La gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde Uruguay tiene tres delegados designados por el gobierno, está en el foco de legisladores de la oposición y de la coalición multicolor desde setiembre, cuando su presidente, Carlos Albisu, renunció. Un mes después, la Cámara de Representantes manifestó que es “fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos”, y solicitó una auditoría externa, la renuncia de la delegación uruguaya y el cese de los funcionarios que ingresaron por designación directa, entre otros, 10 ediles del Partido Nacional (PN).

A meses de esa resolución, en el Frente Amplio (FA) plantean que no se cumplió con el reclamo, mientras en la coalición multicolor valoran los avances logrados y apuran un proyecto de ley.

En este escenario político, la CTM de Salto Grande aprobó ayer un ajuste salarial de 5,11% para los funcionarios del complejo hidroeléctrico, lo que genera disconformidad en la Asociación de Trabajadores del Uruguay de Salto Grande (Atusg), puesto que quedó sin efecto, a pedido del canciller Omar Paganini, un convenio salarial firmado en diciembre que era más favorable para los trabajadores. “Vos no podés permitir que vengan los legisladores y que por rencillas políticas internas, como tiene el PN, voten y quieran decapitar a todo el mundo. Si hicieron cosas mal, lo tenés que arreglar en tu casa; no pueden agarrar de rehenes a la planta permanente de Salto Grande”, dijo el presidente del gremio, Walter Méndez, a El País.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, planteó en diciembre ante la comisión de Asuntos Internacionales que el acuerdo salarial firmado unos días antes entre el gremio y la delegación uruguaya constituía “un hecho grave”, pero esta semana valoró positivamente que CTM, a través de una resolución del 19 de diciembre, dejara sin efecto el convenio. “Se dio marcha atrás; la delegación actuó en línea con lo decidido por la Cancillería”, destacó Posada.

“Hay un proyecto de ley en el Parlamento (enviado por el Poder Ejecutivo) que es el paso más trascendente que se dará, no ya sobre la delegación de Salto Grande, sino sobre todas las delegaciones en las distintas comisiones internacionales, y eso me parece lo más importante desde el punto de vista institucional”, expresó el legislador.

Además, ponderó que si la iniciativa se convierte en ley (ya fue aprobada en el Senado y está a estudio de Diputados), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) controlará los gastos.

“En ese sentido, hay una actitud conteste del Poder Ejecutivo en impulsar una regulación legal que está en línea con lo planteado en la Cámara de Diputados”, valoró el legislador del Partido Independiente.

Al recordar que fue miembro denunciante de la comisión investigadora de Salto Grande en el año 1995, Posada sostuvo que “esta es la primera vez que se da un paso de la trascendencia como el que está planteado, porque por primera vez esos presupuestos pasan a la lógica de la OPP, que hoy tiene injerencia en los entes autónomos y servicios descentralizados”.

El senador Jorge Gandini, precandidato a la Presidencia del PN, también valora que se han resuelto algunos de los problemas, pero reclama una rápida aprobación del proyecto de ley para evitar que delegados de comisiones binacionales hagan política partidaria. Aunque no los nombró, son varios los que tienen una activa militancia, como el delegado de CTM de Salto Grande, Daniel Arcieri de Aire Fresco (PN) -quien anunció que apoya al exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado como precandidato y que se postulará a diputado por Paysandú-, o Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y principal aliado político del senador Juan Sartori.

“En este tema hay medidas que se pueden tomar y hay otras que no se pueden tomar, que no corrigen algunos desvíos, porque deberían ser decisiones que tome el organismo binacional, y por lo tanto no se arreglan desde el país”, dijo Gandini, quien consideró que esto sucede “en materia de contratos, donde se han resuelto un montón de cosas porque han cambiado muchos de los contratos” y “en materia salarial, que se ha resuelto algo pero generó un conflicto”. Sin embargo, “hay otras cosas que sí dependen exclusivamente de nosotros, y lo que depende de nosotros es el proyecto de ley que establece las condiciones para integrar estos organismos en la delegación uruguaya”, agregó.

Gandini repasó que luego de que un proyecto de ley de su autoría quedara por el camino por no alcanzar los dos tercios requeridos en Diputados, El Poder Ejecutivo remitió otro que no requiere mayorías especiales. “Ese proyecto tiene que salir en marzo. Se han generado inconvenientes, no voy a decir que hubo chicanas; hubo inconvenientes en algunos casos hasta para querer mejorarlo, pero no salió antes de fin de año. Bueno, ahora en marzo debería salir, porque el sistema político tiene que dar señales claras y las señales son que si se integra la dirección de la delegación uruguaya de alguno de estos organismos, no se puede hacer política y no se puede ser candidato. Eso es lo que dice el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo”, concluyó.