Por Pamela Díaz y Joaquín Silva
Después de muchísimas reuniones, duras negociaciones y varios recálculos exigidos por los socios de la coalición, Rodolfo Saldain vio nacer la reforma de la seguridad social en la que trabajó desde el inicio codo a codo con Luis Lacalle Pou. Ahora defiende el articulado, y dice que lo que se cambio no afecta a la sustentabilidad de la ley. En tanto, acusa a la oposición de debatir el tema en términos de “batalla electoral”.

-Hay grandes diferencias entre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ingresó al Parlamento en octu-bre de 2022 y el que se aprobó esta semana. ¿Es la reforma que hubiera querido?

-Son obras colectivas y, por lo tanto, tienen visiones de muchas sensibilidades, de muchos sectores y muchas personas. Es una excelente reforma que pone en el sendero de la sustentabilidad al sistema, sin duda. Y, obviamente, los futuros gobiernos van a tener que seguir monitoreando y trabajando. Además de que queda una agenda por delante por la propia ley.

-Justamente, es sabido que en determinado momento se deberá realizar otra reforma al sistema de seguridad social. ¿Para cuándo lo estima?

-No lo sé. La reforma de 1996 hubiera tenido efectos hasta 2040, aproximadamente. Ahí hay un quiebre demográfico muy marcado: la población de 65 años se dispara en relación a la población en edad de trabajar. Sin embargo, en el medio pasaron cosas que hicieron necesario abordar el tema antes. Creo que tenemos por delante un horizonte razonable de tres décadas. Pero se va a tener que ir revisándolo siempre. Por eso es importante la nueva agencia reguladora como una institucionalidad para el sistema.

-Desde el Frente Amplio se cuestiona la constitucionalidad de esa agencia, que tendrá el cometido de “evaluar y regular la actividad de los sujetos prestadores de servicios de seguridad social”. Dicen que se afecta la autonomía del BPS. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno?

-No hay ninguna duda de que es constitucional. Así los dijeron los expertos en derecho público de la Universidad Católica, Martín Risso, (María Paula) Garat, (Raúl) Gamarra, el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y (Ruben) Correa Freitas. Hay una carilla aislada del muy respetado doctor (José) Korzeniak. Está fuera de duda.

-Hay dos discursos encontrados. Por un lado, la coalición sostiene que la mayor parte de los jubilados van a ganar más. Pero en la vereda contraria se afirma que serán más años de trabajo para una jubilación menor a la actual. ¿Miente la oposición?

-Es un slogan. Uno de los problemas que tuvo este proceso es que la oposición decidió que la reforma sea parte central de la batalla electoral, la que viene en breve. Creo que es malo, incluso para la propia oposición. Lo cierto es que -y es algo reconocido por el gobierno y otros muchos- para los deciles de menor ingreso el beneficio de la reforma es indubitable a través del suplemento solidario (que se creará). Y para los de mayor ingreso, a través de un mayor período de ahorro, de capitalización, también lo es. Lo otro, son discursos. La reforma tiene elementos de diseño suficientemente potentes como para que la tasa de reemplazo -el porcentaje del salario en actividad que es sustituido por la jubilación- no sea inferior al actual y, en muchos casos, superior.

-¿Y cómo rebate la afirmación de la oposición de que hay que “trabajar más para cobrar menos”?

-Es falso. Trabajar más, sí. Hay más tiempo. Pero lo que es tasa de reemplazo no va ser menor, va a estar en línea con lo que está hoy. Y para los sectores más bajos (el ingreso) va a ser mayor. Al que se jubila hoy a los 65 años, no va a cambiarle la edad jubilatoria. El tema es cómo queda aquel al que se le está pidiendo que corra la edad. Y ese va a tener un valor mensual equivalente al que obtiene hoy, incluso mayor en muchos casos.

-Más allá de la oposición, a la que volveremos más adelante, dentro de la coalición hubo duras negociaciones. La primera se dio con Cabildo Abierto, que planteó cambios que, para el gobierno, en un primer momento no eran viables. Pero después hubo un acuerdo. ¿En qué situación quedó la reforma?

-Fui bastante categórico sobre que algunos planteos de Cabildo Abierto no eran viables. Por ejemplo, el llevar el sueldo básico jubilatorio a los mejores 15 años. Claramente no era viable. Pero eso no es, en definitiva, lo que se acordó. Se votaron los 20 mejores, que implica cambios muy relevantes en algunos sectores. Pensemos, el militar y policial hoy promedia los últimos cinco años. En términos del impacto fiscal, la modificación está alrededor de 0,3 puntos del Producto Interno Bruto. Y, lo que era en el largo plazo 9,7 puntos del PIB pasa a un 10. Y no hacer nada implica estar en 13 puntos. Por lo tanto, hay una diferencia muy importante a favor.

-Después vinieron los pedidos del Partido Colorado…

-Sí. Ellos corrigieron un tema que se generó a partir de la etapa de negociación: un salto muy grande entre la generación del 72 y la del 73 (N.d.R: antes la del 72 podía jubilarse con 60 y la del 73 con 63; ahora la del 73 puede jubilarse con 61 y se sube de a un año hasta los que se jubilen con 65). También tiene un impacto en la disminución del gasto, pero es de corto plazo. Tiene un período en el que incide y después ya no porque llega el momento donde todos tienen que llegar a la (nueva) edad jubilatoria.

-La posibilidad de retiro antes de los 65 años con largos trayectos laborales (con 38 años podrán jubilarse con 63) que es otra de las modificaciones coloradas, ¿tiene incidencia fiscal?

-No, prácticamente no tiene impacto. No hay tanta gente con 38 años de aporte efectivo en la historia laboral.

-¿Fueron más razonables los pedidos del Partido Colorado que los de Cabildo Abierto?

-No. Fueron todos pedidos con nivel importante de intensidad.

-¿En qué sentido?

-De los efectos que causaban. El número de planteos del Partido Colorado, en total, fue muy importante. Creo que los dos socios de la coalición se expresaron de acuerdo con su saber y entender de manera intensa.

-El senador Óscar Andrade criticó que en la construcción de la reforma se “blindó a sectores más potentes en lo económico”. ¿Existía la posibilidad de incluir al sector empresarial? ¿Se evaluó hacerlo?

-La reforma no tiene como foco una reforma tributaria. Se tomó la estructura tributaria vigente, la de 2008. Es posible que Uruguay requiera hacer una revisión del su esquema tributario, pero no en la reforma jubilatoria. Aumentar la aportación de capital de los empleadores no nos pareció que fuera una buena opción. Sobre todo porque el país sigue teniendo problemas de empleo. Desde el punto de vista del empleador, su costo de contratar a una persona es el sueldo, el aporte personal y aporte patronal. Es la totalidad. En Uruguay, ya la mitad de todo el presupuesto jubilatorio lo paga toda la sociedad vía impuestos. Insisto: cambiar la estructura tributaria de aportación patronal no nos pareció que fuera una opción de política adecuada. La tasa (de aporte jubilatorio patronal) que tenemos con carácter general es de 7,5%, es una tasa que a nivel global, sumado al 15% (del aporte jubilatorio personal), está en un nivel bastante alto en la región. Según nuestro diagnóstico, si bien el déficit es importante, lo más importante es el nivel de gasto. Y la estructura tributaria, si habrá que revisarla, habrá que hacerlo en su conjunto en otra reforma tributaria.

-Desde la oposición se aseguró que la reforma “cae sobre los hombros de los trabajadores”. ¿Qué opinión le merece?

-Cae sobre los uruguayos, que somos todos. No es verdad que los trabajadores sean una categoría diferente a los uruguayos. Cae sobre los uruguayos trabajadores como sobre una pensionista o en una jubilada que cuando va al almacén paga $ 122 por lo que vale $ 100 porque hay casi 10 puntos del IVA que están afectados a la seguridad social. Desde el punto de vista sindical, siempre está el reclamo de que pague el empleador. Ahora, no todos los empleadores tienen la situación que han tenido los bancos históricamente. Veamos la Caja Bancaria: los bancos pagan más de un 25% de aporte patronal sobre el salario, más otros impuestos. Eso no lo podemos trasladar al resto de la población, al resto de las empresas, porque no tienen el poder de mercado para poner tantas condiciones a los usuarios. Y sería mala idea cargar más el trabajo de lo que ya está, y en un contexto con problemas de empleo. Esto pese a que estemos en un nivel histórico de aportación al BPS

-La diputada Micaela Melgar se refirió a las trabajadoras sexuales y preguntó en la última sesión si alguien “pensó” en su situación. Su crítica se enfocó en el aumento de edad jubilatoria “al barrer”.

-El problema del trabajo sexual es otro, es el propio trabajo sexual. Creo que allí hay que hacer un trabajo, pero por otro lado. No es un problema jubilatorio, es un problema social de otras características. Escuché a Melgar y realmente tiene conceptos bastante equivocados en una serie de aspectos. Daba a entender que en la noche todos los hombres pensaban o tenían vinculación con trabajadores sexuales. Muy prejuicioso todo eso. Tienen su régimen y van a tener que adaptarse a las condiciones generales. Todos los sectores de trabajadores que tengan argumentación para buscar un tratamiento particular tienen un procedimiento en la ley. (La reforma) prevé expresamente dos casos: construcción y rurales. Pero habilita a que otros se presenten para revisar las situaciones.

-¿Eso es para todos los trabajadores que tengan tareas en el rubro de la construcción?

-No. Los abogados, contadores, no. Son aquellos que estén afectados a puestos de trabajo que tengan realmente una exigencia física. Acá hay lecciones aprendidas de la historia. Hubo normas que establecían regímenes especiales para todo un sector de actividad y se jubilaba el gerente general, el contador, el abogado. Hay que ver caso a caso. Porque obviamente el trabajo está cambiando y lo está haciendo, afortunadamente, más fuertemente en aquellos sectores que requieren más esfuerzo físico. Allí la incorporación tecnológica seguramente va a tener un rol muy importante.