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El Frente Amplio parecía tener clara la receta para una nueva reforma de la seguridad social: de ganar las elecciones, el 2 de marzo de 2025 convocaría a un “gran diálogo social” para acordar los cambios.

Primero lo anunció Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, en el Congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP). Luego, este rumbo fue reafirmado en los “Seis compromisos por Uruguay”, el 26 de marzo, y en una declaración de la Mesa Política de la coalición de izquierda.

Sin embargo, en mayo, el movimiento sindical comenzó a discutir la posibilidad de impulsar un plebiscito. Tres meses después, la Mesa Representativa del Pit-Cnt definirá este jueves si junta firmas para dejar “sin efecto” la Ley 20.130, si lo hace para eliminar las AFAP o si espera a un nuevo gobierno para proponerle cambios.

La discusión de los trabajadores provocó que, antes o después, los sectores del Frente Amplio empezaran a pronunciarse sobre la eventual consulta popular.

El primero fue el Partido Socialista. Su Comité Central resolvió el 24 de junio que acompañaría el plebiscito constitucional para eliminar las AFAP, fijar los 60 años como edad mínima de retiro y garantizar una mejora de las jubilaciones y pensiones mínimas, como también propusieron la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y otros sindicatos en la interna del Pit-Cnt.

La dirigente socialista Daniela Brandon señaló ayer a El País que, por razones de forma, no consideran pertinente embanderarse con un plebiscito que deje sin efecto la última reforma jubilatoria. “La herramienta no está pensada para eso”, indicó.

Los demás integrantes de la alianza Izquierda y Libertad -Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo y la Lista 5005- definirán en estos días una postura oficial.

En tanto, el MPP se pronunció en contra este fin de semana. “La conformación de un diálogo social para crear una nueva Ley de Seguridad Social es la respuesta adecuada y por eso entendemos que no están dadas las condiciones”, señaló el Plenario Nacional del sector, que impulsa la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

El senador Alejandro Sánchez explicó a la prensa que, si bien rechazan la última reforma jubilatoria, entienden que el mecanismo de democracia directa en este caso es “inconveniente, porque una ley se cambia con una ley, no con la Constitución de la República”.

Tampoco la Vertiente Artiguista, que apoya al jefe comunal canario, avala el plebiscito, informó La Diaria.

En la misma línea, Convocatoria Seregnista Progresistas, que impulsa al senador Mario Bergara como candidato, manifestó ayer que este mecanismo no es “el más adecuado para resolver los desafíos de una nueva matriz de protección social”.

La alianza -integrada por Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, Magnolia y otros sectores del ala socialdemócrata- reafirmó su “respeto a la independencia de las organizaciones sociales”. Sin embargo, valoró que el Frente Amplio debe “privilegiar el debate integral y en diálogo con toda la ciudadanía” y continuar con la estrategia de que en las elecciones se priorice, a partir del programa, “el debate de dos visiones de país contrapuestas”.

Dentro del FA todavía faltan definiciones. En la noche del domingo, tras la resolución del MPP, el senador comunista Óscar Andrade señaló en Twitter que, si los sindicatos promueven una consulta popular, “no van a estar solos”. Según el legislador, se trata de una “iniciativa compleja, pero justa”.

No obstante, el Partido Comunista -que junto a los socialistas impulsan la candidatura de la intendenta Carolina Cosse- recién fijará una postura este fin de semana, cuan- do ya se sepa qué decidió el Pit-Cnt.

El secretario general comunista, Juan Castillo, consideró que no es oportuno tomar posición hasta que no esté zanjado el debate en la interna sindical. Consultado por El País, valoró que hasta ahora los sectores frenteamplista “se están expidiendo intuitivamente, porque el Pit-Cnt todavía no resolvió”. La decisión se adoptará teniendo en cuenta la postura de las organizaciones sociales, pero también de los “aliados políticos” frenteamplistas.

De todos modos, los principales promotores del plebiscito para revocar la Ley 20.130 son los sindicatos conducidos por la corriente comunista, con Marcelo Abdala, el presidente del Pit-Cnt, a la cabeza.

Por su parte, Pereira también es partidario de esperar el pronunciamiento de la Mesa Representativa. “Para tomar una decisión global, hay que tener mucha más información y paciencia para encontrar una resolución que contemple a todos: que nos permita convivir pese a las diferencias”, indicó a El País.

“He pedido a todos discutir un tema de esta envergadura con paciencia, con los niveles de tiempo que se requieran, con todos los informes que tengamos que poner a disposición de los organismos y, sobre todo, partiendo de la base de que hay un acuerdo general: que la seguridad social tiene que ser transformada en un futuro gobierno del Frente Amplio. Este acuerdo general no se debe perder de vista”, señaló.

Si los sindicatos impulsan la consulta, a su turno, el asunto se trasladará a la Mesa Política.