Cabildo Abierto está decidido a cambiar varios aspectos vinculados con los préstamos, en especial con las tasas de interés. El lunes el partido liderado por Guido Manini Ríos presentó la propuesta de reforma ante la Corte Electoral para realizar un plebiscito que modifique la Constitución, y ya tiene un comité que prepara la campaña para la recolección de firmas. Su propuesta, que ya se topó con el rechazo de economistas por los diversos impactos negativos que tendría implementar los cambios, entre los que se incluye una limitación al acceso al crédito y una afectación en la economía y el empleo.

La iniciativa de Cabildo Abierto, que se pretende poner a consideración en la próxima elección nacional, plantea que el Parlamento pase a controlar el interés máximo que se le permite a los prestamistas, incluidas las tasas de interés (el “precio” a pagar por el monto de dinero que se pide), las moras (multa por incumplir contrato), entre otros puntos. Hoy quien tiene la facultad regulatoria es el Banco Central del Uruguay. Además, se establecería una tasa de interés máxima de 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas provisoria hasta que se sancione una ley con los nuevos porcentajes.

“El proyecto es sumamente negativo”, sentenció a El País Nicolás Cichevski, gerente en CPA Ferrere, y añadió: “Si bien el objetivo inicial puede ser compartible (facilitar el acceso al crédito ‘barato’ a las familias), en los hechos es altamente improbable que ese objetivo se cumpla”. De aprobarse, puede que se generen “efectos negativos que limiten el acceso al crédito”.

Además, advirtió, puede “que se reduzca la actividad económica y el empleo de parte del sector financiero no bancario y de forma indirecta a la economía”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Barbara Mainzer, indicó a El País que es un “tema muy relevante y muy complejo -no es sencilla ni evidente la solución- que afecta a muchos uruguayos”. En ese sentido, remarcó que se debe “buscar una solución, pero una buena solución”. Lo que es necesario “evitar”, en su opinión, es “poner topes artificiales, desacoplados del riesgo y de la realidad del mercado” porque puede provocar que “todo un sector de la población no pueda acceder al crédito formal”. “Y deba acudir al crédito informal, que tiene otras tasas y otras reglas. En otras palabras, que no se termine perjudicando a quienes se quiere proteger”, agregó.

“Hay abundante experiencia con leyes de refinanciación y topes de tasa en otros países de la región, y lo que terminó pasando es que todo un sector de la población quedó sin poder acceder al crédito formal. También en nuestro país tuvimos, hace varias décadas, experiencias de topes de tasas y leyes de refinanciaciones y las consecuencias fueron muy negativas”, recordó Mainzer.

Cichevski apuntó que “no hay ningún tipo de evidencia de que el crédito a segmentos de bajos ingresos sea ‘caro’ porque la rentabilidad de estos es elevada”. Al contrario, continuó el economista, los costos de “gestión y seguimiento de los créditos no suelen variar según el monto del crédito, por lo que para que las instituciones financieras otorguen créditos de bajo monto (por ejemplo, $ 50.000), la tasa de interés debe compensar esos costos”.

“A su vez, el riesgo de impago de esos créditos suele ser elevado, por lo que la tasa debe reflejar ese riesgo. Si la tasa de interés se limita a un 30% en UI”, que es lo que propone Cabildo Abierto, es “altamente probable que desaparezca la mayoría de los créditos que hoy se otorgan a tasas superiores y ese segmento de la población se quede sin acceso al crédito”, aseguró.

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, Pablo Montaldo, también criticó la tasa provisoria de 30%. “De prosperar, sería el fin de esa modalidad crediticia y la mayoría de las financieras no bancarias”, indicó, y recordó que “hoy las tasas promedio del mercado para créditos en pesos sin descuento del sueldo están entre 58% y 89%”.

Mainzer también remarcó que la tasa de interés transitoria anual que plantea el partido político es “menor que la mayoría de los créditos que son otorgados”. Y advirtió: “Probablemente habría una importante retracción del crédito, que derivaría en que un sector de la población termine quedándose sin crédito o quede limitado al mercado informal. Esto afectaría particularmente a poblaciones más vulnerables. Probablemente jóvenes, trabajadores independientes y personas sin historial crediticio o historial desfavorable”.

“El proyecto cambia las reglas de juego”, advirtió Cichevski, “algo que suele ser muy importante para un país como Uruguay para atraer inversiones”. Se refirió a la propuesta de cambiar los contratos previos a julio de 2023 y de menor monto a US$ 30.000, las que podrían “ser canceladas a una tasa efectiva anual máxima de 4% en UI”. “Genera un precedente muy negativo, y expone a la economía a riesgos innecesarios”, la que podría tener “consecuencias negativas”.

Por su parte, Mainzer indicó que “preocupa” lo “relativo a la seguridad jurídica”. “Nuestro país se destaca en el contexto mundial y regional por su respeto a las reglas de juego. Y ese en un activo muy preciado, es una de las causas por las que Uruguay atrae inversiones. Un cambio en las reglas -más uno drástico como el que se está hablando- sería muy negativo en ese sentido” dijo.