un número aún indeterminado de beneficiarios que lograsen probar -ellos o sus familiares- que quedaron incapacitados de forma permanente a consecuencia de un acto guerrillero y que estuvieron secuestrados por más de 72 horas. En estos casos las reparaciones previstas son de US$ 100 mil y US$ 50 mil respectivamente.

García Pintos adelantó al respecto que el próximo 14 abril, fecha emblemática en la que la asociación que encabeza hace su tradicional acto en la Plaza de la Bandera, hará referencia al tema y aludirá que las víctimas del Terrorismo de Estado y sus descendientes han percibido, en estos últimos quince años, una cifra que en forma global es sensiblemente mayor. Algunos datos, señaló, apuntan que esa cifra podría llegar a ser de hasta US$ 1.000 millones.

Con todo, la lista no está exenta de problemas. Crysol, la organización que nuclea a expresos políticos, señaló en el Parlamento que los militares y sus familias ya fueron reparados hace 50 años. Fue a través de la ley de Presupuesto Nacional de Sueldos e Inversiones aprobada en marzo de 1973. Allí se establecía una reparación para los causahabientes de los uniformados fallecidos "con motivo o causa de la lucha antisubversiva. Se previó un monto de 2.480 unidades reajustables para los oficiales, y de 2.170 para el personal subalterno. El dirigente de Crysol, Gastón Grisoni, apuntó en La Diaria que, a valores actuales, implicarían US$ 85 mil y US$ 75 mil respectivamente.

Otro problema radica en las fechas. El proyecto que será votado el miércoles establece reparaciones para las víctimas de hechos comprendidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.

Según Ope Pasquet el diputado colorado que elaboró el texto que será llevado a sala, la fecha de inicio fue tomada de la ley que en 1985 que estableció una amnistía para los responsables de delitos políticos cometidos a partir del 1 de enero de 1962. El diputado sostuvo que pareció razonable seguir el mismo criterio, dado que "si a partir de esa fecha hubo delitos, es que hubo víctimas".

La fecha final, en tanto, quedó determinada en función de que existen denuncias de que aún en 1976 hubo víctimas de grupos armados. El último sería Roberto Botti, un militar de artillería presuntamente asesinado el 19 de febrero de 1976 pero de cuya muerte también existen dos versiones encontradas.

La delimitación de fechas, dijo Pasquet, respondió sobre todo a un criterio administrativo, descartando los señalamientos del Frente Amplio de que se está tratando de crear una "nueva etapa en la historia nacional", similar al período en el que sucedió el Terrorismo de Estado.