Redacción El País
El precandidato colorado Robert Silva presentó su propuesta programática en materia de seguridad y convivencia ciudadana, junto a Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

“En mi gobierno, la seguridad va a tener su base en presidencia de la República. Me voy a poner al frente de la coordinación del combate a la delincuencia común y al crimen organizado con un comando unificado de combate al delito. No van a quedar dudas: habrá un presidente que se ocupará directamente por darle mayor seguridad a los uruguayos”, dijo el precandidato en la Casa del Partido Colorado.

Silva estructuró su programa entorno a cinco propuestas: “prevención integral del delito como complemento indispensable para mejorar la seguridad pública”, “lucha frontal contra el crimen organizado y lavado de activos”, “profesionalización policial para asegurar la eficiencia, eficacia, integridad y legitimidad de las fuerzas de seguridad”, “Ministerio de Justicia y reforma del sistema penitenciario nacional con foco en la efectiva rehabilitación de las personas privadas de libertad” y “tratamiento de adicciones para dar batalla junto a las familias afectadas”.

En cuanto al primero punto, además de la creación del comando liderado por el presidente, propone la “concreción de una política de saturación social para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito”, la “instauración del programa de desarme civil voluntario y focalizado”, la “articulación con el sistema educativa” para lograr una “educación segura y preventiva” y la “constitución de un cuerpo de bomberos voluntarios”.

En cuanto a la lucha frontal contra el crimen organizado y el lavado de activos, plantea la “realización de una auditoría nacional de seguridad y estrategia nacional contra el crimen organizado”, el “blindaje del puerto de Montevideo con apoyo militar y un sistema de control público-privado”, que la “prevención del lavado de activos” sea “prioridad de primer orden”, el “fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)” y la “realización de allanamientos nocturnos”.

En el tercer núcleo de propuestas, vinculadas a “la profesionalización policial” se destaca en primer lugar la “convocatoria a concursos públicos y eliminación de la selección directa de las direcciones nacionales y de las jefaturas departamentales”. En un documento de 17 páginas en el que se defiende la actual gestión de seguridad y se explica cada propuesta, plantea que concretará “un sistema nacional de concursos de oposición y méritos para la selección de los oficiales superiores de la Policía Nacional, eliminando la selección directa de las autoridades de las direcciones nacionales y de las jefaturas departamentales”. Entonces, agrega que “este proceso, entre otros aspectos a regular, será llevado adelante por un comité de selección técnico interinstitucional que valorará antecedentes educativos y laborales, así como la presentación por parte de los postulantes de una estrategia operativa y de desarrollo institucional, en línea con el Plan Nacional de Seguridad”.

En este marco, propone además “nueva ubicación institucional de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior” y un “aumento de por lo menos el 50% de los salarios policiales”. En este sentido, expresa que “el pago de salarios a funcionarios policiales ronda los $ 17.700 millones por año, lo que equivale a US$ 454 millones”.

Además, impulsa “mejorar la formación y aumentar las exigencias para el personal subalterno” y “convertir 1.500 soldados del Ejército en policías ejecutivos y miembros de la Guardia Republicana”.

Foto: Comando de campaña de Robert Silva