Redacción El País
La iniciativa constitucional que promovían el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio —como el Partido Comunista y el Partido Socialista— parareformar la seguridad social, con una papeleta blanca de letras negras, finalmente no triunfó y recibió el 40,6% de los apoyos, según las primeras proyecciones de Equipos. En tanto, el plebiscito de los allanamientos nocturnos, promovido por la coalición de gobierno, tampoco superó el 50% más uno de los votos (alcanzó el 39,9%) en las elecciones nacionales de este domingo, por lo que no habrá modificaciones en la ley actual.

La papeleta de la seguridad social, que también acompañaron Identidad Soberana, Asamblea Popular y el Partido Ecologista Radical Intrasigente (PERI), se presentó con el texto íntegro de la reforma, con la siguiente anotación: "voto por sí a la reforma del artículo 67 de la Constitución". No alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios.

Proponía tres pilares. Por un lado, que la seguridad social no fuera susceptible de lucro y que se organizara y gestionara exclusivamente a través del Estado, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Por este motivo debían cesar en un plazo no mayor a 24 meses las actividades de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). De haber triunfado, los fondos acumulados en las AFAP iban a ir a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social (BPS).

Por su parte, sobre la propuesta de allanamientos la Constitución dice, en su artículo 11, que "el hogar es un sagrado inviolable" y que "de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente". De esta misma manera se mantendrá, de acuerdo a lo decidido por la ciudadanía, horas después de que los circuitos cerraran y se dieran a conocer los resultados preliminares.

Foto: Leonardo Mainé.

La modificación —no aprobada— indicaba que, "por orden expresa y fundada de un juez competente", se podría allanar un hogar. Si la opción prosperaba, la policía iba a necesitar el aval previo del magistrado para actuar.

La reforma constitucional en este sentido fue impulsada por toda la coalición de gobierno, que encabezó la campaña señalando que este cambio normativo era crucial como una herramienta más de combate para enfrentar al narcotráfico. En cambio, el Frente Amplio tomó una postura contraria por entender que la propuesta fue planteada "con motivaciones electorales" y que suponía una "desprotección de los hogares".