Schipani dijo que "hay sobrados elementos" que ameritan investigar actuación de Recarey

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Felipe Schipani. Foto: Francisco Flores
Conferencia de la Comision Investigadora de Fenapes por irregularidades en Secundaria, acusan a seis sindicalistas de la cupula de Fenapes de fraude, estafa y falsificacion de documentos, en el Anexo del Palacio Legislativo, Montevideo ND 20220425, foto Francisco Flores - Archivo El Pais, diputados de la coalicion y el denunciante Felipe Schipani informando de las investigaciones
Francisco Flores/Archivo El Pais

TRAS SUSPENSIÓN DE VACUNAS

El diputado hizo un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia respecto a “si ha dispuesto o se tiene previsto instruir una investigadora administrativa" sobre el fallo del magistrado.

El diputado colorado Felipe Schipani afirmó que "hay sobrados elementos" que ameritan una investigación administrativa "en relación a la actuación del juez Alejandro Recarey en el amparo que dispuso la suspensión de la vacunación (anticovid) a menores de 13 años”.

El legislador informó este martes que presentó un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para saber “si ha dispuesto o se tiene previsto instruir una investigadora administrativa" al respecto.

En el escrito, se pide información sobre “si ha dispuesto o tiene previsto instruir una investigación administrativa tendiente a la averiguación de la verdad con el propósito de descartar o verificar la ocurrencia de actos irregulares o ilícitos en el servicio de administración de justicia vinculados a los hechos de referencia denunciados públicamente”.

“El Poder Ejecutivo ha dado a publicidad los términos de su contestación a la demanda de amparo, denunciando prejuzgamiento del citado magistrado y ausencia de imparcialidad de este, señalando el exceso de la medida provisional dispuesta de suspensión de la campaña de vacunación, configurando una infundada intromisión en las competencias del Poder Ejecutivo con potencial de lesionar gravemente el efectivo ejercicio de las competencias de gobierno en protección del interés público relativo a la salud de los habitantes de la República”, dice el documento presentado por Schipani.

“En el mencionado escrito se transcriben opiniones vertidas con anterioridad por el Dr. Recarey, cuestionando las disposiciones sanitarias adoptadas, criticando el rol de la que ocupó la ciencia en el marco de la pandemia, así como los contratos firmados por el gobierno para la adquisición de las vacunas, los laboratorios y las cláusulas de confidencialidad”, añade.

“Es de público conocimiento que aún en las audiencias que el mismo magistrado dirige, en reiteradas ocasiones se ha opuesto al uso de mascarilla facial, como surge documentado recientemente en la prensa: ‘…Recarey se mantuvo reacio a usar tapabocas en las audiencias, según contaron abogados a Montevideo Portal, aunque en estas aclaraba que si alguien lo requería por motivos de salud él estaba dispuesto a colocárselo’. Nada de ello es desconocido por los representantes letrados del Ministerio de Salud Pública, que asiduamente concurren a las audiencias”, dice el pedido de informes.

Además, Schipani plantea que “el programa periodístico televisivo 'Santo y Seña' emitido el pasado domingo 10 de julio de 2022 informó que el Dr. Alejandro Recarey fue designado 'a su pedido' por la Suprema Corte de Justicia para actuar como Juez de Feria en lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial menor del mes de julio de 2022". "Justamente, el primer día de la feria, el viernes 1 de julio, se presentan las dos demandas de amparo”, resalta.

El diputado colorado citó el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, que prohíbe a los magistrados “dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional”.

También menciona al artículo 112 de la misma normativa, que define que los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria "por acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público o descrédito para la Administración de Justicia" y que "cuando incurriere en abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, cualquiera sea el objeto con que lo hagan".

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